Salud solo ha cobrado 150 multas de las 92.000 puestas desde el verano por las medidas anticovid

El departamento se hizo cargo a finales de junio de la gestión de las sanciones

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Un control de los Mossos en Barcelona para supervisar las restricciones del covid .

BarcelonaUn año después de la pandemia, la gestión de las multas por incumplir las medidas contra el covid sigue en un callejón sin salida en Catalunya. Si hace dos meses el ARA explicaba que hasta mediados de enero el departamento de Interior había cobrado el 5% de las sanciones del primer estado de alarma –las puestas entre marzo y el junio del año pasado–, lo que ha venido después es anecdótico. Salud, que desde finales de junio ha asumido la gestión de las denuncias por saltarse las restricciones, solo ha cobrado 150 multas, el 0,16% de las recibidas desde el verano y hasta mediados de febrero. En este periodo, el departamento ha tramitado menos del 2% de las sanciones –1.635– de las 92.032 que le han llegado.

No es casualidad que a finales de diciembre la Generalitat aprobara, en uno de los acuerdos del consejo ejecutivo, incorporar 300 trabajadores a Salud, entre administrativos y letrados, dedicados a gestionar las multas derivadas de la pandemia. Las 1.635 denuncias que se han tramitado desde el verano son todas por no llevar mascarilla excepto una, que es por el consumo de alcohol en la calle. Son los datos que da Salud a petición del ARA de acuerdo con la ley de transparencia, porque desde el servicio de prensa no se ha facilitado esta información. Hasta ahora no había trascendido ningún balance de la gestión que está haciendo este departamento de las sanciones por las medidas anticovid porque solo Interior había dado cifras.

¿Cuál es la explicación del colapso de Salud con las multas? “Es un departamento que no tenía una estructura pensada para abordar un régimen sancionador”, asegura el profesor de derecho administrativo de la Universitat de Girona Josep Maria Aguirre. Aparte de esto, Aguirre explica que las infracciones por no llevar mascarilla son las únicas que tienen “un cierto automatismo”, porque el decreto ley 30/2020 del Govern dice que la sanción es de 100 euros –que se reduce a 60 euros si se paga en pocos días–. En cambio, el resto “requieren la intervención humana porque se tienen que valorar y ponderar”, puesto que la cantidad de cada multa se tiene que concretar según si es leve –que da un tenedor de hasta 3.000 euros–, grave o muy grave.

Aguirre añade que el anuncio que se hizo en verano de denunciar a las personas que fuman sin cumplir una distancia es “enormemente complicado” de aplicar. Por eso pronostica que Salud priorizará las sanciones más fáciles de tramitar y otras que quieren ser ejemplares, como la de la rave de Llinars del Vallès por Fin de Año.

Notificación 11 meses después

La lentitud del Govern en la gestión de las multas del covid hace que se notifiquen algunas sanciones al límite de la prescripción. Es el caso de Anna, que explica que 11 meses después ha recibido una denuncia del 18 de abril del año pasado, cuando quería ir a comprar pescado fresco al Bruc. Venía de Esparreguera, donde no había ninguna pescadería, pero se encontró un control de la Guardia Civil que le hizo dar media vuelta. A pesar de que le cogieron los datos, en ningún momento le dijeron que la denunciarían y por eso se sorprendió cuando hace dos semanas recibió una multa de 300 euros.

Las denuncias leves, la mayoría de las que se ponen, tendrían que prescribir después de un año, pero el primer estado de alarma paró los plazos administrativos durante dos meses. A pesar de esto, tanto Interior como Salud van a contrarreloj para tener suficiente tiempo de tramitarlas todas. De hecho, la respuesta del secretario general de Salud, Marc Ramentol, a la petición del ARA es que no dan toda la información que se había pedido porque tendrían que destinar efectivos que se tienen que dedicar a las sanciones, “una actuación prioritaria”, puesto que si no podría afectar a la prescripción de las infracciones.

Desde el verano, y ante el colapso del Govern, algunos ayuntamientos catalanes, como prevé el decreto ley 30/2020, han asumido la gestión de las multas leves del covid.

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