Medio Ambiente

Más allá de San Esteban: los otros pueblos donde se abocan toneladas de basura ilegal de Francia

La investigación del caso Franger continúa abierta y el volumen de residuos ilegales podría ser muy superior a las 46.000 toneladas

Una agente de la Guardia Civil durante un registro por los vertidos ilegales
14/07/2026
4 min

BarcelonaLa cifra de 46.000 toneladas de basura procedentes de Francia vertidas de manera ilegal en Cataluña que trascendió este lunes podría acabar siendo anecdótica al lado del número total de kilos de escombros que se puede destapar cuando acabe la investigación, según explican fuentes cercanas al caso. Los vertidos del llamado caso Franger que hasta ahora ha explicado la Guardia Civil afectaron principalmente el municipio de Sant Esteve Sesrovires, en el Baix Llobregat. Ahora bien, fuentes cercanas a la investigación consultadas por el ARA añaden a la lista provisional de municipios afectados Rubí (Vallès Occidental), Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) y Pujalt (Anoia).

La investigación continúa abierta y el secretismo a su alrededor ha hecho que incluso los municipios afectados no tengan constancia oficial de los hechos: "Hemos intentado averiguar alguna cosa, y al final todo el mundo nos remite al hecho de que está en investigación. Cuando tengamos información podremos decidir, ahora no sabemos qué hacer", dice en conversación con el ARA el alcalde de Pujalt, Pere Masana.

"Es inverosímil", dice Masana. Asegura que hasta que la investigación de la Guardia Civil, Europol y la Gendarmería francesa salió a la luz no tenían constancia de esta red dedicada al tráfico ilegal de residuos que también afecta al municipio que gobierna. Anticipa que el Ayuntamiento pedirá personarse como acusación particular en la causa, y explica que están a la espera de conocer los detalles de la afectación para poder retirar los materiales que sea necesario.

El vertedero de Pujalt está a unos 200 metros del núcleo urbano de la Guàrdia Pilosa, donde una asociación ha denunciado lo que consideran una "ampliación desmesurada" del vertedero, que piden cerrar definitivamente.De hecho, hace unos tres meses que está parado a raíz de la denuncia de esta asociación por haber hecho "modificaciones sustanciales" sin cambiar la licencia como correspondería, explica Francesc Rossell, miembro de Salvem la Guàrdia Pilosa.Rossell recuerda que en 2025 los propietarios de este vertedero y otros de Cataluña fueron detenidos a raíz de una investigación de la Guardia Civil por tráfico ilegal de residuos, en aquella ocasión procedentes de Italia, que se tiraron a los vertederos en el año 2021.

Un año después de esto,en 2022, comenzaba la investigación que ahora ocupa a la Guardia Civil y la policía francesa. La investigación alcanzó su punto álgido horas antes de la verbena de San Juan de este año. El 23 de junio más de un centenar de agentes se desplegaron por el sureste de Francia y por Cataluña, incluyendo unidades especializadas en protección de la naturaleza, investigación criminal, fiscalidad, fronteras y seguridad ciudadana. Los registros continuaron al día siguiente.

En la demarcación de Barcelona se realizaron tres registros en domicilios y empresas de Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei y Sant Esteve Sesrovires, y otro en un domicilio de la demarcación de Girona. El ARA ha contactado con la empresa de Molins de Rei donde la Guardia Civil realizó un registro el 23 de junio. Una trabajadora explica que desde el primer momento se dieron cuenta de que no se trataba de una inspección rutinaria, porque el número de agentes que se desplazaron era excepcional. Añade que no les dieron ninguna explicación sobre el motivo del registro, solo les mostraban "un papel diciendo que está bajo secreto de sumario y que no podían decir nada".

Como en algunos de los municipios afectados, en esta empresa todavía hoy no conocen ningún detalle del caso. Ninguno de los trabajadores ni responsables fueron arrestados, y la empresa tampoco ha recibido ninguna sanción. La misma trabajadora con la que ha contactado el ARA asegura que el propietario, un hombre de 39 años, continúa trabajando con normalidad aunque ha notado "que le han cancelado algunos pedidos".

Como en Pujalt y como en esta empresa de Molins de Rei, tampoco tenían noticia de la investigación en Riba-roja d'Ebre, otro municipio afectado sin saberlo por esta red internacional. El alcalde, Miquel Cervelló, descarta que haya habido vertidos fraudulentos en el municipio, y asegura que el vertedero "está al aire libre y se ve lo que descargan los camiones".

Denuncia de Sant Esteve Sesrovires

En cambio, el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires ya se pronunció el lunes en un comunicado y este martes también lo ha hecho la alcaldesa, Roser Brosed, con un vídeo que ha difundido en las redes sociales. Según Brosed, el consistorio "hace bastantes meses" que detectó vertidos incontrolados o sin permiso en dos parcelas. Por todo ello se abrieron dos actuaciones que acabaron con una sanción de más de 800.000 euros. El Ayuntamiento también pidió que se restableciera el estado de los terrenos y denunció el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente y a los juzgados de Martorell. Tal como explica Brosed, "hace pocas semanas" en una inspección junto con la Guardia Civil se detectó que en las mismas parcelas también se habían vertido residuos sin licencia para hacerlo. Ahora el consistorio trabaja para retirar los contaminantes y pedirá personarse como acusación particular.

La investigación del caso Franger se remonta al año 2022. La Guardia Civil hizo inspecciones en una planta de residuos que realizaba vertidos en suelos agrícolas con materiales procedentes de áreas contaminadas de grandes obras de Barcelona. Más adelante detectaron la llegada de residuos desde Francia. La investigación ha dejado al descubierto una organización que utilizaba documentación falsa para hacer llegar a España residuos municipales e industriales procedentes de Francia para enterrarlos y deshacerse de ellos sin ningún tipo de precaución. Los cuatro arrestados son dos hombres de 39 y 70 años, de nacionalidad española y francesa, y dos mujeres de 62 y 66 años, de nacionalidad española e italiana.

Fuentes de la Agencia de Residuos de Cataluña han recordado que están colaborando con los cuerpos de seguridad que trabajan en el caso, y alegan que con la investigación abierta no pueden aportar más detalles del caso.

stats