El gobierno español y el andaluz acuerdan cerrar los regadíos ilegales en Doñana

Madrid"Ya no recuerdo nada de las polémicas anteriores. El pasado es pasado". Con estas palabras el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno, ha dado por superado el conflicto con el gobierno español por el Parque Nacional de Doñana (Huelva). Moreno y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, firmaron este lunes un "acuerdo histórico" que pone punto y final a casi dos años de tensión entre administraciones. "Se retira definitivamente la proposición de ley", ha afirmado Moreno, quien ha reivindicado que el pacto logrado aporta "una mejor solución". Esta norma que ahora decaerá, impulsada por el PP de la mano con Vox, es el motivo de la confrontación. Planteaba legalizar 1.500 hectáreas irregulares de regadío en Doñana pese a la situación crítica del parque.

La reconversión de hectáreas de secano a zonas agrícolas de regadío generó el rechazo no sólo del ejecutivo de Pedro Sánchez, quien había advertido de que acudiría al Tribunal Constitucional para detenerlo, sino también de científicos y de la Comisión Europea , que amenazó con imponer multas si la ley autonómica salía adelante. La solución pactada para aliviar la sobreexplotación del acuífero es fomentar la reconversión de terrenos agrícolas. Los agricultores que abandonen sus cultivos recibirán 100.000 euros por hectárea. De éstos, 70.000 euros los abonará el gobierno español durante diez años, a cambio de que durante al menos tres décadas dejen de cultivar los terrenos y los renaturalicen o reforesten. 20.000 euros les aportará la Junta de Andalucía y 10.000 la Diputación de Huelva. Quien no quiera dejar de cultivar podrá optar por pasar a agricultura de secano o ecológica y recibirá cantidades menores.

Para Moreno, aceptar esta fórmula es lo más "inteligente" que pueden hacer los vecinos afectados. "Es un buen acuerdo", defendió, argumentando que la posibilidad de acogerse va más allá de los cinco municipios incluidos en la proposición de ley. El acuerdo implica a los 14 municipios del área de influencia de Doñana. "Todo el mundo gana", ha insistido, porque se "blinda una joya natural" al tiempo que se "concilia esta protección con el desarrollo económico y social de la comarca". "Demuestra que el diálogo funciona", ha insistido en rueda de prensa.

Ribera ha remarcado que en el plan se puede acoger a cualquier persona, incluso aquellas que tienen expedientes abiertos para hacer pozos ilegales, pero ha advertido que no supone una "amnistía". "No se suspenden los expedientes. La legalidad del agua no está en duda. Es obligatorio cumplir todas las normas", apuntó. La vicepresidenta también celebró el acuerdo, que llega casi dos meses después de que se iniciaran las conversaciones y el PP paralizara la votación final de la proposición de ley en el Parlamento andaluz y se logra en un momento en el que "pactar parece revolucionario".

Más allá de las ayudas a los agricultores para abandonar los regadíos, el acuerdo alcanzado prevé una inversión total de más de 1.400 millones de euros hasta 2027 para los 14 municipios incluidos en el plan. De éstos, 700 millones les aportará la Junta de Andalucía en actuaciones como obras hidráulicas de depuración, abastecimiento y embalses, con 335 millones; ayudas a agricultura y ganadería, con 251 millones; o para el sector pesquero, con 23,5 millones. El gobierno español aportará 350 millones que se suman a 356 invertidos en actuaciones medioambientales.