El racismo en Catalunya: abusos policiales y conflictos vecinales
Las denuncias han disminuido por la falta de testigos de los ataques y la desconfianza de los extranjeros en las administraciones
MartorellLos conflictos en las comunidades de vecinos y los abusos de las fuerzas policiales son los grandes focos de racismo en Catalunya. Los dos ámbitos suman la mitad de las 99 denuncias que SOS Racisme recibió durante el 2020 (el anterior había tramitado 128), en una tendencia a la baja que se ha repetido en las denuncias por violencia machista debido a las dificultades de movilidad impuestas por el coronavirus.
La obligatoriedad de quedarse en casa ha convertido las escaleras de vecinos en puntos calientes en los que el racismo se ha agravado, precisamente porque la convivencia se ha intensificado sobre todo durante los tres meses de confinamiento domiciliario; ahora, estas situaciones representan más de la mitad de los conflictos entre particulares. Pero más que un cambio de tipología, como la gente ha tenido que pasar más tiempo encerrada en los domicilios la tensión se ha trasladado al ámbito privado y ha habido un "deterioro y agravación" de las situaciones vecinales ya típicas, como las quejas por los ruidos u olores de comida, ha matizado Alícia Rodríguez, coordinadora del Servicio de Atención y Denuncias (SAID) de la entidad. En este contexto, solo dos de cada diez denuncias que han llegado a la oficina de la entidad se han producido en la calle, por insultos o incluso agresiones físicas, y en menor medida, entre compañeros de trabajo.
La xenofobia y los temporeros
"El covid ha evidenciado el racismo institucional y estructural", ha subrayado la coordinadora, que ha recordado que al inicio de la pandemia se produjeron ataques contra la comunidad china, apuntada falsamente como origen de la infección, y posteriormente se señaló a los temporeros de Lleida como responsables de rebrotes o se criminalizó a los extranjeros que se saltan los confinamientos y toques de queda, a pesar de que en realidad la mayoría lo hacían porque se veían obligados a salir de casa para trabajar en trabajos esenciales o para "sobrevivir", según Rodríguez.
Bajo la justificación del control para hacer cumplir las medidas restrictivas, las fuerzas policiales se han desplegado por el territorio, pero SOS Racisme ha detectado que "se ha aprovechado para hacer batidas de perfil étnico", que discriminan en función del aspecto físico y que han sido contestadas por entidades a favor de los derechos humanos y las Naciones Unidas. No se han denunciado abusos físicos, ha relatado Gemma Ferreón, coordinadora de incidencias de SOS Racisme, pero sí "un trato abusivo y denuncias falsas" de los agentes, que se han acogido a la ley de seguridad ciudadana para poner en marcha estos controles indiscriminados. Ninguna de las denuncias dirigidas contra los cuerpos policiales se han podido tramitar por ninguna vía, en parte porque la pandemia dejó las calles vacías y los inmigrantes que se han atrevido a denunciar no han encontrado testigos.
Impunidad ante los abusos policiales
Rodríguez ha denunciado que no se hayan establecido medidas de control en el estado de alarma para evitar la total impunidad con la que, asegura, han quedado todos los abusos policiales. Para SOS Racisme, es primordial que se aborden "cambios en las lógicas de seguridad" y ha exigido acabar con estas operaciones policiales que apuntan solo a extranjeros.
Las responsables de la entidad han subrayado el descenso del número de casos que han tramitado en las oficinas. En parte, han explicado, se debe a las dificultades marcadas por las restricciones pero también a la "desconfianza y recelo en la administración" y también a la alta vulnerabilidad, agravada por la pandemia, que ha dificultado que se pueda localizar a los denunciantes porque han cambiado de domicilio o ha aumentado su precariedad.
La memoria recoge que las causas que menos han sido denunciadas son las de los abusos y discriminaciones por agentes de seguridad privada (60%), las discriminaciones en derechos sociales (55%), de acceso a la vivienda o a la salud, las de las fuerzas policiales (54%), y entre particulares (44%). Gemma Ferreón ha denunciado que durante el 2020 ha continuado el "racismo institucional", que se traduce en "leyes racistas y discursos dirigidos a los y las españolas, excluyendo a los migrantes". A su parecer, todo esto refuerza comportamientos racistas, como las patrullas ciudadanas formadas en el Maresme o los ataques en centros y domicilios de jóvenes extranjeros.
