"Un 30% de mis clientes han intentado suicidarse o se lo han planteado"

BarcelonaLos abogados de oficio hacen cada vez más atenciones, pero la precariedad hace que cada vez menos profesionales estén dispuestos a participar en este servicio. Al conjunto de Cataluña la fuga se ha reducido a la mitad, coincidiendo con un acuerdo para mejorar las retribuciones, pero los datos no han mejorado en la demarcación de Barcelona, donde el Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) alerta que la pérdida de profesionales es de un 20% en la última década. Xavier Batlle y Núria Astorgas son dos de los profesionales que no han querido abandonar esta tarea. A pesar de tener el mismo trabajo, son abogados de oficio de dos especialidades totalmente diferentes: menores, que en el último semestre ha aumentado un 10% su actividad en Barcelona, y segunda oportunidad, un mecanismo que permite cancelar las deudas a los deudores de buena fe y que ha crecido un 23% en el último medio año.

Xavier Batlle

"Nunca piensas que la persona que avalas dejará de pagar, pero pasa"

Xavier Batlle está acostumbrado a encontrarse con la incredulidad de las personas a las que asesora, incluso cuando el procedimiento ha terminado y ya no tienen deudas pendientes. Explica que la gente llega a él cuando ya lo ha intentado todo, y lamenta que la ley de la segunda oportunidad todavía es poco conocida. El perfil más frecuente es el de una familia "que en un momento puntual pide un préstamo de 15.000 o 20.000 euros para hacer frente al pago de un coche o a la universidad de un hijo, por ejemplo", con intención de afrontarlo, pero en algún momento no puede asumirlo.

"Si dejan de pagar una cuota, empiezan unas llamadas muy bestias, y van al banco y les dicen «No os preocupéis, coged 5.000 euros más, y así iréis más tranquilos y podréis hacer frente a una cuota de 100 euros más, no es tanto»", hasta que la situación se acaba haciendo insostenible y van acumulando las deudas. "Cuando les empiezan a embargar ven que tienen que hacer algo. Si te despiertas contando que tienes 600 euros en el banco y hay cero, reaccionas", explica Batlle. Todo ello, con un impacto grave en la salud mental: "Un 30% de mis clientes se han intentado suicidar o se lo han planteado mucho", lamenta.

Otro perfil que Batlle recibe a menudo en el despacho es el de personas que perdieron la vivienda entre los años 2010 y 2015 por ejecuciones hipotecarias. "De entrada, cuando te quitan el piso, te cargan las costas. Las costas de un piso de 300.000 euros pueden ser unos 50.000 euros. Si vendes la vivienda por un 70% del valor, estamos hablando de que hay 50.000 o 60.000 euros de deuda remanente, más las costas. Te has quedado sin casa y con una deuda de 100.000 euros. Una familia normal no se puede rehacer de algo así".

Batlle asegura que este es "un caso muy típico", y valora que debería haber impulsado la creación de la ley de la segunda oportunidad, que finalmente se aplicó en 2022 por orden de una directiva europea. Para acogerse a este mecanismo, los afectados deben demostrar que son insolventes de buena fe –que se han visto sobrepasados económicamente sin que detrás haya una conducta delictiva–, y pueden quedar exonerados de todas las deudas privadas, mientras que las públicas están limitadas. "Todavía hay familias que lo arrastran después de diez o quince años de haber perdido la casa y verse endeudadas", asegura. De hecho, el mismo día que habla con el ARA está preparando el procedimiento de una familia en la que un hombre, la hermana y el marido de ella quedaron afectados. "Antes se avalaba con los ojos cerrados. Nunca piensas que la persona que avalas dejará de pagar, pero pasa", advierte.

Nuria Astorgas

"Lo peor que puedes hacer si detienen a tu hijo es decir que no ha hecho nada delante de ellos"

Núria Astorgas dice que, como abogada de menores, muchas veces es más complicado el trato con los padres que con los arrestados. Además de asesorar a los detenidos, debe informar a los familiares o tutores que representan a los menores. Ahora bien, también aclara que debe respetar al detenido, que en este caso es menor, y guardar el secreto profesional que le pida. Por la jurisdicción de menores pasan adolescentes de entre 14 y 17 años, porque los más pequeños son inimputables. Aunque a veces se encuentra con "una negación absoluta", debe interrogarles para aclarar los hechos y preparar una defensa.

Explica que, cuando los menores son detenidos por primera vez, los padres están muy nerviosos y normalmente no saben cómo funciona el procedimiento. "Muchos tienen un sentimiento de frustración o se creen que han fallado", admite. Asegura que en la mayoría impera la preocupación, pero también se ha encontrado padres que negaban de plano que su hijo pudiera haber delinquido. Recuerda un caso en el que tuvo que enseñar a un hombre las imágenes de las cámaras de seguridad que habían grabado cómo su hijo empujaba a un chico a las vías del metro, porque no se creía que hubiera hecho nada. "Lo peor que puedes hacer si detienen a tu hijo es decir que no ha hecho nada delante de él", asegura.

Al otro extremo están los padres de adolescentes que han sido detenidos más de una vez. La mayoría de casos que atiende son robos con violencia, sobre todo de móviles, y también agresiones sexuales, muchas veces acompañadas de un delito de revelación de secretos. "Muchos adolescentes no saben que reenviar fotos sexuales es delito", asegura.

Astorgas está colegiada desde 1991, y de estos 35 años el caso que más recuerda es el de un adolescente que estuvo acusado de asesinar a su vecina, una mujer de unos 90 años a la que mataron en su casa golpeándola con una figura de decoración. Recuerda que tanto ella como la familia de la víctima reclamaron que se investigara a otro vecino del edificio que nunca estuvo procesado, y al cabo de unos meses el caso se acabó archivando y el menor quedó absuelto.