¿Se puede obligar a los profesionales de las residencias a vacunarse, ley en mano?
Uno de cada seis trabajadores de centros sanitarios y geriátricos todavía no se ha puesto ninguna dosis
MartorellEn enero, un juez de Sevilla obligó a vacunarse contra el coronavirus a una mujer de 86 años incapacitada, a pesar de que su hijo se negaba. También en Andalucía, pero una década antes, la justicia había dado la razón a la Junta y había ordenado la vacunación forzosa contra el sarampión a una treintena larga de niños del barrio de Albaicín, para frenar un brote de esta enfermedad altamente contagiosa. Los padres se oponían por motivos religiosos y, a pesar de que en España la vacunación es voluntaria, el magistrado protegió el beneficio colectivo. El profesor del Observatorio de Bioética de la UB Fernando García López pone encima la mesa estos dos ejemplos a raíz del debate sobre si hay que obligar a vacunarse al 16% del personal de centros sanitarios y geriátricos que todavía no se ha vacunado, a pesar de que ha tenido preferencia.
“La cifra es la media, pero tenemos constancia de que hay residencias con un 40% del personal sin vacunar”, denuncia María José Carcelén, miembro de la Coordinadora 5+1 y una de las portavoces de la nueva Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias. La entidad pide revertir el modelo “hotelero y usurero” de los geriátricos para aumentar la gestión y administración pública de los centros. El último brote de coronavirus, de hecho, se ha producido en una residencia de la Bisbal d'Empordà y ha causado dos muertos. En este caso, 54 de los 55 residentes habían completado la pauta de vacunación en enero, mientras que de los 56 profesionales, 46 estaban vacunados y 10 no.
La vacunación es voluntaria en España, pero la ley de medidas especiales de salud pública es bastante genérica para que se pueda abrir el debate. Capacita al gobierno a aplicar todas las medidas necesarias, pero no va más allá y ni con la pandemia el ejecutivo español ha querido abrir el melón, apelando sobre todo a la tradicional gran cobertura de las vacunas, más alta que en otros países del entorno.
Contrataciones constantes
Salud no explicita los motivos por los que los profesionales a primera línea contra el covid no se han vacunado cuatro meses y medio después del arranque de la campaña. Sí los menciona Andrés Rueda, presidente del Ascad, la asociación de directores de centros de dependencia. Califica de “residuales” a los antivacunas, pero señala las reticencias de embarazadas y madres lactantes, preocupadas por posibles efectos secundarios, a pesar de que no hay evidencias científicas que pongan en duda su seguridad. Sobre todo destaca “la poca agilidad” para vacunar a los profesionales contratados por primera vez y es por eso que reclama que el departamento de Salud “se ponga las pilas” para programar más y más deprisa, a pesar de que se ha llegado a tener suficiente stock de vacunas disponibles y para Salud los profesionales son prioritarios, defiende el departamento. “La movilidad laboral es muy alta” debido a los estragos de la “fatiga pandémica” de las plantillas, “agotadas por tantas horas de trabajo durante más de un año”, explica Rueda.
El secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, cierra el debate de la obligatoriedad de la vacunación con un conciso “no se puede hacer”, un argumento al que también se añaden los sindicatos. García López admite que es una cuestión complicada porque hay una “colisión de los derechos individuales y del bien colectivo”, pero afirma que en el campo de la bioética "la obligatoriedad estaría justificada”. Cita el “principio de John Sutart-Miller”, que limita las libertades individuales si perjudican a terceros. En el Col·lectiu Ronda admiten que hay un debate interno no resuelto entre los abogados sobre si la negativa a vacunarse podría ser considerada una “ineptitud sobrevenida” y ser, por lo tanto, motivo de despido. Fuentes del mismo despacho indican que si bien las revisiones médicas de empresa son voluntarias, para determinados sectores, como los bomberos forestales, “es indispensable saber el estado de salud del profesional”. “¿Se podría regular en este sentido? Hay mucha incertidumbre”, dicen las mismas fuentes.
En cambio Rueda, a pesar de que admite que “no se puede obligar” a exigir la vacunación, sí es partidario de que sea “un requisito” para optar a un trabajo: “Del mismo modo que para entrar en los Mossos d'Esquadra tienes que hacer unas marcas y tener una condición física determinada, o el nivel C para ser funcionario, para trabajar en una residencia se puede valorar el hecho de estar vacunado”. Es una opción que comparten patronales como la ACRA, la más grande del país, la presidenta de la cual, Cinta Pascual, apela a la "responsabilidad individual" de los trabajadores, pero también lamenta que Salud no haya hecho más "pedagogía" para "vencer miedos", como la de mujeres que prevén quedarse embarazadas. En cambio, el responsable de acción sindical de CCOO, Josep Maria Yagüe, cuestiona su legitimidad. Para el sindicalista, tampoco puede ser una exigencia al trabajador en plantilla, porque en su contrato no constaba la vacunación.
En la desescalada en los geriátricos, Salud ha relajado las restricciones en los centros de acuerdo con la reducción de la mortalidad, los ingresos y los positivos debido al impacto de la vacuna. Menos de un 5% de los residentes no se han vacunado, pero para Carcelén, de la plataforma de familias, la cosa más grave es que el departamento ha eliminado del protocolo los cribajes periódicos con PCR en las residencias y solo prevé pruebas para los no vacunados cada quince o treinta días, según la incidencia del covid en la zona. La plataforma, que se ha presentado virtualmente, reúne organizaciones de diez comunidades autónomas y pide que los Parlamentos autonómicos investiguen la alta mortalidad en las residencias, que se incrementen las inspecciones "sin avisar" a los centres geriátricos y que aumenten las ratios de profesionales en plantilla (desde enfermeras hasta auxiliares) y se investiguen las secuelas "físicas, emocionales y psicológicas" causadas por la prohibición de salir de los centros y la falta de contacto con la familia. "Hay residentes que han perdido quince kilos", ha asegurado Carcelén en la presentación de la entidad.
