Gobierno o propietarios: ¿quién está obligado a hacer el mantenimiento de los bosques?

BarcelonaCataluña tiene ahora el doble de bosques que tenía en los años 50 –la superficie forestal ha pasado del 35% del territorio a casi el 65%– y los incendios de las últimas semanas —el último este viernes en Collserola— y un giro de guion legislativo han reabierto con fuerza un debate que ya existía en el sector: ¿sobre quién debe recaer la responsabilidad –y a nombre de quién debe ir la factura– de hacer el mantenimiento? Actualmente, solo el 30% de los bosques son gestionados, es decir que se trabaja activamente haciendo talas, limpiezas del sotobosque o nuevas plantaciones. En este contexto, un pequeño cambio en un discreto artículo ha revolucionado el sector. Tal como explicó el ARA, hace unos meses, el decreto ley 21/2025, que obligaba a los propietarios a mantener los terrenos en condiciones y capacitaba a la administración para hacerlo de forma onerosa –es decir, pasando la factura al propietario–, mutó durante la tramitación parlamentaria y pasó de "obligar" a simplemente reclamar "colaboración". Una petición directa del sector forestal.

Rosendo Castelló, presidente de la asociación de propietarios Consorci Forestal de Catalunya, estuvo en las reuniones. "Fueron unas negociaciones con Agricultura y con los partidos que fueron rápidas", dice. "Les hicimos notar que aquello no podía ser y enseguida estuvieron de acuerdo en modificarlo", explica. Aunque en algunos sectores se llegó a hablar de guerra soterrada, las partes lo niegan. El director general de Boscos de la Generalitat, Jaume Minguell, asegura que hay "buena entente" y que el cambio respondía a una necesidad de precisión jurídica. "Interpretamos de entrada que la normativa estatal establece de fondo que existe esta obligación [de gestión por parte del propietario], pero la propiedad entendió que la posibilidad de la ejecución gratuita no compensaba", detalla Minguell.

Castelló entra directo en la discusión y lo aterriza: "Si tú tienes un bien que cuesta, supongamos, 200 euros, no puedes pedir por ley que el propietario se gaste el doble para mantenerlo", argumenta. El representante de los privados hace referencia al coste de la tierra en relación con el coste de gestionarla. En Cataluña hay más bosque que nunca por el éxodo del mundo rural hacia las ciudades. La masa forestal ha crecido bastante descontroladamente. También tenemos un clima más extremo que nunca. Y se suma que el 76% de los bosques tienen dueños privados: solo el 24% están en manos de diferentes administraciones públicas. A estas alturas, una hectárea forestal cuesta entre 1.300 y 1.500 euros de media, mientras que las tareas necesarias para hacer la limpieza del bosque se elevan a 3.000 euros por hectárea. Más del 90% de estos terrenos, además, tampoco están explotados económicamente, es decir que el propietario no gana nada.

Algunos sectores de la CUP y los comunes, sin embargo, calificaron el cambio de un "regalo público a las grandes explotaciones" y advirtieron que se socializaban los gastos mientras las ganancias quedaban en manos privadas. El doctor en derecho (y propietario) Jordi Salbanyà, autor de una tesis sobre el deber de conservación, responde contundente: "¡No es verdad que los beneficios de un bosque sean privados! Del bosque todo el mundo hace uso, para pasear, para buscar setas, porque ayuda a reducir las emisiones de CO₂, ayuda los recursos hídricos... –argumenta–. Solo los cuatro que hacen aprovechamiento forestal sacan dinero de un bosque". "En los parques públicos, por ejemplo, te hacen pagar por aparcar el coche. A los privados, ¡pobre de ti que pongas una cadena! A mí me la arrancaron y la había puesto, precisamente, porque habíamos hecho gestión, el bosque estaba tierno y si llega a caer una rama y hiere a alguien al propietario le cae el pelo", expone.

Salbanyà va todavía más allá y recuerda que la ley prevé que las externalidades, que benefician a todo el mundo, como el disfrute de la naturaleza o la mejora del aire y los recursos hídricos, se deben retribuir. "Y no lo hacen", asegura, mientras apunta que el valor de estos beneficios se estima en unos 941 euros por hectárea. El catedrático de ingeniería forestal en la Universitat de Lleida Víctor Resco está de acuerdo, pero con matices. Considera que los responsables finales de la gestión sí que "deberían ser los propietarios", pero acepta que, a cambio, habría que "poner en una balanza" los elementos que mencionan Salbanyà y Castelló. "De manera sistemática, desde las ciudades, los pixapins estamos gorreando a los propietarios forestales. Lo hacemos cada fin de semana, cuando salimos al bosque", dice bromeando. Un ejemplo que utiliza para evidenciar que el debate es "complejo" y tiene muchas aristas. Ahora bien, considera incontestable que los propietarios, como mínimo, deben colaborar y poner todas las facilidades posibles si es necesario hacer una actuación.

Este experto también señala que el debate se atasca porque la misma administración no tiene claro el plan de ruta. "Hay intereses contrapuestos entre los técnicos de Agricultura y los de Medio Ambiente. Hay conflictos entre los que miran por la conservación y los que optan por la vertiente de la gestión y la prevención de incendios. Y la prevención de incendios no siempre es lo que se prioriza", resume. Para los propietarios, sin embargo, la obligatoriedad es "una absurdidad", un deber "imposible de cumplir". Ponen ejemplos. Más de la mitad de los propietarios forestales catalanes (unos 110.000 de los 200.000 que se calcula que hay en total) no llegan ni a una hectárea de terreno, dice Castelló aportando datos del Centre de la Propietat Forestal. Son, dice, los terrenos más "abandonados".

La autoridad (cuestionada) de la administración

El debate se complica cuando se mira la gestión de los bosques públicos. Salbanyà y Castelló critican con dureza que la administración quiera exigir a los privados aquello que ella misma no hace: solo el 36% de los bosques públicos son gestionados. "¿Con qué autoridad moral o técnica se pedía la obligatoriedad a los privados?", se preguntan los propietarios. Este punto del debate pone sobre la mesa la eventual capacidad de la administración para comprar o expropiar los terrenos forestales que no cumplan, pero la idea choca con una realidad clara: la administración tampoco tiene los recursos.

El director de Boscos del Govern, Jaume Minguell, admite que trasladar toda la propiedad al sector público sería "inalcanzable" y tampoco haría que funcionara mejor. "Para cualquier pequeña acción que nos planteemos, cuando la multiplicamos por la gran extensión que tenemos, lo que pasa es que el número es monstruoso", afirma. Concluye, con todo, que "la vía de la cooperación" es la única posible: "Cualquier otro sistema, al final, chocaría seguramente con una oposición social".

Es una visión compartida por el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, de referencia en el sector. Su presidente, Antoni Trasobares –que también fue director general de Medio Natural de la Generalitat entre 2013 y 2016–, considera que la responsabilidad en la gestión debe ser conjunta. "Hay unas obligaciones mínimas [para los propietarios], pero al mismo tiempo se debe ayudar realmente y se debe retribuir a los agricultores y a los propietarios [...], porque esto es para todos", valoraba Trasobares a el ARA hace unas semanas.

El debate continúa llevando, a día de hoy, a un callejón sin salida que mantiene a la administración oscilando a medio camino entre la presión por ir haciendo actuaciones y el diálogo constante con los propietarios. Gestionar los bosques todavía es una tarea ingente que ninguna de las partes se ve capacitada para asumir en exclusiva.