Los retrasos en las comisarías y en la Seguridad Social, principales trabas de la regularización de migrantes

BarcelonaRecta final del proceso extraordinario de regularización que debe servir para que miles de personas migradas que viven y trabajan en España (en la economía sumergida) consigan el permiso de residencia que les permita poner fin a una vida sin derechos. Después de un convulso inicio hace más de dos meses, en que la desinformación y la falta de medios provocaron largas colas de solicitantes para que les entregaran la documentación necesaria para los trámites, el proceso se cerrará el próximo 30 de junio. Hasta ahora se han presentado más de 900.000 solicitudes, casi el doble de las 500.000 que preveía el gobierno español.

Cuando quedan siete días hábiles para que el gobierno español dé por finalizada esta ventana extraordinaria, los problemas se acumulan por el colapso de la administración a la hora de dar citas para continuar con el proceso. “Estos días que quedan serán un reto para mucha gente a la que no le ha llegado la documentación de origen o no puede pagar las tasas de traducciones juradas”, apunta Mohamed Aït abou Moujane, miembro de la junta directiva de Ecas (la federación de entidades de acción social) y portavoz para cuestiones de inmigración. Por estos y otros problemas, la Mesa del Tercer Sector ha reclamado al ejecutivo de Pedro Sánchez que amplíe el proceso 15 días más, pero hoy por hoy no habrá prórroga. “Mucha gente se quedará fuera del proceso porque no llegará”, insiste.

Este lunes, el delegado del gobierno español en Cataluña, Carlos Prieto, explicará en una rueda de prensa los efectos que ha tenido el plan de choque para agilizar los expedientes de arraigo y otros trámites. En Cataluña, las entidades que han sido habilitadas para asesorar y tramitar la documentación señalan como uno de los grandes problemas que el proceso extraordinario ha contribuido a poner aún más al límite las comisarías de la Policía Nacional, ya de por sí muy saturadas, que tienen demoras para entregar el documento de identidad provisional, el TIE, para los migrantes que ya están regularizados y ya pueden trabajar. A causa de este colapso, muchas personas pagan entre 400 y 500 euros por conseguir una cita a través de abogados o páginas web que hacen negocio con la promesa de conseguir una hora.

Según las entidades, entre las incidencias se encuentran las notificaciones fuera de plazo de 15 días que establece el reglamento de la entrada a trámite de los expedientes. O incluso el hecho de que no se notifiquen. Esto ha provocado que en algunos casos llegue el número de Seguridad Social, que acredita que son aptos para trabajar, pero no la notificación de admisión a trámite. Pero, además, se constata que los empresarios todavía muestran una alta resistencia a contratar a los que ya tienen el aval provisional. “Las entidades debemos ser creativas para el tema de la Seguridad Social y para transmitir seguridad jurídica”, indican.

Los demandantes topan con el muro burocrático de sus propios países de origen. Países como Argelia no están respondiendo a la petición de los certificados penales, o en otros casos se están enviando con mucha demora. Esta documentación es indispensable para la regularización.

Aunque el padrón no es una documentación obligatoria, según el reglamento aprobado por el gobierno español, es una documentación que provoca dolores de cabeza sobre todo entre la población que no tiene un domicilio fijo o vive en un piso donde no pueden empadronarse. Entonces, la resolución de los expedientes se envía a las sedes de las administraciones (servicios sociales, ayuntamientos, etc.) y no siempre llegan a su destinatario.

"Coadyuvar a la cohesión del país"

¿Qué pasará con las personas que no puedan regularizar su situación administrativa? El gobierno español estimaba que alrededor del 20% de las solicitudes acabarían rechazadas, pero también es cierto que se ha quedado corto con los cálculos de 500.000 regularizados, ya que hasta ahora ha habido casi un millón de demandantes, es decir, casi el doble. Sea como sea, el portavoz de Ecas afirma que la negativa no detendrá la lucha por dar derechos, y apunta que el siguiente paso es blindar el modelo de acogida catalán, que ponga el sentimiento de pertenencia y el catalán en el centro. "Hay que acompañarlos, pero esto no quiere decir mantenerlos sino estar a su lado y ofrecerles las oportunidades para que se identifiquen con el catalán y tengan una promoción personal", afirma Aït abou Moujane, que está convencido de que solo así se conseguirá "cohesionar el país desde la pluralidad".