Revés a la 'conselleria' de Educación: la justicia obliga preventivamente a renovar seis años los conciertos en las escuelas que separan por sexo
El Govern interpondrá un recurso porque mantiene la voluntad de retirar la subvención a los centros del Opus
BarcelonaRevés judicial al departamento de Educación en su intento de suprimir las subvenciones públicas a las escuelas que separan a los alumnos por género. Según ha sabido el ARA, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC) concedió el jueves las medidas cautelares que pidieron los 11 centros concertados que separan por género, cosa que dificulta mucho los planes del Govern para retirarles el concierto, tal como habían anunciado desde la conselleria de Educación desde que Josep Bargalló accedió al cargo.
El TJSC deja en suspenso así la resolución que aprobó el departamento de Educación a finales de junio de este año en la que decía que no se renovaban los conciertos educativos a las escuelas Canigó, Benlloch, Les Alzines, Pineda, Xaloc, Institució Lleida, Esc. Fam. Agr. Campjoliu, Institució Tarragona, La Vall, La Farga y Viaró porque "no cumplen el principio de coeducación por medio de la escolarización mixta, que tiene que ser objeto de atención preferente". En la misma resolución, sin embargo, daba un año de margen a los centros y les prorrogaba un curso los conciertos, y no seis cursos, como sí hizo para todos los otros centros concertados del país. El departamento alegó que con esta prórroga las familias que quieren llevar a sus hijos e hijas a estas escuelas "sabrán que es el último curso que lo podrán hacer" de manera gratuita.
La justicia concede a estos 11 centros las medidas cautelares que habían pedido y obliga al departamento a otorgarles la subvención "del mismo modo que se ha hecho para los otros colegios a los cuales sí se ha renovado el concierto, es decir, para un periodo de seis cursos escolares, a contar a partir del inicio del curso 2020-2021". Esto supondría que hasta el curso 2026-2027 estos centros tendrían garantizadas las subvenciones si finalmente la justicia les da la razón en la sentencia definitiva.
Los centros dan por hecho el concierto
"El tribunal ha sido muy claro y una vez más ratifica el derecho de nuestras escuelas a recibir financiación pública como cualquier otro centro educativo de Catalunya", ha expresado en una circular Teresa Martínez, consejera delegada de Institució Familiar d'Educació, la plataforma a la cual pertenecen buena parte de estos centros, en la que da por hecho que "se renovarán los conciertos a la primaria por seis años hasta el curso 2026-2027".
Ahora bien, el departamento de Educación tiene cinco días hábiles para interponer un recurso a estas medidas cautelares, y ya tiene claro que irá hasta el final en este asunto. Fuentes de la conselleria consultadas por el ARA han asegurado que interpondrán el recurso porque mantienen "la voluntad de no renovar estos conciertos, y más ahora, cuando hay un consenso mayoritario en el Estado demostrado la semana pasada con la aprobación en el Congreso de la ley de educación".
En efecto, la noticia llega pocos días después de que en el Congreso de los Diputados se aprobara la nueva ley de educación, que entre otras modificaciones prohíbe que las escuelas concertadas separen a los alumnos por sexo, una práctica que actualmente hacen 11 centros en Catalunya y 87 en todo el Estado, la mayoría vinculados al Opus Dei, y donde niños y niñas estudian separados. Una enmienda acordada por el PSOE, Unidas Podemos y ERC establece que las escuelas sostenidas "parcialmente o totalmente con fondos públicos" tienen que desarrollar "el principio de coeducación en todas las etapas educativas" y "no separarán al alumnado por su género".
La ley Celaá como telón de fondo
Mientras que el departamento de Educación (en manos de ERC) cree que la nueva ley ampara las decisiones que han ido tomando este año en la línea de retirar el concierto, el sector avisa de que plantará batalla. En la misma circular, los centros que separan por sexo lanzan un mensaje de tranquilidad a las familias: "Este punto es contrario a las sentencias del Tribunal Constitucional de abril del 2018 donde se reconoce que «los centros de educación diferenciada tienen que poder acceder al sistema de financiación pública en condiciones de igualdad respecto al resto de centros educativos, sin que el carácter del centro como centro de educación diferenciada pueda acontecer un obstáculo para el mencionado acceso». Por lo tanto, estamos convencidos de que el máximo órgano judicial del Estado declarará la inconstitucionalidad de este artículo".
En la carta, la consejera delegada de Institució Familiar también asegura que los tribunales "siempre han dado la razón" a los centros y recuerda que la ley Celaá "nace sin consenso" y con "mucha controversia por la fuerte carga ideológica y sus planteamientos contrarios a la escuela concertada y al derecho de las familias a elegir escuela".
