El PSOE anuncia una reforma legal para penalizar a los burdeles y erradicar la prostitución

MadridEn la anterior legislatura el PSOE ya intentó avanzar en la abolición de la prostitución con una proposición de ley que no culminó su recorrido parlamentario en el Congreso. Pero la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que los socialistas volverán a intentarlo. En una comparecencia en la cámara baja para presentar las líneas generales del departamento que encabeza, Redondo ha explicado que el PSOE presentará "próximamente" una iniciativa para penalizar a los propietarios de los inmuebles donde se produzca una situación de explotación sexual (lo que se conoce como el delito de latercería locativa). Este delito quedará recogido en el Código Penal.

"Es un primer paso", explicó Redondo, que avanzó que a lo largo de la legislatura irá "poniendo los ingredientes" para "erradicar" la explotación sexual. "El abolicionismo es una finalidad", aseveró. En este sentido, ha admitido que también será necesario ofrecer una alternativa de vida digna para las 60.000 mujeres que están en situación de prostitución en España, muchas de ellas de origen migrante, y que necesitan una solución residencial y laboral.- _BK_COD_ En la proposición de ley registrada en la anterior legislatura, el PSOE planteaba castigar con penas de entre dos y cuatro años de prisión y multa de 18 a 24 meses a quienes "con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona”. Incluso cuando esta situación se produjera "con su consentimiento". Esto abría la puerta a sancionar a mujeres –propietarias del piso– que aseguraran que ejercían la prostitución por voluntad propia. Algunos colectivos de trabajadoras sexuales del Estado han denunciado reiteradamente que esto "criminaliza" a aquellas mujeres que "se organizan, trabajan y viven en el mismo sitio". Y, de hecho, este debate genera división a la izquierda y al propio gobierno de coalición.

Los comunes, que defienden un planteamiento que regula la prostitución en lugar de abolirla –es decir, reconocer los derechos de las trabajadoras sexuales en lugar de perseguir estas prácticas– se desmarcaron y votaron en contra de tramitar la norma de los socialistas. Ahora bien, Podemos votó a favor. ERC, otro de los socios de la coalición, también se opuso. En cambio el PP le apoyó. Unos posicionamientos que previsiblemente se repetirán esta legislatura, en la que los socialistas ya han avisado a la convención política de este fin de semana de que recuperarían su hoja de ruta para perseguir el proxenetismo y abolir la prostitución.