Ya se hacen dos narcoasaltos violentos cada semana para robar marihuana
Los Mossos temen que la delincuencia asociada al cannabis se convierta en cinco años en un problema "estructural" en Catalunya
Barcelona“Seguramente no queremos los problemas que tienen los países productores de droga, cuando las organizaciones criminales crecen y se empoderan. Pero los estamos empezando a ver. Es un horizonte que no es ficción”. El aviso lo hace el inspector Toni Salleras, jefe del área central de crimen organizado de los Mossos d'Esquadra, y habla de la marihuana en Catalunya. La actividad delictiva que rodea esta planta, que algunos todavía califican de droga blanda, va más allá del tráfico y ya implica narcoasaltos violentos con armas de fuego, homicidios, secuestros y blanqueo de capitales. “Catalunya había sido un lugar de tránsito de drogas, pero con los cultivos y las plantaciones de marihuana nos hemos convertido en productores”, recuerda Salleras.
Hace tiempo que los Mossos definen Catalunya como un territorio que atrae la producción de mucha de la marihuana que después se vende en Europa. Y la pandemia no ha frenado este negocio opaco. El director general de la policía catalana, Pere Ferrer, admite que nuestro país está en el camino de consolidar los peligros de la marihuana y avisa que hay que “cortar el riesgo”. Salleras añade: “Dentro de cinco años nos podemos encontrar como en el campo de Gibraltar; que nos hayan invadido las organizaciones criminales y hayan hecho sus políticas. No habremos estado a tiempo de decir que este no es un lugar para venir a plantar marihuana”. Por eso Ferrer alerta del peligro que el fenómeno “se acabe convirtiendo en estructural”.
Los grupos criminales ya han causado “un polo de inseguridad” en varias zonas –como el Alt Empordà, el Llobregat y el Penedès– por las ocupaciones ilegales, las discusiones y los enfrentamientos con armas de fuego. El año pasado los Mossos contaron 102 incidentes violentos relacionados con la marihuana, casi todos narcoasalto. De media, dos por semana. En el 68% se utilizaron armas de fuego y se produjeron tres homicidios. Este año ya ha habido otro. “No es normal que tengamos tantos incidentes con armas de fuego”, exclama Ferrer. Y esta violencia no se ha parado con la pandemia. Dos ejemplos: en febrero, en un narcoasalto en Corbera de Llobregat, los ladrones ataron al propietario de una plantación, le golpearon y le dispararon en la cabeza sin llegarle a matar. En abril, en otro narcoasalto en Rubí, el encargado de una plantación apuñaló a uno de los ladrones y le mató.
“Las plantaciones de marihuana llevan asociada la violencia”, asegura Salleras, porque las mafias se arman para proteger sus cultivos y cometen narcoasaltos a los de las bandas rivales. Hasta ahora la violencia ha sido entre las organizaciones, a pesar de que el inspector considera que “siempre hay el riesgo de que esta barrera entre ellos traspase a la ciudadanía”. El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, admitió hace un mes en una entrevista en el ARA que la marihuana “es una preocupación inmensa” en que se está haciendo “mucha presión”.
Solo en los cinco primeros meses de este año los Mossos han hecho 1.500 detenciones –una media de diez al día– por esta actividad delictiva y todo aquello que deriva de ella. También han intervenido 220 plantaciones –más de una al día–, casi el doble que en todo 2015. Ferrer da por hecho que este 2021 superarán el número de plantaciones requisadas en todo el año pasado, que fueron 393.
Sin punto de inflexión
Las cifras de intervenciones de cannabis por parte de la policía catalana no han tocado techo: cada año superan al anterior. Salleras pronostica que la tendencia se mantendrá al alza hasta que no cambien los factores que la han “favorecido”. Las actuaciones policiales por plantaciones de marihuana son tan habituales en Catalunya que cada día se difunde alguna, sobre todo de los Mossos, pero también de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales. Dos ejemplos recientes de esta lista eterna son 18.000 plantas escondidas en un bosque del Solsonès que se tuvieron que sacar en helicóptero por la dificultad de llegar a ellas, y el trozo del Parque Natural del Montseny que desforestaron para cultivar 10.000 plantas. Los Mossos requisan tanta marihuana que ya no la pueden guardar toda en los almacenes de pruebas. Según avanzó SER Catalunya, han decidido que de cada operación solo guardarán una muestra para el juicio.
Salleras explica que las plantaciones exteriores –outdoor–, que se instalan en espacios poco accesibles de los campos o los bosques, se combinan con las interiores –indoor–, que acostumbran a hacerse en naves industriales y son más sofisticadas en la producción. También hay plantaciones escondidas en viviendas. Los Mossos explican que los grupos de delincuentes más importantes en esta actividad son sobre todo de origen serbio, albanés y chino. Hace tres meses liberaron a diez chinos que vivían cerrados en las naves en plantaciones donde les obligaban a trabajar. El tráfico de seres humanos es otro de los delitos vinculados al fenómeno. Los Mossos quieren que las investigaciones no se limiten a cada plantación, sino que actúen contra toda una red, como se hizo en la operación de hace un mes con 78 detenciones de una trama dedicada al tráfico internacional.
La marihuana hecha en Catalunya se exporta por carretera en toda Europa, donde se paga más cara, dice Ferrer, que añade que la demanda de esta droga continúa creciendo mientras aquí los costes de producción “son bajos”. Según el director de la policía, gente que no estaba en la delincuencia se ve “abocada” a ella por los beneficios que pueden sacar, a pesar del riesgo de que los pillen. Como las penas por el tráfico de marihuana son bajas, Ferrer advierte que se abre “una ventana de oportunidad” en este sistema “parasitario” con un potencial de crecimiento en Catalunya que da "un poco de miedo".
Falta una reflexión global
“Podemos ser esclavos de los grupos criminales”, insiste Ferrer, y avisa que otra de las amenazas de que el fenómeno sea estructural es que se cree “una economía paralela que implique a muchas más personas”, como por ejemplo electricistas o ingenieros que montan plantaciones y propietarios que ceden locales. “Tenemos que hacer una reflexión global que sea más amplia que la seguridad, también desde la salud y la sociedad”, considera. Ferrer cree que como mínimo se tendría que hacer una reforma legal en el Estado para endurecer las penas por el tráfico de marihuana, pero también apuesta por trabajar una estrategia “concertada” en toda Europa que sirva para tener en cuenta el origen y el destino de la droga.