Un año retenidos cultivando marihuana a la fuerza

BarcelonaCuando a finales de mayo fue liberada de una de las naves industriales donde había estado explotada cultivando marihuana durante meses, una de las víctimas relató a los Mossos d'Esquadra que hacía tanto tiempo que estaba encerrada que cuando salió se sorprendió porque, de golpe, en Catalunya, todo el mundo llevaba mascarilla. El ejemplo evidencia la magnitud del caso: ocho persones miembros de una organización criminal china habían introducido ilegalmente a diez compatriotas suyos –ocho hombres y dos mujeres– en Catalunya, para forzarlos a cultivar marihuana en cuatro naves industriales, donde vivían en condiciones infrahumanas y de donde no podían salir. Explotando a las víctimas y vendiendo la marihuana, el grupo criminal llegó a ganar dos millones de euros en siete meses, según la policía.

La investigación empezó a finales de 2019 cuando agentes de la unidad central de tráfico de seres humanos descubrieron la organización, encabezada por un conocido jefe de la comunidad de Fujian, en China. "Nos llegó una información de que había una mafia que cultivaba marihuana y que podía estar tratando con personas", explica al ARA el inspector Antoni Salleras, jefe del área central de crimen organizado. La investigación confirmó las sospechas y los agentes aceleraron el trabajo para liberar a las víctimas cuanto antes mejor. "No sabíamos cuántas había exactamente, lo vimos cuando entramos en las naves, donde vivían en un estado lamentable e insalubre, en unas condiciones muy malas", afirma. Los tenían en habitaciones pequeñas, muy sucias, con todos los colchones juntos, y solo les daban comida una vez a la semana. Algunos hacía un año que no salían al exterior.

Las víctimas, que tienen unos 30 años, las habían captado en China y llegaban a Catalunya engañadas con la promesa de un trabajo digno. Entraban en Europa con visados fraudulentos para asistir a ferias internacionales de países del Este y, una vez ahí, los acompañaban y controlaban durante todo el trayecto hasta Catalunya. En territorio español, los miembros de la red criminal les quitaban la documentación y abusaban de ellas explotándolas con la excusa de que tenían que saldar la deuda contraída por el coste del traslado, que oscilaba entre los 10.000 y los 30.000 euros. "Las víctimas no habían pagado por los billetes, pero sí habían venido engañadas y coaccionadas", asegura Salleras. Una vez en las naves industriales, eran forzadas a trabajar en condiciones de servidumbre y semiesclavitud, con sueldos bajos o inexistentes y entornos insalubres.

"Uno de los aspectos novedosos de este caso es que las víctimas tienen este tratamiento desde el primer momento, porque de otro modo alguien que cultiva marihuana es autora de un delito", dice el inspector. Con la Fiscalía de Extranjería, el Instituto de Medicina Legal, el juzgado y las asociaciones que trabajan con víctimas de tráfico de personas, se preparó un dispositivo para atender a los diez liberados. Tuvieron tres meses de lo que se denomina periodo de restablecimiento y reflexión, en el que se les facilitan medios de vida y un domicilio para que piensen "cómo enfocarán la nueva vida en Catalunya" y decidan si se quieren quedar o no. "A algunos se han trasladado a alguno otro lugar", dice el inspector, que lamenta "la doble vulnerabilidad" de las víctimas: "Si ya eran vulnerables antes de llegar, una vez liberadas se encuentran con que solo conocen a quien las había retenido".

"Plenamente integrados en la sociedad española"

En cambio, los miembros de la red criminal estaban perfectamente estructurados y establecidos en Catalunya y "plenamente integrados en la sociedad española". "No tienen comercios, pero sí intereses en ciertos establecimientos", afirma Salleras, sin concretar de qué se trata. De las ocho personas detenidas, cuatro ya han ingresado en la prisión a raíz de 13 entradas y registros a finales de mayo en cuatro naves industriales donde estaban los cultivos de marihuana –en Centelles, Abrera, Santa Coloma de Cervelló y Sant Andreu de la Barca– y en ocho domicilios en Barcelona, Badalona, l'Hospitalet de Llobregat y Santa Coloma de Cervelló. También se hizo una entrada y registro en una gestoría de Santa Coloma de Cervelló donde trabajaba un gestor, de nacionalidad china, vinculado presuntamente a las actividades delictivas de la organización.

En los pisos se almacenaba y empaquetaba la droga procedente de las naves de cultivo. Se envasaban al vacío en paquetes de unos 8 o 10 kilos para enviarlos, escondidos entre otras mercancías, mediante empresas de paquetería en Glasgow (Reino Unido) y puntualmente a los Países Bajos, en Amsterdam, la Haya y Eindhoven. Para hacer los envíos, los miembros utilizaban identidades falsas o de las personas que tenían retenidas. "La pandemia ha hecho incrementar este método de tráfico de drogas", explica el inspector.

De hecho, los Mossos ya hace tiempo que alertan de la proliferación de los cultivos de marihuana en Catalunya. "Hemos cambiado de paradigma: de ser un país donde transitaban drogas, como el hachís y la cocaína, hemos pasado a ser un país productor, también por la proliferación de organizaciones que vienen aquí a producir", dice Salleras. Entre las organizaciones criminales más activas en este negocio están las chinas, que forman parte de una comunidad que, según el inspector, ya es "muy cerrada en sí misma". "Difícilmente se abren a la participación de otras personas que no sean de China, tienen un control muy férreo de la jerarquía", añade.