Los barrios vulnerables de Catalunya

BarcelonaLa Generalitat tiene identificadas 236 zonas vulnerables en toda Catalunya. Muchas son barrios; otros, zonas concretas de municipios pequeños que también requieren una atención especial de la administración. En esta lista está desde el barrio del Congost de Granollers o Camp Clar en Tarragona, hasta el casco antiguo de Alfarràs, un municipio del Segrià con 2.800 habitantes.

Desde la llegada de los ayuntamientos democráticos y la recuperación de la Generalitat, se han desarrollado programas para combatir una vulnerabilidad que se ha enquistado en muchos de estos barrios. A pesar de los esfuerzos invertidos, la mayoría continúan igual, con una pobreza crónica y problemas estructurales que no se consiguen revertir. “Evidentemente se han mejorado las condiciones de vida, porque en 70 y 80 ciudades como Barcelona estaban llenas de barracas, pero estos barrios que hace 40 años ya mostraban una alta concentración de problemáticas sociales y deficiencias urbanísticas son las mismos que hay ahora”, describe el sociólogo Sergio Porcel, del Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). De hecho, entre 1991 y 2011, durante la época de más crecimiento económico, el número de barrios vulnerables de las grandes ciudades catalanas se multiplicó casi por 5.

A pesar de que el departamento de Territori tiene identificadas estas áreas urbanas de atención especial por todo el territorio (35 en Lleida y Girona, 32 en Tarragona y 134 en Barcelona), la gran mayoría se concentran en los ejes de los ríos Llobregat y sobre todo Besòs, que reúne casi el 70% de los ámbitos más vulnerables del área metropolitana. Un ejemplo es Santa Coloma de Gramenet, donde más del 50% de la población vive en barrios muy vulnerables.

El boom migratorio

¿Cuál es el origen de esta realidad? Principalmente, hay tres tipos de orígenes. “Centros históricos que se han degradado, polígonos de vivienda masificados construidos entre los años 50 y 70, y áreas nacidas de procesos de urbanización marginal, barrios que nacieron de la autoconstrucción”, señala Oriol Nel·lo, geógrafo especializado en estudios urbanos y ordenación del territorio, que lideró la ley de barrios que impulsó el tripartito en 2004. “A principios de los 80, cuando la Generalitat asume las competencias, se encuentra grandes barrios, pero también municipios pequeños, con infrahabitajes y patologías estructurales, como la aluminosi, pisos de 40 m² donde vivían 8 personas”, explica el conseller de Territori Damià Calvet.

“Eran espacios donde se asentaron los primeros movimientos migratorios españoles y, con el cambio de siglo, la población migrante internacional. Los grandes polígonos de vivienda social levantados durante el franquismo aumentaron mucho su densidad. Eran muchas viviendas en un espacio pequeño y orientado a un perfil de población muy determinado, con pocos recursos y que vivían en propiedad porque eran viviendas sociales y esto les arraigaba en el territorio”, añade Porcel, que explica el proceso que se vivió en el cambio de siglo, cuando el boom inmobiliario coincidió con la llegada de centenares de miles de personas extranjeras con pocos recursos: “Muchos trabajadores que tenían pisos en propiedad los vendieron a una población inmigrada que se aprovechaba que los bancos concedían hipotecas con facilidad. La llegada de la crisis empeoró la situación y empezaron a haber muchos desahucios”. Hubo, pues, una sustitución de población en barrios ya de por si vulnerables. Además, al tratarse de las zonas urbanas donde la vivienda es más barata, se concentró “mucha población sin permiso de trabajo, empleados en economía sumergida y que no pueden acceder a ayudas”, apunta Enric Morist, vicepresidente de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social. Este segmento de población se sumó a la bolsa que ya había, gente “muy envejecida” que con la pensión que tiene no puede cambiar de vivienda y se mantiene en estas áreas donde los edificios tienen deficiencias muy graves. Gente, además, a quien las crisis, como por ejemplo la pandemia actual, golpean más duramente, y provocan que los ayuntamientos se vean desbordados y sin posibilidad de aplicar políticas para mejorar la vida de los vecinos.

Los indicadores

Estos barrios vulnerables son muchas veces limítrofes con áreas donde vive población con un alto nivel de renta, y se crean contrastes enormes. En Girona, según los últimos datos del INE de 2017, hay áreas censales como el barrio de Montilivi donde la renta familiar se acerca a los 67.000 euros de media, mientras que unos metros más allá, en el barrio de la Font de la Pólvora, es inferior a los 14.000 euros. Hay otros muchos indicadores. El porcentaje de población parada en Ciutat Meridiana, uno de los barrios más pobres de Barcelona, es del 16,5%, mientras que en Pedralbes, el barrio más rico, del 3,7%. El fracaso escolar entre los alumnos de Ciutat Vella de cuarto de ESO es seis veces más alto que el de los estudiantes de Sarrià. La esperanza de vida de estos barrios no difiere tanto respecto al resto, porque vive gente muy mayor, pero entre Trinitat Nova (80,1 años) y Pedralbes (86,8) hay casi 7 años de diferencia. De hecho, para definir el concepto de vulnerabilidad, los académicos utilizan datos de una dimensión social (pobreza, envejecimiento/soledad e inmigración extranjera) y residencial (densidad, viviendas antiguas y degradadas).

El problema de la estigmatización

Otro de los indicadores que se asocia a estos barrios es el de la delincuencia y la alta presencia de drogas. Muchas veces agrava la estigmatización del barrio y provoca que mucha gente evite vivir o incluso transitar por la zona. “Cuando preguntas cuál es el barrio más peligroso siempre aparecen los mismos: el Raval, la Mina, Sant Roc... Y estos no son necesariamente los que atraen más localización de delitos ni más percepción de inseguridad entre sus habitantes”, explica Marta Murrià, jefa del área de convivencia y seguridad urbana de la IERMB. El estigma crece y luchar contra él es una de las grandes problemáticas que tienen muchos de estos barrios. “El miedo de sufrir un delito hace que la gente se sienta segura o no. Si se deja de ir, un lugar se vacía y puede propiciar la pequeña delincuencia”, argumenta el sociólogo y criminólogo Roger Mancho.

Además, cuando la vulnerabilidad se enquista se pierde parte del tejido asociativo, vital para “ser interlocutor con las administraciones para mejorar el barrio”, dice el antropólogo José Mansilla: “La ciudad tiene potencialidad para crear redes, que solo se mantienen cuando la gente tiene capacidad para sobrevivir”. “Los barrios organizados resisten mejor la crisis”, concluye Nel·lo.

Vivienda de protección oficial, alquiler y 1.800 millones de los fondos europeos

Si hasta ahora el número de barrios vulnerables no ha parado de crecer, ¿qué se tiene que hacer para revertir esta situación enquistada y repetida por todo el territorio? Para Oriol Nel·lo, “se tiene que evitar que haya grandes diferencias entre el precio del suelo en las diversas áreas incrementando la vivienda de protección oficial en todo el territorio”. Tiene que haber vivienda asequible distribuida por todo el país, se tiene que pasar del 3%-5% actual a niveles otros países de Europa donde puede llegar a ser del 20% o el 40%. Solo así se evita la concentración de la vulnerabilidad porque hasta ahora la “tendencia de la población más acomodada es segregarse del resto, y aquellos que tienen rentas más altas, para disfrutar de las ventajas de vivir entre ellos, se agrupan” y esto genera más contrastes. “Son dos expresiones del mismo problema. ¿Por qué se reúne la población de más recursos en un lugar y no lo vemos como un problema?”, se pregunta Nel·lo. De hecho, tanto él como Sergio Porcel coinciden que hay que abordar el tema desde una óptica supralocal con mirada metropolitana en el caso de Barcelona y su área, puesto que la concentración de población con menos nivel de renta allá donde los precios son más bajos ha hecho que estos municipios tengan una base fiscal más baja y, por lo tanto, los que requieren mas intervención tienen menos capacidad para actuar. “La pobreza en estos barrios se explica por factores estructurales que sobrepasan la realidad del barrio, por lo tanto, no solo hacen falta políticas de barrio, sino también mejorar políticas de protección en términos generales”, apunta Porcel.

El conseller de Territori, Damià Calvet, también rema en esta dirección. Él estaba en la Generalitat antes de la llegada del tripartito, que de la mano de Nel·lo impulsó la ley de barrios, que supuso más de 1.300 millones de inversión en 117 municipios y más de 4.000 actuaciones. “Advertimos que no había suficiente con la remodelación física, que eran necesarias políticas sociales de acompañamiento, más actuación sobre las personas. Cuando el tripartito hace la ley de barrios era una mejora de lo que estábamos haciendo, una visión más holística, que nosotros no tuvimos”, reconoce con un punto de envidia sana Calvet, que vio como la “contención” económica de 2010 lo frenó todo. De hecho, este marzo se acaban las últimas actuaciones que se adjudicaron en 2010, en la última convocatoria de la ley de barrios. Antes, la Generalitat había impulsado un programa de remodelación de barrios que supuso más de “500 millones para construir 8.800 viviendas nuevas” en lugares como Sant Cosme, Sant Roc, Torreforta, Via Trajana o el Polvorí. “En la Barcelona postolímpica todavía había mujeres lavando ropa en lavaderos comunitarios en las casas del Governador”, relata el conseller para poner un ejemplo de la complejidad del tema.

Sin embargo, después de una década sin poder invertir grandes partidas, los fondos europeos Next Generation pueden suponer una ventana de oportunidades. “Europa marca como gran objetivo la mejora del parque de vivienda existente, es la agenda verde, la lucha contra el cambio climático y la mejor eficiencia energética. Si rehabilitas, ocupas menos suelo”, dice Calvet, que apunta que uno de los proyectos que ha presentado Catalunya a los fondos es la Agenda Urbana, con 1.800 millones sobre la mesa. El conseller, además, es tajante a la hora de definir los pasos a seguir: “La política de vivienda no la puedes dejar en manos del libre mercado, la administración no puede hacer más promoción pública de compraventa, todo tiene que ir dirigido al alquiler”.

Por su parte, el antropólogo José Mansilla remarca que la clave para mejorar la situación de estos barrios es precisamente evitar que la “gente que vive ahí se tenga que marchar”: evitar la gentrificación. Traer gente de fuera, de un nivel adquisitivo más alto, no sirve para mejorar la situación de las personas que han vivido ahí toda la vida, porque estos dos segmentos de población no se acaban relacionando. “La gente con más dinero se apropia del territorio. Se cree que la riqueza de los que llegan acabará ayudando a los menos favorecidos, y esto es falso. La gente acaba desplazada. Se genera un proceso de olas de gentrificación”, remarca Mansilla. “Este tipo de política no busca solucionar el problema, sino diluirlo. No ataca el problema real, que es la pobreza”, resume Porcel.