La pobreza se cuela en las comunidades de vecinos

Olesa de MontserratEs día de abrir la puerta a los peritos y cruzar los dedos para que las llamas pasen de largo. Y sobre todo confiar que los seguros se hagan cargo de todos los desperfectos. A los vecinos del número 22 de la calle Jaume Duran Duran, en el barrio de Sant Bernat de Olesa de Montserrat, todavía les tiemblan las piernas al recordar el incendio que el sábado por la noche se originó en un piso de la primera planta, donde residía la única víctima mortal del siniestro, y se esparció por todo el edificio por la fachada y el agujero de la escalera. Hay 18 heridos, tres de ellos ingresados en estado grave, y las veinte familias de vecinos todavía no saben cuándo podrán volver, pero calculan que tienen para unos cuántos días porque no hay electricidad en todo el bloque y algunas viviendas han quedado muy dañadas, ya sea por las llamas y el humo negro o por el agua de la extinción, que atravesó suelos y techos y ha estropeado muebles, techos y parquet. 

“Mi sofá ha quedado totalmente reventado, supongo que del calor, pero, vaya, lo importante es que estoy bien”, comenta una joven. Carme Rodríguez, en el mismo rellano del inicio del fuego, entra en su casa por segunda vez para buscar algo más de ropa y constata que podría haber sido peor. “Toda la comida que tenía se ha estropeado, pero hasta que mañana no vengan los del seguro lo dejaré en la nevera para que lo vean”, explica. También ha tenido “suerte” Luisa, que calcula que tendrá que pintar las paredes y ya. El susto se lo llevó la noche del fuego, cuando estaba cenando fuera de casa y una amiga la alertó. Dentro del piso se quedó atrapado hasta que lo sacaron los bomberos su hijo sordo de 31 años. “Verlo a través de la ventana fue horrible”, recuerda.

Barrios de la vieja Adigsa

El de Sant Bernat de Olesa es uno de los 53 barrios de protección oficial levantados durante el franquismo y que, hasta que fueron traspasados a los vecinos, eran gestionados por la antigua Adigsa, la predecesora de la Agencia de la Vivienda. Sin embargo, la Generalitat tiene identificadas 236 zonas vulnerables. Son barrios donde se instaló mayoritariamente la oleada de migración española, cuyos vecinos han marchado buscando pisos más grandes y más servicios a medida que han prosperado económicamente. También se da el caso de vecinos que han muerto y los pisos han quedado vacíos o han cambiado de propietario. En el cambio ha llegado la nueva inmigración, trabajadores con salarios mezquinos, familias vulnerables y gente que por necesidad ha ocupado los pisos vacíos de bancos o fondos buitres “que no saben ni que los tienen”, señala el alcalde de la localidad, Miquel Riera, que desde el primer momento ha levantado la voz para reclamar una vez más "un plan de actuación" para estos barrios. "Los ayuntamientos no podemos hacerlo solos, sino que nos hace falta el apoyo de entidades supramunicipales, de la Generalitat", afirma Riera, que apunta que una buena solución sería recuperar "el espíritu de la ley de barrios", que hace 15 años invirtió más de 1.100 millones de euros en zonas desfavorecidas.

Si la muerte de Rosa Pitarch el 14 de noviembre de 2016 en Reus puso a cuerpo descubierto la vulnerabilidad de miles de ciudadanos que no pueden hacer frente al gasto de electricidad y de gas, la muerte de Maria, de 71 años, en Olesa de Montserrat tiene que servir para conocer las deficiencias estructurales de edificios construidos hace más de medio siglo que "no cumplen los estándares actuales", afirma el alcalde, que ha presidido el minuto de silencio en solidaridad con las víctimas.

Es lo que se denomina vulnerabilidad urbana, otra manera de definir el aumento de las desigualdades sociales y de la pobreza, concentrada en barrios y zonas con un tejido vecinal con altas tasas de paro, precariedad laboral y bajas pensiones. En el edificio afectado en Sant Bernat conviven los vecinos de toda la vida con otros llegados en los últimos años y, según explican algunos residentes, se hace difícil, por ejemplo, convocar una reunión de la comunidad para exponer problemas o plantear mejoras. "Somos vecinos de todo tipo, la mayoría trabajadores, pero sí que hacen falta inversiones que no se hacen", lamenta Luisa, una vecina.

El alcalde añade que a menudo son comunidades que necesitan "un acompañamiento" de la administración porque tampoco cuando se les da una subvención o ayuda para abordar unas obras saben cómo hacer los trámites y tampoco "hay nadie que arrastre a los demás". En Sant Bernat, solo en un edificio se han puesto de acuerdo para instalar un ascensor, mientras que en el resto no hay ninguna rampa que facilite el acceso a las personas con movilidad reducida.

Por su parte, en relación a este caso, el departamento asegura que el Ayuntamiento no le ha pedido ninguna actuación exprés en este barrio, y defiende que anualmente se abre una convocatoria de rehabilitación y mejora de las instalaciones eléctricas para los valles “ex-Adigsa” que se cubren con "fondos propios de la Generalitat".  

Sin pistas

Los Bomberos no han encontrado, de momento, ninguna pista sobre el origen del fuego, y los Mossos d'Esquadra han entrado en la investigación para esclarecer si el incidente tiene el origen en la pobreza energética. A pie de calle todo son teorías e hipótesis sin ninguna otra base que los rumores de los vecinos, todavía en estado de shock de ver y olor el incendio dentro de las casas. Riera insiste que hay que esperar al informe técnico para evitar llegar a conclusiones erróneas de la verdadera causa del fuego, pero sí que apunta a que en barrios como el de Sant Bernat “la pobreza” se apodera de comunidades de vecinos enteras y que, sin entrar en si es este el caso, hay vecinos que tienen que pinchar la luz en el contador.

Contadores sociales

A la espera de las conclusiones de la investigación, desde la Alianza contra la Pobreza Energética apuntan que detrás de la mayoría de incendios está la pobreza energética y, por eso, reclaman que siempre se analice el estado del sistema eléctrico del bloque siniestrado para ver si la compañía distribuidora no ha hecho el mantenimiento, a la vez que se pregunta por qué la conselleria de Interior todavía no ha puesto en marcha el protocolo, como sí que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, para detectar los casos cuando los bomberos van a hacer inspecciones a los domicilios.

En un decreto calificado de histórico entre la Generalitat y Endesa, las dos partes acordaron asumir los gastos de los 35.000 clientes vulnerables que no pueden pagar las facturas para evitar que se queden sin suministro. Desde el departamento no han dado respuesta, sin embargo, a cuántos contadores sociales se han instalado para garantizar el servicio s los vecinos con el padrón al día que tienen pinchadss la luz o el gas.