Sociedad 29/04/2021

Máxima presión sobre Colau para salvar el gimnasio social del Raval del desalojo

Ayuntamiento y propiedad continúan encallados en la negociación para la compra del Sant Pau y el plazo se acaba viernes

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La fachada del Gimnasio Social Santo Pau

Barcelona"Hace cinco años que reclamamos que Ada Colau se implique personalmente en las negociaciones. Ya no se puede esconder más". Es el mensaje que lanza el Gimnasio Social Sant Pau del Raval, con la cuenta atrás incesante del desalojo fijado para este viernes como espada de Damocles. El proyecto, que ahora funciona como centro de emergencia covid y ayuda con ropa, comida y duchas a un millar de personas cada mes, ya se salvó por los pelos a principios de año, cuando la propiedad del edificio, la familia Samaranch-Viñas, y el Ayuntamiento se dieron dos meses para encontrar una solución que impidiera el desalojo. Aquel plazo venció hace semanas y ahora ya hay una nueva fecha límite para el acuerdo... Y el acuerdo no llega. Y nadie mueve más fichas.

El gobierno municipal defiende que ha puesto una buena oferta sobre la mesa de negociación: 9,5 millones de euros para quedarse con el edificio, donde mantendría el gimnasio y construiría vivienda pública, pero la propiedad asegura que tiene una tasación que sitúa el valor del inmueble en el entorno de los 14 millones. Entre los propietarios hay división de opiniones: no todos los miembros de la familia están dispuestos a vender y a renunciar al proyecto inmobiliario que hace años que preparan en la ronda Sant Pau, 46 para construir 48 pisos, ni tampoco a vender al precio tasado por el consistorio. Y en este callejón sin salida, con una diferencia de 4,5 millones, se han estancado las conversaciones: los unos no cambian la oferta ni se plantean la vía de la expropiación que clama la oposición y el mismo gimnasio, y los otros no dan un no definitivo a la propuesta pero tampoco la aceptan. Y el calendario corre. Ahora en el gimnasio ya se preparan para la defensa "festiva" del espacio por si no hay un giro de última hora y la comitiva judicial les visita viernes.

"Nosotros hemos hecho los deberes, defendemos el proyecto cada día con trabajo y hemos buscado todas las alianzas posibles para mantenerlo", explica Ernest Morera, el alma del Sant Pau. Desde la cooperativa que gestiona el espacio señalan ahora al gobierno de Colau y especialmente a la alcaldesa, a quien piden que coja las riendas de la solución del conflicto. Y ella insiste que el Ayuntamiento está "muy implicado" en la negociación, que ya ha planteado una oferta "muy potente" para adquirir el espacio y defiende una solución "acordada" con la propiedad.

Quien ha capitaneado la representación del gobierno municipal en el conflicto es el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, que estos días está de permiso de paternidad, que defendía la propuesta de los 9,5 millones como "buena y a precio de mercado". Ahora tanto el gimnasio como la oposición piden que sea la alcaldesa quien coja el timón. "Es un tema de ciudad. Responsabilidad de la alcaldesa", remarcan desde la cooperativa, convencidos de que si el consistorio se cree su tasación no tendría que tener miedo de empezar un proceso de expropiación.

La oposición tampoco da por buena la estrategia municipal de tirar la pelota a la azotea de la propiedad. ERC y JxCat –y también Cs, a pesar de que hoy no se ha sumado a la rueda de prensa convocada por la tarde– exigen más pasos: expropiar el edificio como se ha hecho en casos similares, como el de las casetas de la calle Encarnació, en Gràcia. Los republicanos remarcan que en el pacto de presupuestos para este 2021 se incluyó una partida de 30 millones para comprar edificios singulares y que el Sant Pau sería un claro candidato a entrar en esta lista. "Hay partidas económicas más que suficientes para abordar la situación", ha dicho el líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, que ha reclamado a Colau que encuentre una solución al conflicto a través del "diálogo y la negociación".

El republicano ha puesto de manifiesto el "mensaje añadido" que supondría el desahucio del equipamiento, que da servicio a miles de personas vulnerables de la ciudad. "Aquí se estarían desahuciando a tres mil usuarios o más de golpe, a todos los usuarios de este gimnasio social que de alguna manera es su casa", ha señalado Maragall, que ha insistido en el consistorio que todavía "hay tiempo" y ha fijado este jueves como fecha límite para encontrar un nuevo acuerdo. La portavoz de Junts, Elsa Artadi, ha criticado el "cambio de interlocutores constante" por parte del Ayuntamiento, a quien ha acusado de tener una "actitud de dejadez" durante las negociaciones. "Se ha decidido no negociar, se ha cogido una posición maximalista y totalmente inmovilista", ha afirmado Artadi.

Por su parte, la CUP y el Sindicato de Personas Sin Hogar han instado incluso al gobierno de la Generalitat a aplicar medidas urgentes y a trabajar conjuntamente para proteger el espacio y empezar el proceso de expropiación del inmueble. En una comparecencia en el Parlament, Basha Changue, diputada de la CUP-NCG, ha emplazado a ERC a mantener la misma actitud y voluntad que asegura que tienen en el Ayuntamiento para ayudar el proyecto social.

Viernes, que es el día fijado para el desalojo pero también el día en que se celebra el pleno municipal, ERC dirigirá una pregunta a Colau sobre la gestión del caso Sant Pau. Un punto que ha generado alguna tensión con JxCat, puesto que al plantearse como pregunta y no como proposición no tendrá turno de intervención, pero que los republicanos aseguran que han hecho en este formato para poder interpelar a Colau de manera directa.

Lo que está claro a estas alturas es que los dos grupos apoyarán al acto de rechazo al desahucio de viernes, que se prevé que concentre centenares de personas en la ronda Sant Pau. Habrá usuarios del gimnasio, y representantes de diferentes asociaciones del barrio y de los movimientos sociales y políticos de todos los partidos que ya se han posicionado en la defensa del equipamiento. Los responsables del proyecto confían que lunes podrán reabrir con normalidad a pesar de la amenaza de desahucio y a pesar de que el contrato para funcionar como equipamiento de emergencia también vence a finales de mes. Seguirán atendiendo a los usuarios con medios propios, aseguran.

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