Los cursos de Desokupa para los vigilantes de seguridad catalanes no serán oficiales
Interior asegura que la empresa de desalojos no es un centro de formación homologado en el registro
![El líder de Desokupa, Dani Esteve, en una manifestación en la plaza Universidad de Barcelona.](https://static1.ara.cat/clip/25adb164-c449-4ca8-ab99-878fbe7c3729_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg)
BarcelonaDesokupa podrá formar a los vigilantes de seguridad privada que trabajan en el metro de Barcelona, en Cercanías o en los juzgados tras alcanzar un acuerdo de colaboración con ADN Sindical Seguridad y Servicios de Catalunya, un sindicato con 1.200 trabajadores afiliados. Ahora bien, estos cursos no serán oficiales, no se considerarán una formación homologada y no se incluirán en la cartilla profesional de los vigilantes de seguridad, según ha podido saber el ARA. ¿El motivo? Ni la empresa Desokupa, ni ninguna de sus derivadas, están inscritas en el registro del departamento de Interior como centro de formación de personal de seguridad privada. Aunque la competencia para establecer los programas de formación de estos trabajadores cuelga del Estado, el registro depende de la Generalitat y fuentes de Interior confirman que esta empresa no figura.
Ahora bien, según dicen fuentes gubernamentales, dado que los centros inscritos en el registro tienen como profesores personal acreditado por el ministerio del Interior, el hecho de que no sea una formación homologada no impide que el sindicato ofrezca cursos de defensa personal a sus afiliados. "Es un curso de formación policial complementario, no hay más misterio", explicó al ARA el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Jacobo Rodríguez, el primero del Estado en cerrar un acuerdo con Desokupa. También fuentes de Interior desmienten que Desokupa haya recibido ninguna autorización como empresa de seguridad privada y aseguran que no tienen constancia de que ejerza estas funciones.
En todo caso, la conselleria dice que hará un seguimiento para detectar posibles incumplimientos. "Los vigilantes de seguridad privada están sometidos a la normativa de seguridad privada ya los principios de actuación previstos en esta normativa y, por tanto, están sujetos a control e inspección, y cualquier conducta contraria a estas previsiones podrá ser objeto de sanción", concluyen desde Interior.
"La autoridad se ha perdido"
La empresa Desokupaes conocida por practicar desalojos al margen de las órdenes judiciales mediante técnicas intimidatorias y también violentas. Sin ir más lejos, en su página web se definen como la "mejor opción contra okupas e inquilinos problemáticos". La última polémica la encendió el SUP cuando llegó a un acuerdo con Desokupa para formar a 30.000 agentes de la Policía Nacional. Entonces, la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, aseguró que el movimiento responde a que "hay una violencia desmedida y la autoridad se ha perdido". Desde el propio sindicato también defendieron que el acuerdo se ha firmado con Club Desokupa y desarrolla una actividad que nada tiene que ver con el desempleo de viviendas. Sin embargo, la cara visible y el propietario de ambas compañías es Daniel Esteve, y el logotipo también es el mismo. Y al día siguiente llegó un nuevo acuerdo polémico, y en Catalunya: el del sindicato de vigilantes de seguridad.
Ante la posibilidad de que policías sean formados por la controvertida empresa, el ministerio del Interior ha abierto un expediente informativo para analizar este pacto. Con este movimiento, según ha informado el Estado, se analizará la compatibilidad de los agentes con la formación extracurricular que recibirán, puesto que, al igual que la de los vigilantes catalanes, no está homologada. Desde el ejecutivo español también dejaron claro que el acuerdo carece de "ningún apoyo de la Dirección General de Policía". A la espera de que se resuelva el expediente informativo, Interior ha solicitado un informe a la Abogacía del Estado para saber si el convenio con Desokupa puede afectar a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y cuál sería el procedimiento administrativo que debería seguirse para corregir las irregularidades que se puedan producir.