La ruta ilegal de más de 700 toneladas de residuos tóxicos del Vallès
Tres empresas y siete personas irán a juicio por tirar restos de metales directamente sobre la tierra o haciéndolos pasar por residuos no peligrosos
BarcelonaLas ilegalidades en la gestión de residuos no siempre comportan un tráfico a escala internacional como el que se destapó la semana pasada procedente de Francia. A menudo el recorrido es mucho más corto y a los infractores no les hace falta ni siquiera cambiar de comarca para conseguir beneficios económicos a costa de poner en riesgo el medio ambiente y la salud humana. Es el caso del entramado que operaba entre dos empresas de Badia del Vallès, un vertedero a treinta kilómetros de distancia y unos terrenos de Cerdanyola del Vallès, ahora propiedad del Consorcio del Parc de l'Alba. Los acusados esperan juicio.
Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso el ARA, los implicados hacían dinero revendiendo metales como el cobre que extraían de motores y aparatos eléctricos, y después, presuntamente, se deshacían de los restos haciéndolos pasar por residuos no peligrosos, o directamente vertiendo los materiales tóxicos sobre la tierra. Siete personas y tres empresas están a la espera de juicio por este caso, acusadas de un delito contra el medio ambiente por verter ilegalmente más de 700 toneladas de residuos. En el juicio, aún sin fecha, los acusados se expondrán a condenas de siete años de prisión. En cambio, para las dos empresas, la Fiscalía pide cinco años de prohibición de actividades relacionadas con la gestión de los residuos y una multa de 216.000 euros cada una.
El caso se destapó el 11 de febrero de 2019 cuando pillaron a un camionero que acababa de verter grandes cantidades de residuos en unos terrenos de Cerdanyola. Aquel punto había acogido una fábrica de materiales cerámicos, que en 2008 había sido expropiada por el Consorcio del Alba. La empresa, sin embargo, tenía permiso para continuar allí hasta que el Consorcio ocupase definitivamente el espacio. El momento llegó más de una década después, y durante la deconstrucción de la antigua fábrica todos los vertidos de tóxicos quedaron al descubierto. El camionero, que no será juzgado, trabajaba por orden del responsable de una empresa de ferrovelleros de Badia del Vallès y con el visto bueno del jefe de la empresa de cerámica que se estaba desmantelando.
Al mismo trabajador lo volvieron a pillar un mes después, de madrugada, cuando rompió el acceso a la zona para depositar más residuos. De nuevo, lanzaba restos que provenían de una fragmentadora de metales de Badia del Vallès. Según explica la fiscal en el escrito de acusación, depositar estos residuos en un lugar abierto y no preparado para la gestión de residuos peligrosos es mucho más económico que hacerlo correctamente, pero implicó perder el control sobre los elementos contaminantes que contenían, hecho que causó un riesgo grave para los sistemas naturales y las personas.
Los análisis de los restos vertidos en la zona encontraron elementos tóxicos como antimonio, un metal tóxico que se usa en la fabricación de baterías. La investigación ha documentado que, en menos de dos meses, entre finales de enero y mediados de marzo de 2019, se hicieron al menos 38 desplazamientos de camiones que vertieron 604,12 toneladas en estos terrenos.
150 toneladas más en Can Mata
El origen de estos restos se ha situado en Badia del Vallès, concretamente en dos empresas de chatarreros que, aunque formalmente son dos, en la práctica actuaban como si fueran una. Los vínculos también eran familiares: los administradores de una son hijos del responsable de la otra. Según la acusación pública, una de estas empresas no tenía licencia y la otra la tenía para dedicarse a la chatarra, pero el Ayuntamiento le había denegado el permiso para dedicarse también a la recuperación de metales de vehículos desguazados. A pesar de ello, los acusados presuntamente pusieron en marcha, sin licencia, una fragmentadora y una separadora de metales, y a partir de entonces se dedicaron a recoger motores y aparatos eléctricos para extraerles los metales de valor que podían revender.
El proceso de fragmentar estos metales para revenderlos producía una gran cantidad de residuos peligrosos, principalmente porque contenían policloruros de bifenilo, un compuesto químico muy utilizado en equipos eléctricos. Estos restos no les eran útiles para revenderlos, y deshacerse de ellos adecuadamente habría sido mucho más caro que tirarlos como si fueran residuos comunes. Según la Fiscalía, por este motivo ocultaron la categoría de estos residuos y los entregaron al vertedero de Can Mata en la Anoia.
La investigación que recoge la fiscal ha documentado al menos ocho viajes entre enero de 2018 y julio de 2019 en los que se vertieron, en Can Mata, 152,76 toneladas de residuos que provenían de la fragmentación de motores y baterías eléctricas en Badia del Vallès. Todo ello bajo la etiqueta de residuos no peligrosos. Para fingir esta categoría, los acusados entregaban una analítica de los residuos en la que no incluían los "parámetros críticos" que habrían desvelado el riesgo. En este caso el engaño se desmontó durante una inspección que pidió la empresa gestora del vertedero. Las muestras que se tomaron en la fragmentadora detectaron niveles críticos de diversos elementos peligrosos.