Vergés y Argimon, en el banquillo de los acusados: comienza el juicio por la vacunación contra la covid
La Fiscalía pide inhabilitar a los exresponsables de Salud y los sindicatos policiales reclaman tres años de prisión por "discriminar" a la Policía Nacional y la Guardia Civil
BarcelonaEste martes comienza el juicio a los exresponsables del departamento de Salud por "discriminar" a los policías y guardias civiles en la campaña de vacunación contra la covid. Tanto la Fiscalía como los sindicatos policiales Jupol y Jucil acusan a quienes entonces lideraban la consejería de haber "paralizado" la vacunación a estos agentes y no priorizarles por delante de la población general, como sí hicieron con otros cuerpos de emergencias. Entre las cifras que aportan las acusaciones está el ritmo de vacunación a los agentes: en el momento en que la tasa de vacunación era del 2,8% entre guardias civiles y del 3,6% entre policías nacionales, entre los mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona llegaba al 77%.
En el banquillo de los acusados de la Audiencia de Barcelona se sentarán la entonces consejera de Salud, Alba Vergés, el entonces director general del Institut Català de Salut (ICS), Josep Maria Argimon, que después fue secretario de salud pública y consejero de Salud. A ambos la Fiscalía les atribuye un presunto delito de prevaricación y reclama una condena de 12 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, aunque ahora mismo ninguno de los dos mantiene ningún cargo en el Govern. En cambio, los sindicatos policiales elevan la petición de condena a tres años de prisión y 15 de inhabilitación, y además de prevaricación les acusan también de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Se exponen a las mismas peticiones el exsecretario general de Salud Marc Ramentol y el exdirector del CatSalut Adrià Comella, que ahora es director gerente en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Los acusados no declararán hasta el último tramo del juicio, desde el viernes 10 hasta el miércoles 15 de julio. De hecho, la jornada de este martes se ha reservado únicamente para el trámite técnico de cuestiones previas. El miércoles declararán mandos policiales y el resto de testigos lo harán los días 6 y 7. Por la sala pasarán la exsecretaria de Salut Pública Carmen Cabezas –que estuvo investigada al principio de la instrucción–, la entonces directiva del área profesional del CatSalut Sara Manjón y también la exdelegada del gobierno español Teresa Cunillera.
"Eran conscientes"
Las acusaciones se centran en las decisiones de la cúpula de Salud alrededor del mes de febrero del 2021. El día 9 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud decidió priorizar la vacunación con AstraZeneca de los colectivos con funciones especiales, como los policías. Tres días después la consejería empezó a vacunar a estos colectivos respetando la restricción de edad que había en aquel momento para esta vacuna, que solo se administraba a personas entre 18 y 55 años. El 15 de marzo el Consejo Interterritorial decidió paralizar todas las vacunaciones con AstraZeneca porque se habían detectado casos de trombosis, pero una semana después volvió a autorizar esta vacuna, y ahora sin limitaciones de edad. De hecho, decidieron priorizar la población de entre 60 y 65 años.
Según las acusaciones, los responsables de Salud optaron por priorizar esta franja de edad en detrimento de los policías a pesar de que entre los guardias civiles y policías nacionales había una tasa de vacunación mucho más baja que entre los Mossos y la Guardia Urbana. Tal como lo describe el fiscal en el escrito de acusación, los procesados eran "plenamente conscientes de que con esta decisión se estaba, de hecho, discriminando a los policías de los cuerpos estatales".
Durante la investigación del caso la defensa de Argimon y Carmen Cabezas ha aportado al juzgado mensajes que señalan que Vergés habría ordenado no priorizar a los agentes en la vacunación. Entre otras pruebas que se debatirán en el juicio, está el mensaje de una asesora de Vergés que decía: "Otra vez, la consejera pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podemos argumentarlo. Deberíamos pararlo".
Antes de esta causa penal que ahora llega a juicio, la vacunación de los policías contra la covid fue protagonista de un litigio civil en el que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a la Generalitat por discriminar a los agentes de policía nacional y a los guardias civiles y obligó a que los vacunara en un plazo de 10 días.
