Las víctimas del 17-A, pendientes de la comisión en el Congreso para reintentar la vía judicial

BarcelonaOcho años después de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, las víctimas mantienen el objetivo de que una investigación judicial aclare todo lo que rodea al 17-A. La sentencia de la Audiencia Nacional, que se centró sólo en la explosión en Alcanar el día anterior, obvió la posible relación entre el CNI y el imán de Ripoll, Abdelbaki se-Satty. Sin embargo, en el último año la comisión de investigación en el Congreso sobre el 17-A ha desvelado documentos que revelan que el CNI había intentado captar a Es-Satty. En esta misma comisión, uno de los tres condenados por los atentados, Mohamed Houli, acusó abiertamente al CNI de conocer "las intenciones del imán".

"Seguiremos sacando adelante el tema judicial desde la Asociación", asegura Javier Martínez, padre de una de las víctimas mortales en la Rambla: Xavi. Martínez se ha dedicado en estos ocho años al activismo por los derechos de las víctimas. En mayo se constituyó la Asociación 17-A: Queremos Saber la Verdad, que Javier Martínez preside, y que canaliza una labor que él lleva a cabo desde 2017. Con el asesoramiento de los abogados Agustí Carles y Jaume Alonso-Cuevillas, la familia Martínez ha recurrido hasta el final la sentencia del 17-A. El último movimiento ha sido la negativa del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su petición de reabrir la investigación.

Con todo esto, el horizonte de la asociación es pedir al TEDH una reconsideración, lo que haría intervenir a tres magistrados y no sólo a uno, como hasta ahora. "Lo haremos cuando acabe la comisión y tengamos las conclusiones, teniendo en cuenta las novedades que ha habido. En septiembre hablábamos de un imán que nada tenía que ver con el CNI, y en la comisión ha quedado claro que sí", explica el abogado Agustí Carles.

Otra opción, que también se reservan para cuando la comisión haya terminado, es la de reclamar que otro país investigue los atentados. Sería, explica Carlos, a través de la figura de la jurisdicción universal, que permite que un estado juzgue un delito cometido en otro país, si ahí no se ha investigado. A la espera de las conclusiones de la comisión de investigación en el Congreso, la asociación ha iniciado los contactos con extranjeros que son víctimas o familiares de víctimas de los atentados –en la Rambla, la mayoría eran turistas– y en estos momentos ven más opciones de prosperar es en Francia.