Primer paso para abrir el camino de ronda entre un chalet sin licencia y los Jardines de Cap Roig

GeronaMás de cien kilómetros de camino de ronda recorren la Costa Brava de punta a punta. De Blanes a Portbou. A veces son escarpados y pedregosos, entre pinares y acantilados, y junto al mar. Históricamente los utilizaban pescadores y marineros para desplazarse a pie entre los pueblos de la costa, recorriendo la Guardia Civil y los carabineros para controlar el contrabando. Ahora les frecuentan sobre todo excursionistas que van de ruta o bañistas que desean acceder a calas más escondidas. Pero en muchos puntos de ese trazado hay cortes. A pesar de tratarse de un entorno de uso público, chalets y propiedades privadas vetan el acceso con señales amenazadoras y obligan a los caminantes a dar rodeos por pistas forestales o senderos. En Garbet, una finca del Grupo Peralada desvía a los peatones durante 300 metros por las rocas. En Lloret, una mansión de un magnate de Kazajistán también cierra el camino y, en Palafrugell, de la playa del Golfet hasta los Jardines de Cap Roig, propiedad de la Fundación La Caixa, no se puede caminar junto al mar.

Por un lado, este último tramo –el del Golfet y Cap Roig– está cortado por el polémico chalet de tres plantas, sobre la playa, con la licencia anulada en los tribunales, que cierra el paso con unos muros altísimos que hacen de contrafuerte de la construcción en la pendiente. Al chocar con el caserón, los peatones que quieren caminar en dirección a Cap Roig deben recular por unas escaleras empinadas en dirección a la urbanización y bordear por el interior siguiendo la carretera asfaltada que lleva hasta los jardines. Una vez allí, tampoco es posible reanudar el rumbo cerca del mar, ya que toda la finca privada de los jardines botánicos de la Fundación La Caixa obliga a continuar lejos de la costa por una pista de 500 metros hasta desviarse por un sendero mal indicado y empinado que desciende a la playa del Crit. Los Jardines de Cap Roig, que se pueden visitar pagando entrada, forman el complejo del castillo, los restaurantes y el auditorio donde en verano se organiza el festival de música.

En total, se trata de un kilómetro de trayecto interior que no permite acceder a los acantilados y calas de este entorno. Lugares de interés como la punta de Cap Roig o la cala de Massoni, conocida popularmente como cala Rusa en referencia a Dorothy Webster, la millonaria aristócrata que, en los años 20 del siglo pasado, hizo construir el castillo y los jardines botánicos con su marido Nicholas Woevodsky.

"Si hacemos pasar los caminos por detrás de las propiedades privadas, estamos perdiendo un patrimonio histórico y cultural que es importante: forma parte de historias de pescadores, carabineros y contrabandistas, ha hablado incluso Josep Pla", explica el portavoz de la comisión de medio marino de SOS Costa Brava, Jordi Cruz. La ley de costas de 1988 definió los metros, pero los caminos ya eran públicos mucho antes, sostiene. "No se pueden cerrar así como así porque has comprado una finca y no quieres que la gente pase", concluye.

Denuncias ante el Ayuntamiento, la Generalitat y el Estado

La entidad ecologista SOS Costa Brava ha denunciado este caso en el Ayuntamiento de Palafrugell, la Generalitat y la dirección de costas del ministerio de Transición Ecológica, pero lamenta que, de momento, las diferentes administraciones se pasan la pelota y evitan asumir responsabilidades. Eduard de Ribot, abogado de SOS Costa Brava, denuncia que la Fundación La Caixa está cometiendo una ilegalidad con el beneplácito de los órganos públicos. "En el plan especial del 2019 se exigió como condición de la rehabilitación del castillo de Cap Roig realizar el camino de ronda. Pero, seis años después, Cap Roig está funcionando y tiene actividad sin haber cumplido esta condición para la apertura", argumenta.

Aparte de las denuncias administrativas, SOS Costa Brava esta semana también ha presentado alegaciones al trámite de información pública de la licencia de actividad de la Fundación La Caixa, reiterando que no se ha ejecutado el requisito obligatorio del camino de ronda y que la licencia otorgada no dispone de evaluación ambiental ni estudio de impacto acústico y de movilidad.

Al respecto, el Ayuntamiento palafrugellenc responde que, desde que Webster adquirió el castillo, nunca ha existido ningún camino de ronda en esta zona y que, por tanto, hay que acondicionar uno cero y es en esa dirección que trabaja. "Ha costado muchos años de esfuerzos, sobre todo porque las administraciones superiores debían encontrar acuerdos con la Fundación La Caixa, buscar fórmulas de financiación y quien lo ha encabezado ha sido el ayuntamiento", defiende en el ARA el concejal de urbanismo, Xavier Rangell. "Finalmente, podemos anunciar que hemos llegado a un consenso con Costas y Servicios del Litoral y, en el próximo plenario de noviembre, se hará la aprobación inicial del documento del camino de ronda", avanza.

Este proyecto prevé un trazado que empieza en el chalet del Golfet, construyendo una pasarela que aprovechará los muros de la casa, y continúa por dentro de la finca de Cap Roig hasta el término municipal de Mont-ras. Una vez aprobado el primer proyecto, habrá que recibir los permisos de obra pertinentes, abrir la licitación y empezar las obras, que se prevén para el último trimestre de 2026, dentro de un año. La Caixa, que financiará la adecuación de todo el tramo de camino de su parcela, celebra el acuerdo y añade que siempre ha mantenido su compromiso de abrir el camino.

Llamamiento para vigilar los caminos

Para denunciar los diferentes puntos negros en los caminos de ronda del litoral gerundense, la plataforma ecologista SOS Costa Brava ha puesto en marcha la campaña de micromecenazgo "Camins lliures", con el objetivo de obtener fondos y crear un sistema de seguimiento, diagnosis y vigilancia ciudadana. Con una meta inicial de 6.600 euros, la entidad hace un llamamiento a garantizar el acceso público al litoral y preservar el valor ambiental e histórico de estos caminos, amparándose en la ley de la servidumbre de tráfico, que obliga a cualquier propietario privado y administración a garantizar el paso libre en una franja de seis metros del litoral.