Una nueva ordenanza para esquivar la anulación de la zona de bajas emisiones

BarcelonaFrente común de las administraciones para intentar salvar la zona de bajas emisiones (ZBE) de Barcelona. El Govern, el Ayuntamiento y el área Metropolitana han pactado una estrategia a dos niveles para esquivar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que el 21 de marzo anuló la ordenanza municipal. En el plan judicial, las tres instituciones han recurrido la sentencia al Tribunal Supremo, y en el plano administrativo publicarán una nueva ordenanza actualizada, para que si los tribunales no les dan la razón y tumban el primer marco normativo haya otro en vigor.

Habrá que ver, sin embargo, si las iniciativas son suficientes para mantener operativa la ZBE, que la sentencia del TSJC dejó colgando de un hilo. A pesar de que el pronunciamiento no es firme, el Tribunal Supremo tendrá que valorar si admite a trámite los recursos de casación de las administraciones. Paralelamente, las entidades que llevaron la ordenanza al TSJC ya han anunciado que pedirán la ejecución forzosa de la sentencia para que el tribunal ordene anular la medida inmediatamente.

La nueva ordenanza que prepara el Ayuntamiento de Barcelona, de acuerdo con el Govern y el AMB, "actualiza el marco normativo" de la primera, que cuestionaba la sentencia del TSJC, pero es "conservadora" en cuanto a las medidas y no introduce nuevas limitaciones en la circulación de vehículos, ha explicado el regidor de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia.

La idea de las administraciones es reforzar el apartado de la memoria que justifica la exclusión de los vehículos más contaminantes dentro de la ciudad y en sus accesos. Este es precisamente uno de los puntos que cuestionaba la sentencia del TSJC, que reprochaba a la administración la "falta de informes" para justificar las restricciones y que hubieran excedido "el ámbito geográfico de implantación" regulando también fuera de los márgenes de la ciudad de Barcelona, puesto que la zona de exclusión afecta también los municipios de Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat y Sant Adrià de Besòs.

Badia ha justificado que no sean más ambiciosos al plantear nuevas restricciones por la necesidad de salvar la normativa del "peligro" que implicaría su anulación. En este sentido, el consistorio ha hecho balance y ha asegurado que desde que la zona de bajas emisiones está en vigor se ha conseguido reducir un 11% las emisiones de gases contaminantes y en 125 el número de muertes atribuibles a la mala calidad del aire. "Es una herramienta útil que tiene que ir acompañada de otras medidas en el futuro", ha insistido el regidor de Emergencia Climática.

Veinte municipios más tendrán su ZBE

A pesar de la sentencia, Ayuntamiento, Govern y AMB continúan defendiendo la validez de la ZBE y justifican la necesidad de mantener la medida para reducir la emisión de contaminantes, mejorar la salud pública y cumplir con las directrices de la Comisión Europea, que abrió un proceso sancionador al gobierno español por la mala calidad del aire de Barcelona, el área del Llobregat y el Vallès y Madrid. De hecho, el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Antoni Poveda, ha recordado que, por ley, veinte municipios más del área metropolitana –los de más de 125.000 habitantes– tendrán que regular su propia zona de bajas emisiones. En este sentido, Poveda ha recordado que la ordenanza de Barcelona es "innovadora" en el Estado, pero no hace más que recoger "las propuestas" que hizo Europa ante los altos niveles de emisión de contaminantes detectados en Barcelona, su área metropolitana y Madrid.

En el frente judicial, AMB, Ayuntamiento y Govern también han coordinado la estrategia judicial. Los tres recursos de casación insisten en los argumentos desde el punto de vista de la salud que justifican la vigencia de la ZBE y actualizan y amplían los datos que se incluyeron en la memoria de la primera ordenanza, cuestionada por los magistrados del TSJC. También se justifica que se usaran unas determinadas estaciones de medición y no otras, otro de los puntos que la sala contenciosa número 5 del TSJC ponía en entredicho. "Estamos convencidos de que los tribunales estarán sensibles y pondrán por delante las demandas de la ciudadanía en cuanto a salud pública y medio ambiente, de acuerdo con los requisitos fijados por Europa", ha insistido Poveda.

El tiempo que tarde el Supremo en decidir sobre la admisión a trámite de los recursos da un margen administrativo para poder actualizar el marco normativo y aprobar la nueva ordenanza. De momento, el TSJC ha decidido no ordenar motu proprio la ejecución provisional de la sentencia que anulaba la normativa. A pesar de todo, si las entidades que llevaron el caso a los tribunales lo piden, los magistrados tendrán que estudiar de nuevo sus argumentos y los de las administraciones y volver a decidir.