El miedo hace caer los ingresos en las residencias

MartorellEn casa de Martínez-Riera el gran dilema estos días es si la yaya entra en la residencia. Hay plazas en el centro público y, superados los recelos de dar el paso, la crisis del covid ha devuelto a la família a la casilla de inicio. De hecho, el sector sufre la falta de ingresos nuevos y tiene unos índices de desocupación que nunca se había visto: un porcentaje inaudito del 3% en la red pública, un 25% en la privada y un 28% en las plazas concertadas. 

Son varios los factores que explican el porqué: la alta mortalidad –por coronavirus u otras causas–, la prohibición durante meses de nuevas entradas y, sobre todo, el hecho que todavía hay cierto miedo. “Nos da respeto, ¿y si vuelven a cerrar las residencias?”, expone Dolors Martínez. Roser, su suegra, que vive con ella y su marido desde que se quedó viuda, tiene 89 años, conserva momentos de lucidez y una movilidad muy reducida, agravada por la falta de ejercicio. A principios de 2018, iniciaron los trámites para acceder a un geriátrico público, donde ahora ya podría ingresar si quisieran. 

Con los datos en mano, la epidemiología en estos centros solo ha hecho que mejorar gracias a las medidas de protección y sectorización pero sobre todo a la vacunación masiva entre los usuarios, que ha conseguido reducir positivos, mortalidad e ingresos en los últimos cinco meses. “Las residencias son los lugares más seguros de la sociedad”, proclama tanto el sector como la directora general de la Autonomia Personal y la Discapacitat del departamento de Afers Socials, Aina Plaza. Lo dicen por el alta tasa de vacunación de los residentes, con el 94% ya con la pauta completa y por todos los protocolos en vigor.

Renúncias a última hora

En las residencias privadas hay más de 14.000 plazas libres, lo que supone el 25% del total de la ocupación frente al 6% que había antes de la pandemia, afirma Cinta Pascual, presidenta de ACRA, la gran patronal del sector. En La Confederació, la patronal de centros privados sin ánimo de lucro, notan que el ritmo de ingresos es menor de lo qué esperaban una vez ya hay cierta normalidad en las visitas y salidas. Josep Serrano, presidente de la Comissió de Gent Gran de la entidad, afirma que “de cada cuatro ingresos previstos, solo uno se llega a hacer” y, en muchos casos “la negativa se confirma el día antes”. 

Para Serrano, se trata de una “situación excepcional” que atribuye en gran parte al “miedo” que ha cuajado en las familias a raíz de “la publicidad negativa que ha salido en los medios” del impacto del covid en los geriátricos. “Todo se ha llevado al escándalo”, dice dolido y lamenta que se “criminalice” a los profesionales de geriátricos porque una minoría (un 16% ahora) no se ha vacunado y se obvia que es una cifra similar a la del personal de los CAP y hospitales.

A fecha de 3 de mayo la lista de espera para una plaza en una residencia pública es de 16.889 personas, según la conselleria de Afers Socials, a quien Salut le tomó la gestión de los centros al inicio de la pandemia, y que acaba de liberar 1.700 plazas públicas y concertadas que se habían reservado para facilitar la sectoralización de los centros. Aina Plaza constata que “la recuperación es lenta” y, si antes de la pandemia un 40% de los que esperaban plaza renunciaban cuando era su turno, ahora es un 43%, un índice estructural muy alto que ha llevado al departamento a plantearse “repensar los criterios de inclusión” de la lista para filtrar mejor las necesidades urgentes de ingreso. De junio de 2020 a marzo de 2021 se han producido 13.040 ingresos en plazas con financiación pública. 

La queja de las familias

Las familias responden que los trámites y las listas de espera son tan largos como pocas son las plazas públicas disponibles y por lo tanto, justifican ponerse a la cola tan pronto como sea posible. Del millar de residencias, las privadas suponen el 60% y el resto se reparte casi a partes iguales entre las de titularidad pública –de la Generalitat, ayuntamientos u otras administraciones pero quizás gestionadas por empresas–, y por las entidades sin ánimo de lucro (fundaciones y órdenes religiosas, por ejemplo). El gobierno subvenciona una parte del 57% de plazas en centros privados.

A pesar de que Pascual confía que el sector se recupere, advierte que con tanta plaza vacía y después de un año muy duro, las empresas pierden margen, y reclama que Afers Socials se apresure en acortar los “438 días” que se tarda en tener un expediente de grado de valoración acabado. Andrés Rueda, de ACCAS, la asociación de los directores de los centros, añade que tampoco ayuda la pesada burocracia para llevar a cabo los ingresos.

Entidades como La Plataforma de familiares y usuarias de residencias señala que la crisis del covid ha evidenciado el fracaso de un modelo “hotelero y usurero” que favorece el negocio de empresas y de fondo de inversión, y reclaman que en un futuro se aumente la alternativa de atención domiciliaria, una modalidad que Plaza afirma que es la apuesta de la conselleria. De momento, las empresas dedicadas a los cuidados en casa han tenido incrementos residuales, apunta Serrano. La crisis ha hecho que las familias se ajusten a las cuidadoras pagadas por la ley de la dependencia o busquen el apoyo de trabajadoras del sector informal.