El Gobierno trabaja ahora para volver a prorrogar las concesiones de los autobuses interurbanos, vigentes desde hace 25 años

BarcelonaGiro de guion en el proceso para modernizar las más de 800 líneas de autobús interurbano que hay en Cataluña. Según ha podido saber el ARA, el Govern estaría trabajando para volver a prorrogar las concesiones con las mismas operadoras y mantener así un sistema que hace más de dos décadas que funciona con contratos caducados. El hecho es que las actuales licencias –ya prorrogadas, en 2003, por 25 años más– vencen muy pronto, en 2028, y todo apunta a que ahora el departamento de Territorio estudia hacer una nueva extensión, que podría alargarse todavía una década más. Fuentes del sector dan por hecho el acuerdo técnico y apuntan a que solo falta el visto bueno político, previsto para las próximas semanas.

En un acto que reunió a los grandes operadores y también a los representantes de la administraciónEl pasado martes, sin embargo, la buena sintonía entre la patronal de los autobuses y la Generalitat era evidente. En un acto que reunió a las grandes operadoras y también a los representantes de la administración, ninguna de las dos partes quiso entrar en la polémica de las concesiones, el gran tema pendiente del sector. El secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, elogió y agradeció el trabajo de las operadoras que, a su vez, sacaron pecho asegurando que el autobús –y más concretamente las líneas interurbanas concesionadas– "está salvando la movilidad en Cataluña", en una clara referencia al caos que vive Rodalies desde el mes de enero.

Lo cierto es que la demanda de viajeros por carretera se ha duplicado en solo cinco años, y ha pasado de los 50 millones de viajeros anuales en 2021 a los 100 millones previstos para este año. En los últimos meses, además, las operadoras han hecho lo imposible por traer autobuses de todo el Estado para cubrir el pico de demanda y resolver los problemas de movilidad en Cataluña. Así, el momento actual y la crisis de Rodalies habrían ayudado a fortalecer la posición de la patronal, argumentan fuentes empresariales.

Las mismas fuentes explican que el otro gran motivo para prorrogar sería "el tiempo". "Se ha ido muy tarde, no se ha hecho nada hasta hace muy poco", argumentan. El verano pasado, la consellera del ramo Sílvia Paneque, explicó que justo el Gobierno se ponía manos a la obra. El primer ejercicio fue, según Paneque, dividir el grueso de las líneas en dos grandes bloques para determinar cuáles se podían prorrogar y cuáles necesitaban cambios. Pero los nuevos pliegos –para un eventual nuevo concurso– no estaban redactados todavía, admitió el Gobierno.

Críticas y elogios a la prórroga

Este posible nuevo alargamiento de los contratos ha despertado las críticas de una parte del sector que reclamaba cambios urgentes. "Es un escándalo que se mantenga todo como estaba y se pierda la oportunidad de revisar profundamente el modelo", señalan algunos expertos del sector. Desde la asociación Promoción del Transporte Público (PTP) lo corroboran: "Estamos en contra de una posible prórroga. Consideramos que es primordial que se renueven las concesiones porque es la manera que podamos corregir disfunciones y controlar los operadores, por ejemplo con penalizaciones cuando hay retrasos reiterados", subraya la portavoz Georgina Montesinos, que añade, sin embargo, que "hay que hacerlo de forma muy preparada" para poder corregir "los errores que se cometieron, por ejemplo con las concesiones del AMB en el Baix Llobregat, donde se primó el precio en lugar del servicio y acabaron con conflictos laborales", señala. En este sentido, la PTP mantiene que se necesita una regulación ambiciosa "y con criterios claros de servicio público".

Quien también se ha posicionado repetidamente en contra de una nueva prórroga son las autoridades en materia de competencia. La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ha recomendado varias veces que se fomente la liberalización para mejorar tanto los servicios como el precio y la sostenibilidad del modelo, con flotas más verdes y eficientes. De hecho, los más contrarios a esta decisión apuntan que "el proceso podría quedar inmerso en una nueva batalla judicial, como ya pasó en 2003". Al mismo tiempo –y más allá de la patronal–, hay expertos del sector que opinan que la liberalización podría dejar fuera de juego a muchas pequeñas empresas, a menudo familiares, y subrayan que mantener el sistema "que da un servicio decente y cuenta con mucha experiencia en el territorio" es, ahora mismo, "la posición más sensata" para garantizar la movilidad en Cataluña.

Los antecedentes, el plan de mejoras de 2003

De hecho, la prolongación de los contratos no debería implicar inmovilismo. Nadal también aprovechó el martes para poner deberes a las operadoras y les recordó que habrá que "ampliar flotas" de forma "más moderna". "De los 1.500 autobuses interurbanos no hay más de 30 que sean eléctricos –les reprochó– y, por tanto, hay un trabajo extraordinario para descarbonizar la flota", dijo.

En 2003, la última vez que el Govern —entonces de CiU— optó por alargar las concesiones existentes en lugar de licitar nuevas, ya pidió una serie de mejoras a cambio. La decisión se argumentó como una herramienta para forzar la modernización del sistema. "Hubo mucha exigencia de mejora y, de hecho, conseguimos una gran modernización de las flotas, por ejemplo para hacerlas más adaptadas", defiende el exdirector general de Transportes Enric Ticó, que pilotó aquel proceso. Según explica, la prolongación de contratos también permitió introducir cambios operativos en un momento en que abrir el mercado habría tenido, dice, demasiados efectos adversos.

A pesar de todo, con el 2028 a la vuelta de la esquina, incluso los defensores de las concesiones actuales admiten que el sistema necesita una revisión en profundidad e interpretan la nueva prolongación como un empujón hacia adelante, una solución temporal para dar tiempo a la administración a preparar mejor el futuro modelo.