El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, defiende el despliegue del decreto 16/2019, que ha supuesto la llegada de muchos proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos en Catalunya. La rapidez para poner en marcha la transición energética, sin embargo, ha topado con la oposición del territorio (el mundo local y los mismos vecinos) a instalaciones que ven como una amenaza a paisajes o lugares rurales y piden a Calvet una planificación.
¿Cómo valora la traslación en la práctica del decreto de renovables?
— Está siendo positiva. Veníamos de una legislación que ya permitía la implantación de pequeños proyectos, de estilo cooperativo o de km 0, pero lo cierto es que las renovables no se desarrollaron. El anterior decreto limitaba la medida de los parques y orientaba la ubicación a determinadas áreas del país, y esto se tradujo en un estancamiento total. Ahora hemos recibido un alud de propuestas –de más dimensión y ubicación libre– y esto es bueno. Hemos creado una ponencia de energías renovables que dice cuáles son viables y cuáles no, y cuáles lo son pero condicionadas, teniendo en cuenta criterios urbanísticos, agrícolas, ambientales y paisajísticos o la preexistencia de bienes culturales. El decreto dinamiza y acelera ordenadamente la transición energética. No es una barra libre.
Es justamente este alud el que preocupa al territorio, especialmente ahí donde se han visto aparecer varios proyectos en cadena.
— Desde febrero de 2020, la ponencia ha evaluado 3.900 MW de eólica, de los cuales el 34% han sido declarados no viables, y unos 3.235 MW de fotovoltaica, con un 30% de descartados, y tenemos 1.000 MW más de cada uno pendientes de evaluación. Es cierto que hemos recibido proyectos antiguos que habían quedado retenidos estos años y que al aprobarse el decreto nos han vuelto a enviar los promotores, sabiendo que los condicionaríamos. Esto ya sabíamos que pasaría y que causaría preocupación, pero la ponencia es un auténtico filtro para poder desplegar lo que es una necesidad de país.
¿Una planificación previa de entrada no habría ahorrado el conflicto?
— En cierto modo, yo niego la mayor. Imaginemos que en la planificación definimos, de acuerdo con el mapa eólico y solar de Catalunya, que se podrán instalar proyectos en una determinada zona. La misma tensión territorial que tenemos ahora sobre un proyecto la tendríamos sobre la definición de la zona. Por lo tanto, la planificación previa nos lleva al mismo punto y lo que queríamos era acelerar ordenadamente y por eso hemos creado un mecanismo de evaluación rápida como es la ponencia. Sin un amplio despliegue de energías renovables nos podemos olvidar de cerrar las nucleares, del hidrógeno verde y de combatir la crisis climática, que también afecta nuestros hábitats. La ponencia está haciendo un esfuerzo ingente y esto no quiere decir que el modelo no se pueda mejorar.
¿Qué mejora tiene en mente?
— Una ley de transición energética, que son deberes para la próxima legislatura. Una norma que tenga en cuenta la demanda actual y cómo satisfacerla con la oferta. El 16% de renovables actual es insostenible y el 2030 está a la esquina. ¿Qué modelo queremos? ¿Ser autosuficientes energéticamente o bien que la energía la produzcan otros y tengamos líneas de alta tensión cruzando el territorio? No se puede luchar por la independencia política si no favoreces al mismo tiempo la independencia energética.
¿Se plantean cambios en el decreto actual de renovables?
— Se podría perfeccionar, pero no hablamos en ningún caso de derogarlo ni de hacer modificaciones sustanciales. Perfeccionar quiere decir que podríamos publicitar más cuáles son los criterios con que decidimos la viabilidad o no viabilidad porque seguramente así se entenderá mejor el decreto y las propuestas llegarán más depuradas. O también, con el plan territorial sectorial de las energías renovables, que se podría empezar a hacer en paralelo esta legislatura, pero sin pararnos ni un día en el despliegue, como algunos plantean.
¿Se refiere al acuerdo entre ERC y la CUP para hacer una moratoria y revisar los grandes proyectos que puedan tener un impacto negativo en el territorio?
— No nos podemos permitir una moratoria, estamos en emergencia climática. Diría que la propuesta responde a un cierto desconocimiento y a querer dar respuesta a una tensión territorial legítima, pero a la que yo respondo como Govern desde la práctica cotidiana de la ponencia, que tiene muy en cuenta el vector paisaje. Y a la vez, añado que yo quiero un país con un paisaje que tenga molinos y placas. Esto no es un atentado al paisaje, es una continuación en la lucha contra el cambio climático.
Hablando de los criterios, ahora mismo, ¿a qué distancia de un núcleo habitado está permitido ubicar un aerogenerador?
— Este es el trabajo que hace la ponencia, que evalúa criterios como la proximidad. No solo se basa en una distancia física porque es muy diferente un kilómetro lineal que un kilómetro teniendo en cuenta diferentes alturas . Los criterios siempre son flexibles.
Sobre el mapa se ven zonas claras donde se concentran los proyectos.
— A veces los proyectos de diferentes empresas se solapan, pero no podrá haber dos en un mismo lugar, claro. Ahora hace unos días teníamos una tensión en una comarca por dos proyectos fotovoltaicos que acabamos descartando justamente por proximidad a núcleos habitados. Por lo tanto, tenemos que confiar en los mecanismos y garantías de la ponencia. Las tensiones se tienen que evaluar y ver qué las motiva. ¿Es por un tema de preservación del suelo agrícola? Ahí está el departamento de Agricultura para poder condicionar o denegar. ¿El problema es del paisaje? Está Urbanisme y el Observatori del Paisatge, que lleva muchos años trabajando y que busca que la implantación respete orografías, preexistencias, etc.
¿Por qué no se ve la misma efervescencia en proyectos fotovoltaicos en cubiertas o suelos industriales?
— No hay un modelo contrario a otro, son complementarios. El decreto facilita al máximo la instalación de placas en cubiertas, hasta el punto que hace más sencillo modificar la ley de urbanismo y ya no hace falta ni pedir licencia, sino una mera comunicación municipal. La empresa que presenta un proyecto de parque en un suelo no urbanizable sabe que tendrá que pasar una tramitación larga. Lo que no podemos hacer es priorizar primero unos proyectos u otros porque la realidad es que nos hacen falta de todo tipo.
¿Y cubrir zonas de infraestructuras viarias o ferroviarias con placas fotovoltaicas como hacen algunos países con las autopistas, no es una opción en Catalunya?
— El Govern está acelerando, vía la empresa Infraestructures.cat, la instalación de placas fotovoltaicas sobre los edificios públicos que gestiona. En Territori estamos haciendo lo mismo con las naves que gestiona Cimalsa o en edificios de puertos y aeropuertos de la Generalitat y también Incasòl, que promueve proyectos de iniciativa pública de implantación de actividades económicas, ha incorporado la producción de energía de proximidad en los planos directores y ya hemos hecho un primer concurso en Alt Camp. En las grandes infraestructuras viarias, ferroviarias y también hidráulicas, junto con Agricultura, estamos estudiando cómo hacerlo. No es fácil porque en todo lo que hace referencia a las autopistas hay condicionantes como zonas de protección para seguridad viaria. Lo estamos estudiando y lo haremos tanto como podamos.
¿Se plantean mecanismos para aumentar la participación del territorio (administraciones o ciudadanos) en proyectos de renovables?
— Es imperativo que los territorios que acogen propuestas reciban beneficios directos para su desarrollo y bienestar. Es importante la generación de puestos de trabajo de calidad, la inversión y la dinamización económica, pero también tiene que haber beneficios directos. Esto puede preverlo la ley de transición que propongo que se tiene que abordar. Esto ahora no está muy resuelto, lo admito. Porque la legislación es muy rígida y, por ejemplo, los IBI se pagan al municipio donde se implanta el parque, pero a menudo está afectando físicamente a más de un término municipal, y esto se tiene que resolver porque sería una especie de compensación por el impacto real pero necesario de estos proyectos.
¿Y fijar por ley una participación pública o del territorio en proyectos que se presenten?
— Con el antiguo decreto, ya se permitían proyectos cooperativos y no se producían. Ahora tampoco tenemos demasiados, a pesar de que son muy bienvenidos. En la ley de transición energética se quiere prever la participación local o ciudadana regulada por ley en los proyectos. Fijar este porcentaje de participación creo que sería una manera de favorecer la transición.
