Agredir a un funcionario de prisiones será tan grave como agredir a un policía

BarcelonaEl Parlament ha aprobado una reivindicación histórica de los funcionarios de prisiones y que ganó fuerza después del asesinato de una cocinera en prisión de Mas d'Enric en marzo del 2024. Los votos del PP, Vox, Aliança Catalana y Junts han sacado adelante una propuesta del PSC para que estos trabajadores tengan la condición de agentes del autor. Además de los funcionarios de vigilancia, la medida se extiende también a los directivos de las prisiones y trabajadores penitenciarios de rehabilitación: psicólogos, educadores, juristas y trabajadores sociales.

Con la decisión de este jueves, los trabajadores de las prisiones catalanas pasan a ser los primeros del Estado en conseguir esta condición, que también tienen los agentes de policía. Hasta hace unos meses la Generalitat había justificado que la medida sólo podía tomarla el gobierno español, pero en el primer aniversario del crimen en Mas de Enric el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, se comprometió a dar esta prerrogativa utilizando las competencias que Cataluña tiene delegadas en materia de prisiones.

La propuesta que ha presentado el PSC se ceñía a dar la condición de agentes de la autoridad a los funcionarios de régimen interior, pero a raíz de una enmienda de Junts se ha extendido también a los funcionarios de rehabilitación. En cambio, no ha prosperado la enmienda de Vox que quería sumar al personal laboral (como por ejemplo los cocineros) ni la del PP, que quería añadir "todos los cuerpos de los servicios penitenciarios".

A efectos prácticos, el hecho de que los trabajadores adquieran la condición de agentes de la autoridad implicará que se les dé presunción de veracidad en los datos que hagan constar en sus informes en procedimientos administrativos, por ejemplo sobre alguna incidencia en el centro. Los agentes de la autoridad son también los únicos contra los que se puede cometer un delito de atentado contra la autoridad, que incluye tanto agresiones como intimidaciones o bien oponer "resistencia grave" a los funcionarios. Este delito puede comportar hasta cuatro años de prisión. Además, la norma aprobada este jueves también recoge la obligación de la Generalitat de indemnizar a estos trabajadores por las lesiones o daños que sufran en el trabajo si no reciben antes una compensación por otras vías, como por ejemplo una compañía aseguradora.

Las organizaciones de derechos humanos integradas en la Red Derecho y Prisión han manifestado su "rechazo frontal" a la aprobación este jueves, por parte del Parlament, de la equiparación del personal penitenciario con agentes de la autoridad. Lo consideran una medida "claramente regresiva" y que "encamina de forma definitiva el modelo penitenciario catalán hacia la policialización", como dicen que ha ocurrido en Italia. Lo consideran una "grave regresión en derechos". En cambio, sindicatos y plataformas de funcionarios penitenciarios han celebrado la aprobación, que llevaban tiempo reclamando para tener más protección jurídica frente a las agresiones.

Juntos, PP, Vox y Aliança votan con el PSC

El PSC ha recibido el apoyo de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana para convertir a los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad, con el rechazo del resto de fuerzas de izquierdas. La iniciativa, tramitada por el procedimiento de lectura única, nació a raíz del asesinato de Núria López, cocinera en prisión de Mas de Enric, a manos de un interno. El PSC, que es quien ha llevado al pleno la propuesta, ha defendido la medida al considerar que era "necesaria, responsable y ajustada al derecho para reforzar el modelo penitenciario". "Esta ley no va de castigos, sino de seguridad jurídica para los funcionarios", ha añadido la diputada socialista Judit Alcalá, del PSC.

Francesc Dalmases, de Junts, ha señalado que "las cárceles deben ser espacios seguros" y dotar de autoridad a los funcionarios "no es ningún regalo", sino que los convierte en "garantes de derechos" para mejorar el modelo penitenciario. "Queremos mejores escuelas y hospitales, pero también mejores prisiones y que los funcionarios tengan mejores condiciones", concluyó.

Sergio Macián, de Vox, ha denunciado que las izquierdas quieren "convertir las cárceles en esplais" y ha replicado a la CUP que los derechos humanos deben ser por los funcionarios de prisiones que han sido agredidos por los presos para defender la medida. Alberto Villagrasa, de las filas populares, ha defendido la medida para que "los funcionarios trabajen en un entorno más seguro", pese a defender, como Vox, que se aplique a todo el personal laboral, que el PSC ha rechazado.

Aliança Catalana también ha secundado la propuesta. La diputada Sílvia Orriols, ha dicho que "no quieren dar más bienestar a ladrones y violadores sino mejorar las condiciones laborales de quienes custodian a estos malhechores". "Solo se quiere dar privilegio a los internos cuando las agresiones a funcionarios no dejan de crecer", criticó en referencia al rechazo de los partidos de izquierdas.

Las izquierdas, que habían presentado una enmienda a la totalidad que ha sido rechazada, se han mostrado muy críticas con el alineamiento del PSC con las fuerzas de derechas. ERC ha vuelto a defender el voto en contra al considerar que no es la solución convertir a los funcionarios de prisiones en agentes de la autoridad. "Esto generará más problemas que soluciones", ha dicho Anna Balsera. Desde los Comunes, Andrés García, ha afirmado que es "una reforma contra el cuerpo de los funcionarios" y que "puede tener consecuencias negativas en los centros penitenciarios porque existen muchos más riesgos que beneficios". Xavi Pellicer, de la CUP, ha dejado claro que la medida generará "más impunidad que sólo responde a presiones corporativistas".