800 líneas en juego: la oportunidad para renovar el mapa de buses interurbanos después de 40 años

BarcelonaEn el 2028, el panorama del transporte de viajeros por carretera –es decir, en autobús– podría cambiar, y mucho, se acaban las actuales concesiones de transporte interurbano por carretera que dependen de la Generalitat y habrá que realizar un nuevo concurso para adjudicar las nuevas titularidades. Es algo inédito en los últimos 40 años, desde que en 1985 el Gobierno alcanzó las competencias de manos del Estado y heredó un modelo que –pese a introducir algunos cambios– ha quedado más que obsoleto. Las licencias ya caducaron en el 2003, pero entonces el Gobierno decidió sacar la pelota adelante y prorrogarlas otros 25 años.

Así, cuando faltan menos de tres años por la fecha de caducidad, al departamento de Territori liderado por Silvia Paneque le toca empezar un melón histórico que afecta a un total de 849 líneas que mueven a unos 70 millones de viajeros anuales. El futuro pliego del concurso deberá actualizar la situación, de acuerdo con la realidad de la movilidad actual, y el Govern deberá conseguir encajar los intereses de los usuarios con los de las empresas que llevan años ostentando estos servicios.

La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) ya ha recomendado en varias ocasiones que estas concesiones no se prorroguen de nuevo y que se fomente la liberalización y la competencia para mejorar tanto los servicios como el precio y la sostenibilidad del modelo (con flotas más verdes y eficientes). Al mismo tiempo, los representantes de las grandes empresas de este sector –que realizan los servicios de bus desde los años 60 y 80– presionan para mantenerse, mientras que las más pequeñas –a menudo familiares– que llevan años gestionando un servicio "decente" temen quedar fuera de juego si el sector se liberaliza en exceso y deben competir con compañías mucho más.

El departamento de Territori ha confirmado al ARA que ha empezado a poner manos a la obra y ya trabaja con un modelo a dos velocidades. El Gobierno se plantea dividir el grueso de las líneas en dos bloques: las que se deben llevar a concurso público y las que, con algún pequeño cambio, podrían volver a prorrogarse. En este segundo bloque se encuentran aquellas líneas "que necesitan un cambio que no puede esperar", según fuentes del departamento, como importantes renovaciones de las flotas de autobuses o ampliaciones de servicios y que, a cambio, se les concedería una nueva prórroga para que tengan tiempo de amortizar estas inversiones. Paneque aseguró hace unos días a este diario que su departamento está analizando "línea por línea" para realizar esta "separación" y que la previsión es que a finales de año ya puedan anunciar qué concesiones seguirán el camino de la prórroga y cuáles se reformularán de cero. Los nuevos pliegos, concretó la consellera, no empezarán a redactarse hasta el 2026.

El sector, expectante

Fuentes del sector de transporte de viajeros por carretera consultadas por el ARA no ven con malos ojos que el Gobierno se plantee una reforma por fases, pero alertan de que es necesario evitar que las prórrogas sirvan para "perpetuar un modelo obsoleto". "El problema no es sólo renovar flotas, sino repensar frecuencias, servicios de fin de semana o nuevas líneas –apuntan las mismas fuentes–. Separar las concesiones podría tener sentido para adaptar mejor los servicios a cada realidad territorial, pero hace falta claridad sobre cómo se hará", advierten.

Mientras, la patronal de las empresas de autobuses evita hacer presión pública en un momento delicado de decisiones en la administración. Sin embargo, fuentes internas de las empresas admiten que ya hay conversaciones en marcha entre Territorio y los operadores y "se contempla" la posibilidad de prorrogar determinadas concesiones.

Un cambio con muchas aristas

Quien sí se pronuncia es la asociación Promoción del Transporte Público, la PTP. La vicepresidenta de la entidad, Mercedes Vidal, recuerda que la renovación de concesiones es "una oportunidad clave para realizar cambios y mejoras en el servicio". Pese a reconocer que el modelo jurídico que se adopte no es el aspecto más relevante, remarca que "lo que hace falta es garantizar que el criterio principal sea la calidad del servicio y no sólo el precio, como ha ocurrido hasta ahora con la contratación pública". "Lo que necesita el usuario es que la administración, como titular del servicio, garantice un funcionamiento con criterios de excelencia", insiste. Para Vidal, el debate no es sólo técnico, sino estratégico: "Es necesaria ambición para rediseñar el sistema. Los servicios de bus interurbano son los que más han crecido en los últimos años, ya menudo se menosprecia su importancia cuando en realidad son uno complemento imprescindible, sobre todo donde no llega el tren para garantizar el derecho a la movilidad –dice Vidal–. Y si no se hace bien, ciertos territorios quedarán condenados a servicios de segunda”, subraya Vidal.

Al mismo tiempo, la PTP también apunta otro tema primordial: el de la competencia. y que ofrecen un buen servicio, que en el 2028 lo tendrán más difícil para continuar”. Lo dicen en referencia a la experiencia de otros concursos públicos del área metropolitana que han supuesto, dicen, grandes niveles de conflictividad laboral.

tener los nuevos pliegos bien avanzados antes del 2026. El trabajo ya ha comenzado, con un grupo de trabajo que diseña el nuevo mapa de servicios necesario para la movilidad de la Cataluña del futuro, pero el calendario es ajustado.