La ministra de Igualdad quiere obligar a los hospitales públicos a ofrecer abortos

BarcelonaLa ministra de Igualdad, Irene Montero, quiere obligar por ley a todos los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia a ofrecer abortos quirúrgicos. La interrupción voluntaria del embarazo será una prestación sanitaria más del sistema en la reforma de la ley del aborto que diseña el ministerio de Igualdad, que no solo quiere forzar a los centros hospitalarios públicos a contar con profesionales que no sean objetores de conciencia, sino que eliminará la obligación del período de reflexión de tres días y acabará con la exigencia de consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años que quieran abortar, un requisito que introdujo el gobierno del PP en 2015. Montero ha presentado este miércoles en comisión en el Congreso los principales cambios que desea implementar para garantizar el derecho al aborto. El texto del proyecto de ley todavía no es público y deberá debatirse en el gobierno español antes de que se pueda aprobar en el consejo de ministros, pero el propósito es "blindar el derecho a interrumpir el embarazo de forma gratuita, libre y segura", según ha dicho la ministra.

Montero ha subrayado los obstáculos que sufren muchas mujeres y que les impiden ejercer su derecho a abortar, como "la presión y las críticas" que sufren o tener que desplazarse cientos de kilómetros porque "no hay recursos públicos en sus provincias para hacerlo". El 87% de las interrupciones voluntarias del embarazo de 2020 que se realizaron en el Estado se practicaron en entornos extrahospitalarios y, de estos, el 78% se realizaron en centros privados. Como ejemplo, ha señalado que Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia no han practicado ningún aborto en centros públicos durante 2020. "Existe un problema de accesibilidad, gratuidad y equidad territorial", ha denunciado la titular de Igualdad, que ha lamentado que todavía haya hospitales en los que todos sus profesionales se declaran objetores de conciencia.

Si bien admitió que este rechazo al aborto por parte de los sanitarios es un derecho constitucional que el gobierno español respetará "escrupulosamente", insistió en que "no puede suponer una barrera" a los derechos de las mujeres. Y ha avanzado que se tomará como referencia la ley de la eutanasia, una norma que apostó por crear un registro de profesionales objetores de conciencia. Así, cuando la ley prospere, se respetará la decisión de los objetores, pero todos los hospitales con servicio de ginecología y obstetricia tendrán personal que pueda garantizar la interrupción.

Montero ha asegurado que el objetivo de la nueva ley es que sea la mujer quien decida el método de interrupción (quirúrgico o farmacológico) y que el centro de salud le proporcionará toda la información necesaria y le gestionará la derivación al hospital para el procedimiento de urgencia. De la eliminación de la exigencia de consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, afirmó que, al igual que son responsables "para trabajar o tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos". Y, en el momento en que la mujer manifieste su intención de abortar, tampoco se le pedirá que reflexione durante tres días como hasta ahora, si bien se entregará a las mujeres información sobre la posibilidad de sacar adelante la gestación y ser madres si estas lo solicitan.

Farmacológicos hasta las 12 semanas en Catalunya

En Catalunya, unas 19.000 mujeres abortan cada año de forma voluntaria. Históricamente, el método más utilizado para interrumpir el embarazo ha sido la intervención quirúrgica o aspirado uterino -que puede hacerse hasta la semana 14 de gestación- aunque hasta este año esta opción no se ofrecía en todo el país. Precisamente por esta iniquidad territorial, en los últimos años también ha ido creciendo la demanda de abortos farmacológicos -se proporcionan las pastillas en un centro sanitario, pero la expulsión del feto se realiza en el domicilio- y en 2020, en el último año con datos, este método representaba ya el 49,8% del total de interrupciones. Sin embargo, hasta ahora esta modalidad solo se puede hacer de forma legal hasta las nueve semanas de embarazo. Ahora, el departamento de Salud quiere ampliar tres semanas más el tiempo del que disponga una mujer para poder decidir abortar farmacológicamente, en concreto hasta las 12 semanas o, lo que es lo mismo, los tres meses de gestación.

Así lo ha confirmado este miércoles el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, que ha anunciado que el departamento trabaja en un nuevo protocolo que incluye este cambio para garantizar el derecho al aborto de todas las mujeres y asegurar un acceso equitativo a los servicios sanitarios que lo proporcionan. Salud defiende que aumentando al máximo las semanas en las que se permite abortar con medicamentos, la mujer tendrá precisamente más tiempo y "un abanico más amplio para decidir" qué método se ajusta más a sus necesidades. Cuando el nuevo plan tome forma -de momento el departamento lo trabaja con discreción-, la interrupción farmacológica entre las 9 y las 12 semanas se realizará en los hospitales autorizados. Argimon ha defendido que la salud sexual, afectiva y reproductiva es una de las "prioridades" de Salud y se introducirán más centros para que "la mujer que elija esta opción pueda escoger en qué lugar lo hace" y haya más opciones cercanas a su lugar de residencia.

Con todo, la coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, Sílvia Aldavert, califica de “parche” este anuncio y asegura que en ningún caso implica el cambio de modelo de atención, intervención y acompañamiento del aborto que necesitan las mujeres. “Nos preocupa que esta sea una solución rápida para responder a las críticas, porque todavía existen territorios que no ofrecen el aborto quirúrgico por el peso de los objetores de conciencia, y que la intención sea sustituir el método quirúrgico por el farmacológico, en vez de garantizar los dos métodos", afirma la activista. Si esto ocurre, añade, sería una pérdida de derechos para las mujeres, que no podrían elegir el método que necesitan, sino "el que tengan a su alcance".

Las regiones sanitarias de Lleida, Alto Pirineo y Aran, Catalunya Central y Terres de l'Ebre tienen disponibilidad limitada de profesionales sanitarios para garantizar el derecho al aborto. En Lleida, este martes una veintena de colectivos feministas denunciaron que Salud "ha mentido y engañado" a las mujeres, ya que aunque la conselleria firmó un acuerdo con la clínica Mi NovAliança para realizar abortos quirúrgicos, todavía no se están realizando. Este es uno de los ejemplos que pone Aldavert para justificar su desconfianza respecto al Govern -que no ha incluido a las entidades y asociaciones de derechos sexuales en la elaboración del nuevo protocolo-, ya que si bien defiende que el aborto farmacológico es “tan bueno” como el quirúrgico si la mujer lo elige libremente, recuerda que detrás del cambio no puede haber motivos de coste-eficiencia, al ser más barato y rápido. "Ni tampoco que sea una trampa para proteger los derechos de los objetores de conciencia por encima de los de las mujeres", afirma.

Además, el activista subraya que no todas las mujeres pueden acogerse a este método por motivos personales y su única opción viable es la intervención quirúrgica, que consiste en un aspirado uterino de cinco minutos de duración y que permite a la mujer regresar a casa sin apenas molestias. En cambio, el farmacológico (una combinación de los fármacos mifepristona, que se toma en el centro sanitario y detiene el embarazo, y misoprostol, que se toma en casa para expulsar los restos) requiere que la mujer tenga un espacio seguro y acompañamiento y, por tanto, es menos discreto o es necesario que pida un permiso en el trabajo, algo que no siempre es viable, ejemplifica Aldavert.