Salud ha intervenido 36 residencias por el mal funcionamiento durante la pandemia

BarcelonaHasta 36 residencias geriátricas han quedado intervenidas por el departamento de Salud por su mal funcionamiento durante el año de la pandemia, informa Efe. De estas, se han acabado clausurando siete y cuatro más siguen bajo el control público porque todavía no han solucionado los problemas detectados en la investigación. La cifra supone un aumento exponencial respecto a otros ejercicios, porque mirando hacia atrás en la última década se había ordenado cerrar 28 geriátricos.

Fuentes de los departamentos de Salud y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias han explicado a Efe que se ha hecho un seguimiento "exhaustivo" de las residencias y al detectarse anomalías o carencias en las medidas de seguridad e higiene preceptivas para frenar el coronavirus se ha decidido intervenirlas, en una operación que supone relevar a los gestores de la residencia y nombrar a unos nuevos, además de poner al frente para supervisarla a un funcionario público.

Antes de la pandemia no se hacían intervenciones de la gestión, que es un nuevo mecanismo de control establecido a raíz del estallido de la pandemia, a pesar de que sí se dictó la clausura de residencias por incumplimientos muy graves. Precisamente, ya desde las primeras semanas de circulación del coronavirus se decidió traspasar a Salud la gestión de los geriátricos de Asuntos Sociales, que ha mantenido la competencia para las inspecciones de los centros. En cualquier caso, la gestión de las residencias de la gente mayor ha sido fuertemente cuestionada por Amnistía Internacional, que ha denunciado en un informe la vulneración de derechos humanos porque se dejó a los usuarios "abandonados a su muerte" porque en los picos de la pandemia y por el colapso de los hospitales se les denegó el traslado a centros sanitarios.

Dos tercios de los 12.784 muertos que ha dejado la pandemia en Catalunya eran residentes de geriátricos: la mitad de estas 8.783 víctimas murieron en la misma residencia. La situación en el sector ha cambiado completamente a raíz de la vacunación, que empezó precisamente entre los usuarios de los geriátricos y, según los últimos datos de Salud, el 93% ya han completado la pauta de las vacunas y el 95% ya tienen la primera dosis. Son unos porcentajes más altos que los de los profesionales que trabajan en los geriátricos, donde dos de cada 10 no han recibido ninguna dosis pero tres cuartas partes ya están inmunizados, a pesar de que en conjunto los geriátricos mantienen a raya el covid-19 y los ingresos, la mortalidad y los casos nuevos han caído de forma evidente. Solo hay un centro, en el Camp de Tarragona, que tiene un brote activo, pero el resto ya están libres de covid y se puede decir que viven ya en el futuro postpandémico porque hace semanas que han superado la inmunidad de grupo. Esto ha permitido ya relajar las draconianas medidas restrictivas que durante el año pandémico han mantenido estos centros como bunkers, blindados a cualquier presencia ajena que no fuera esencial para su funcionamiento.

Desescalada lenta

Las familias, sin embargo, confiaban en un relajamiento más evidente. Dicen que se han encontrado que “como siempre” son las direcciones de las residencias las que marcan el ritmo de la desescalada, se queja María José Carcelén, de la Coordinadora 5+1. El último protocolo del departamento de Salud –con fecha del 4 de marzo– abría la puerta a salidas ilimitadas de los residentes y a un régimen de visitas más amplio, pero en algunos centros se mantienen las limitaciones a la hora de recibir visitas aferrándose al hecho de que la normativa lo condiciona a “la capacidad organizativa” de cada residencia para atender las tareas de limpieza de los residentes y la desinfección de las sillas de ruedas que se requieren a la vuelta.  

En este sentido, Carcelén denuncia que Salud “deja hacer lo que quieran” a las residencias permitiendo que se amparen en “falta de personal” cuando hay “empresas que tienen muchos beneficios” con los cuidados de la gente mayor. “Los derechos de la gente mayor están en manos de empresas”, se queja la activista. Las residencias mantienen que no siempre es fácil poder tenerlo todo listo para satisfacer las demandas de las familias porque cada residente requiere una gran atención y a menudo el personal es justo.

Recientemente, la presidenta de la gran patronal ACRA, Cinta Pasqual, asumía la fuga hacia la sanidad de las auxiliares de residencia debido a los sueldos que marca el convenio del sector de 957,18 euros mensuales después de aplicar el reciente aumento pactado del 6%, a la vez que pedía un incremento de los precios públicos que paga la Generalitat por cada plaza y que llevan años sin revisarse. 

A Carcelén le preocupa que haya profesionales de las residencias que optan por no vacunarse porque impide que los centros puedan organizarse con burbujas de personal y residentes vacunados y los que, por varios motivos, no lo están porque el número de gente mayor inmunizada es más elevado. Esto, sumado al hecho de que ya no se hacen tantos cribajes para detectar asintomáticos, dice, pone en peligro la seguridad del centro.

En cambio, en el supuesto que explica Víctor Echaniz es su abuela quien, a los 95 años, “de momento” no está vacunada, porque dice que tiene contraindicaciones para la salud de la mujer, que, a pesar de las lacras de la edad, todavía está “bastante bien”. La queja de Echaniz, organizado en la plataforma de familiares Els Estels Silenciats, es que su familiar está “discriminada” precisamente por no haber recibido ninguna dosis, puesto que la dirección de su centro la ha cambiado de habitación para colocarla con la burbuja de otros, pocos, residentes no vacunados. “No somos antivacunas y mi abuela se vacuna cada año contra la gripe”, asegura Echaniz, pero sostiene que las dosis contra el covid son voluntarias y, por lo tanto, no puede haber un trato diferenciado, como no lo hay con los trabajadores ni con la población general. Desde el departamento de Asuntos Sociales se insiste en que “en ningún caso” es aceptable una discriminación en función de si se está vacunado o no, a pesar de que se recomienda sin lugar a dudas la inmunización porque es la mejor garantía para frenar los contagios. “Lo que le hacen a mi abuela es inadmisible”, insiste Echaniz, que considera que el cambio de habitación es discriminatorio porque la sacan de su entorno habitual y considera que esto "no se permitiría entre niños en una escuela o residencia infantil ni tampoco entre vecinos de un mismo edificio”.