El Congreso aprueba definitivamente la ley de residuos y sentencia el canon catalán

MadridLuz verde definitiva a la nueva ley de residuos estatal. El Congreso ha dado el sí definitivo a la nueva normativa medioambiental que ha impulsado el Gobierno español y que tendría que entrar en vigor en 2023. El proyecto de ley prevé, entre otras cosas, armonizar el impuesto a los residuos para todo el Estado y esto, para Catalunya, supone que el canon propio que hacía casi veinte años que estaba en vigor quede sentenciado. La normativa hacía semanas que estaba encallada en el Senado hasta que la semana pasada llegó al pleno de la cámara alta, donde se acabó incorporando una enmienda de Junts que dejaba la puerta abierta a que la Generalitat pudiera recuperar la gestión de este impuesto.

A pesar de que la enmienda ha salido adelante en el Congreso, tanto Junts como ERC han votado en contra del conjunto de la normativa. Consideran que el texto no garantiza que, una vez entre en vigor la normativa estatal, Catalunya pueda mantener el impuesto propio. De hecho, fuentes del ministerio de Hacienda avisan de que no pueden convivir dos impuestos iguales (uno estatal y el otro autonómico) y que, en este caso, prevalecería la normativa estatal. Para que prevaleciera el impuesto autonómico, el Gobierno español alegaba que se tenía que modificar la ley de financiación de comunidades autónomas (Lofca). Además, esta es una ley orgánica y, por lo tanto, tendría que tener la mayoría absoluta de la cámara baja española para poder ser modificada.

La enmienda establecía que las comunidades autónomas que ya tuvieran un canon de residuos propio podrían mantener "la gestión, liquidación, recaudación e inspección hasta que se establezcan los acuerdos necesarios". Esto, para los dos grupos independentistas, no es suficientes porque la Generalitat perdería igualmente la "capacidad normativa" y además, según fuentes de estos dos grupos, sería el ministerio de Hacienda el que acabaría recaudando este impuesto. En cambio, hay voces próximas a Unidas Podemos que interpretan que con esta enmienda, el impuesto catalán queda blindado porque quiere decir que, hasta que la Generalitat no negocie cómo traspasa la gestión del tributo al Estado, mantiene la gestión completa.

"El tributo catalán pasa a ser de la Agencia Tributaria Española, 120 millones que recaudaremos para Hacienda a la espera de recuperar este dinero a través de los presupuestos y de un mecanismo que tiene que compensar un diferencial que puede llegar a 40 millones de euros entre lo que cobraba Catalunya y lo que cobrará Hacienda", ha lamentado la diputada de Junts Pilar Calvo. De hecho, el ministerio de Hacienda ve con buenos ojos la compensación. El Estado se comprometería a abonar a la Generalitat el dinero que dejaría de recaudar en caso de que el tipo impositivo estatal fuera más pequeño que el que tenía Catalunya. Ha insistido después el diputado de ERC Xavier Eritja, que ha considerado "insuficiente" la enmienda aprobada. "No renunciamos al hecho de que Catalunya pueda tener la capacidad normativa plena", ha asegurado, para después añadir: "Reclamaremos al Gobierno [español] que haga las modificaciones para recuperarlo".