Sociedad 18/10/2021

El reparto de alumnos vulnerables en Barcelona abre un conflicto con la escuela concertada

La justicia tumbó el plan de choque contra la segregación después de una denuncia de las patronales

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Mochilas al pasillo de una escuela de Barcelona

BarcelonaEste es el tercer curso en el que en Barcelona está en marcha un renovador plan de choque contra la segregación que ha sacudido los centros educativos: debido a las alarmantes cifras de segregación escolar en la ciudad y con el objetivo de evitar que se creen escuelas gueto, el Consorcio de Educación decidió repartir a los alumnos pobres (los que los servicios sociales determinan como alumnos con necesidades socioeconómicas especiales) de manera "equilibrada" y "equitativa". La idea era detectar a los alumnos vulnerables de P3 y 1º de ESO –se calcula que cerca de un 14% de los menores de 17 años viven en pobreza extrema en Barcelona–, preasignarlos a un centro concreto, que las familias podían aceptar o rechazar, y darles gratuitamente los campamentos, el comedor, las extraescolares y actividades de verano, tanto si les tocaba un centro público como uno concertado.

A pesar de los loables objetivos del plan, pronto empezaron a surgir críticas, sobre todo de escuelas en entornos desfavorecidos. Además, los centros concertados, que hace años que denuncian que están infrafinanciados, comprobaron muy pronto que la subvención que realmente se daba por plaza se alejaba mucho de la que había anunciado el Consorcio, formado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Las cuatro patronales de los centros concertados recurrieron judicialmente el plan de choque y, según ha sabido el ARA, la justicia les dio la razón y anuló la medida. Aún así, se ha seguido desplegando y la idea es mantenerla el curso que viene.

El pleito judicial empieza cuando la Associació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Barcelona, la Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya, la Agrupació Escolar Catalana y la Federació Catalana de Centres d'Ensenyament presentaron un recurso contra la resolución del Consorcio del año 2019 que explicaba cómo se tenía que desplegar el plan de choque. Entre otros detalles, decía que la administración abonaría 400 euros anuales por alumno adjudicado a un centro público (240 euros anuales para material escolar, libros de texto y salidas y 160 euros para ir de campamentos) y 1.130 euros por cada niño que fuera a la concertada (aparte de los mismos 400 euros que los de la escuela pública, se añadían 610 euros para actividades complementarias –la sexta hora– y 120 euros para servicios escolares).

Pero las entidades que agrupan a las escuelas concertadas encontraron incoherencias en aquella resolución y pidieron a la justicia que anulara la instrucción. Concretamente, afirmaban que el Consorcio no era competente para hacer este plan de choque, que se "discriminaba al colectivo que pretendía favorecer y se generaba discriminación entre los centros" y que el trámite burocrático no era el adecuado. La jueza estuvo de acuerdo y sentenció que la instrucción "es nula de pleno derecho".

Cambio en los criterios

Según la explicación de la magistrada, y tal como denunciaban las patronales, el Consorcio "no siguió el procedimiento legalmente establecido" para dar una orden de estas características, porque quiso desplegar el programa contra la segregación a través de lo que se denomina acto administrativo y no a través de un reglamento como habría que haber hecho, un trámite más complicado que requiere un dictamen previo de la comisión jurídica asesora de la Generalitat. "La instrucción como vehículo para desplegar la ley de educación de Catalunya es inadecuada y, además, la regulación que contiene la instrucción trasciende a los destinatarios de la regulación, en este caso menores de edad", afirma la juez.

Fuentes del Consorcio admiten que eran conscientes de que con la aprobación del plan de choque estaban "innovando" en términos jurídicos y "estirando" la normativa vigente entonces. A pesar del revés judicial, el Consorcio nunca interpuso un recurso: la decisión judicial llegó cuando el curso impugnado ya había acabado y cuando el gobierno catalán ya había aprobado un nuevo decreto de admisión que amparaba a los ayuntamientos para repartir equitativamente a los alumnos. Este decreto premia a las escuelas concertadas que matriculen a niños desfavorecidos con una aportación extra de 988 euros anuales por alumno, menos de lo que ahora da el Consorcio.

Ahora bien, la sentencia sirvió para modificar el plan de choque: en lugar de presignar a los alumnos en un centro concreto, ahora el Consorcio propone a las familias una escuela y son ellas las que acaban eligiendo, y también se han cambiado los criterios de compensación económica porque si antes las escuelas asumían a dos alumnos vulnerables por clase sin recibir ninguna compensación ahora son los dos primeros por cada nivel. Aún así, los centros concertados denuncian que el plan de choque los estrangula económicamente.

"Sufrimiento económico"

"Es un sufrimiento", dice Eduard Maza, director de las Escoles Pies Sant Antoni, el centro que, con 80 adjudicaciones este curso, es el que ha recibido a más alumnos del plan de choque de la ciudad. Maza asegura que a nivel pedagógico no se nota pero que "a nivel económico la situación es grave": "Los recursos llegan, pero nos dan la mitad del dinero que gastamos por alumno". El Síndic de Greuges calculó que escolarizar a un alumno de primaria en un centro concertado vale 4.660 euros, y 5.211 en la ESO. Ahora el Consorcio les envía 1.130 euros por alumno en los centros concertados.

Según Maza, repartir a los alumnos pobres por la ciudad "no tiene sentido", porque es la población la que no está repartida "equitativamente" por los barrios. "Entiendo que para la administración es complicado justificar el reparto desequilibrado de los recursos, pero es la única solución: dar más dinero a quien más lo necesita", dice el director, que obviamente reclama más dinero para los centros públicos de zonas más desfavorecidas. 

El director de la Escola IPSI en el Eixample, Oriol Blancher, lamenta que la administración "exija luchar contra la segregación pero no dé suficientes recursos para hacerlo". "Si el coste de la plaza fuera el que recibimos por alumno no tendríamos ningún problema, pero se está generando una injusticia flagrante, porque ahora es la escuela concertada quien sustenta el sistema de lucha contra la segregación", afirma. Según una resolución publicada en julio, este curso hay 1.538 alumnos vulnerables detectados en el marco del plan de choque que van a la escuela concertada y 2.659 que van a la escuela pública.

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