Cinco años con cóvido

¿Cómo han cambiado los sectores más afectados por la pandemia?

La crisis sanitaria dio la vuelta a muchos ámbitos de la sociedad, y algunos aún no se han rehecho cinco años después

BarcelonaLa pandemia de cóvid-19 lo dio la vuelta todo hace cinco años. La peor crisis sanitaria de la época moderna impactó en todas las esferas de la vida, hizo tambalear la economía mundial y tuvimos que repensar ámbitos tan importantes como las residencias y las escuelas. Cinco años después, algunos de estos sectores han cambiado radicalmente, mientras que en otros no se ha incorporado ninguna de las lecciones que dejó la cóvida en 2020.

Transformar el sistema sanitario

Hace cinco años los sistemas sanitarios de todo el mundo no estaban preparados para una pandemia como la que causó la cóvid-19. A pesar de las advertencias de los científicos y expertos en salud pública, los hospitales se colapsaron y muchas personas murieron a pesar del sobreesfuerzo de los profesionales sanitarios. La crisis sanitaria puso de manifiesto la falta de trabajadores y la necesidad de transformar el sistema de salud público catalán. También dejó claro que era necesario un plan de pandemias para evitar un nuevo bache como el del 2020, así como disponer de una Agencia de Salud Pública robusta capaz de detectar cualquier amenaza.

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Ahora, cinco años después, los problemas siguen siendo los mismos y algunos incluso se han agravado. La falta de profesionales sanitarios es uno de los grandes retos del sistema y no existe ninguna perspectiva para incrementar y adecuar las plantillas a las necesidades actuales. Se ha mejorado en el ámbito de la detección de contagios y virus nuevos y la trazabilidad de las cadenas de transmisión, pero la agencia sigue atascada y pendiente de desplegar. El gobierno español tiene previsto presentar el plan de pandemias este 2025, y la conselleria de Salut se ha propuesto realizar las transformaciones que hace tan tiempo que reclaman desde el sistema de salud. Ahora bien, de momento sólo son compromisos políticos, y no existe ningún calendario sobre la materialización de estos cambios.

Las farmacéuticas que se hicieron de oro

Antes de 2020, Pfizer y BioNTech, AstraZeneca y Moderna eran nombres mayoritariamente desconocidos, pero con la llegada de la pandemia su popularidad estalló. Son las tres farmacéuticas que lideraron la carrera para conseguir una vacuna contra la cóvida, algo que ya disparó el valor de sus acciones en noviembre de ese año, cuando Pfizer y Moderna anunciaron altas efectividades. Esa misma semana, la euforia se trasladaba a los parqués y la Comisión Europea (CE) anunciaba un contrato por la compra anticipada de 300 millones de dosis. Ahora, cinco años después, el negocio todavía dura: hace unos días Europa anunció la compra de vacunas en Moderna contra la cóvid ​​por valor de 146 millones de euros.

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La comercialización de vacunas tuvo un impacto mayúsculo en las cuentas de resultados de estas empresas, sobre todo para las que venían de registrar pérdidas en 2019, como Moderna o BioNTech. En concreto, las cinco compañías tras las vacunas de mayor éxito (Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, BioNTech y AstraZeneca) ganaron conjuntamente más de 28.000 millones de euros en 2021, empujadas sobre todo por las dos primeras.

Bajada del nivel educativo

Seis cursos después –que no años– el sistema educativo catalán no tiene secuelas visibles de haber pasado por una pandemia como la del 2020. No hay mascarillas, a excepción de cuando alguien sufre un resfriado, ni queda rastro de las listas de alumnos contagiados, grupos confinados ni escuelas e institutos cerrados. Ahora bien, el trasiego que supusieron aquellos meses en las aulas sí ha provocado consecuencias que todavía marcan la realidad de las aulas.

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El hecho de que en muy poco tiempo se decidiera cerrar las escuelas para evitar los contagios dejó en evidencia una de las carencias de ese momento entre los alumnos: la falta de ordenadores y de recursos para poder seguir aprendiendo desde casa, un escenario que nunca se había tenido que prever. Todo ello culminó en una pérdida importante de horas de clase, pero también hizo que una de las reacciones para hacerle frente fuera acelerar la digitalización del mundo educativo.

Ahora, cinco años después de la crisis y después de que a escala estatal el ministerio de Educación haya invertido 1.600 millones de euros en digitalizar aulas, desde hace unos meses Cataluña ha puesto sobre la mesa la opción de dar pasos atrás prohibiendo los móviles en todos los centros educativos, pero también abriendo la posibilidad de que se restrinjan las pantallas entre los más pequeños en la escuela.

Ahora bien, la principal secuela de la covid en el ámbito educativo ha sido, sin duda, el descenso global del nivel académico de los alumnos. Desde 2020 los resultados en matemáticas de los alumnos de 4º de ESO han descendido 6 puntos y se sitúan por debajo de los 70 sobre 100, el umbral que Educació considera "óptimo". La caída en picado también se ha evidenciado en el conocimiento de lengua catalana, que en el último curso registró los resultados más bajos desde 2012, aunque en este caso también han influido otros factores, como elaumento de catalanes recién llegados o la pérdida de uso social de la lengua catalana.

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La bajada de nivel también se ha reflejado en pruebas internacionales: según el último estudio PIRLS, después de la pandemia los alumnos catalanes habían perdido casi un curso en comprensión lectora y, según las pruebas PISA, Cataluña había perdido más de un curso escolar en matemáticas, ciencias y comprensión lectora.

Ahora bien, tal y como muestran varios estudios internacionales y también los datos catalanes, la pospandemia ha agudizado aún más las desigualdades dentro del aula. En los últimos cinco años la detección de alumnos vulnerables en Cataluña se ha multiplicado por cinco y, en estos momentos, en el país hay más de 412.000 niños menores de 16 años en riesgo de pobreza. Esta vulnerabilidad tiene un impacto directo en los estudios, ya que, según un análisis de Save the Children y Esade, los alumnos catalanes pobres tienen seis veces más probabilidades de repetir que los ricos.

Sin investigación en las residencias

Cinco años después se impuso la normalidad a los geriátricos catalanes. Atrás quedaron los protocolos restrictivos que agravaron aún más una crisis sanitaria que acabó con la vida de 8.000 residentes. La sorpresa del nuevo virus, la falta de material higiénico y el déficit de personal multiplicaron los contagios, pero también ayudó a que no hubiera ninguna coordinación entre los servicios sanitarios y las residencias: apenas había médicos ni enfermeras trabajando en él y, en las primeras semanas de la pandemia, tres cuartas partes de los muertos se produjeron en las muertes.

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La pandemia evidenció la fragilidad del sistema e hizo tomar conciencia de la necesidad de un cambio de modelo, teniendo en cuenta la entrada en la vejez de la generación del baby-boom y de la voluntad de la mayoría de quedarse en casa. Esto supone un reto para la administración pública porque debe plantear servicios de atención domiciliaria de apoyo a la autonomía a la vez que debe hacer de las residencias lugares más parecidos a vivir en casa para los grandes dependientes.

Recientemente, el Gobierno ha dado luz verde a la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria (Agaiss), un ente planteado en la legislatura anterior que debe permitir que los residentes sean atendidos por profesionales sanitarios de centros de salud públicos como cualquier ciudadano.

La otra gran dificultad del sector es recortar las esperas para acceder a plazas públicas de residencia y ser capaz de dar respuesta a las necesidades de las familias, sobre todo cuando la dependencia llega de repente. Las demoras para las evaluaciones de grado se alargan meses, faltan plazas de centros de día, más personal y horas de atención domiciliaria, etc.

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Cinco años después, no se ha investigado qué falló en las residencias. El Parlamento lo intentó, pero las alianzas políticas rebajaron la comisión a un grupo de trabajo que, tras una cuarentena de comparecencias de testigos y expertos, concluyó que durante la primavera del 2020 hubo muchos errores, pero ningún imputable a ningún responsable concreto. Los diputados del PSC, ERC y Junts firmaron un documento en el que hablaban de descoordinación y desconcierto en las residencias durante los primeros días por una falta de previsión y varias instrucciones que prestaron poco servicio. También señalaba las deficientes inspecciones en las residencias, debido a la exigua plantilla de 29 profesionales que a menudo avisan a las direcciones de los centros antes de ir. Entre las deficiencias a corregir, el informe del Parlament (rechazado por la CUP y los comunes) indicaba el aumento de los ratios de profesionales y poner fin a la precariedad laboral de este personal.

Para los familiares de los residentes, las conclusiones del Parlament volvieron a ser una decepción más en sus reclamaciones de justicia. Como también lo es que, en estos momentos, ninguno de los tres casos que han logrado llegar a los tribunales haya sido juzgado. El más avanzado es el de las 64 muertes de la residencia Filella de Tremp, todavía en fase de instrucción. Los familiares que entraron por la falta de información describieron la escena como "la casa de los horrores", con personas muertas atadas a las camas.

Adiós al teletrabajo

La crisis provocada por la pandemia hizo que, por primera vez, millones de hogares en todo el mundo se convirtieran en oficinas improvisadas. Antes de la Covid-19, según la Encuesta de Población Activa del INE, sólo el 4,8% de los españoles trabajaba normalmente (o más de la mitad de los días de la semana) desde casa. En Catalunya, esta misma estadística se disparó hasta el 17,2% en el segundo trimestre de 2020 con la parte más dura del confinamiento. Sin embargo, cinco años más tarde el porcentaje de asalariados que trabaja normalmente desde casa ha bajado al 7,7%, mientras que hay un 6,2% que lo hace de forma ocasional. Para el 84% de los trabajadores catalanes nada ha cambiado y siguen yendo siempre de forma presencial al trabajo. Mientras que compañías como Amazon o Goldman Sachs han dado marcha atrás y piden a sus plantillas que vuelvan a la oficina, hay otras que han tirado por un modelo híbrido y mantienen algunos días de teletrabajo. Los funcionarios de la Generalitat, por ejemplo, tienen derecho a un máximo de dos jornadas por semana, pero el gobierno de Illa eliminó esta opción para los altos cargos, lo que provocó malestar entre los directivos.

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Más allá de la adopción del teletrabajo, los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTO) se revelaron durante la pandemia como el mecanismo salvador para evitar la destrucción de más puestos de trabajo, cuando fábricas e industrias tuvieron que detener su actividad de la noche a la mañana.

Tensión en el comercio mundial

La covid-19 y los confinamientos, descompasados ​​por áreas geográficas, crearon tensiones en el transporte internacional, sobre todo el marítimo, y en las cadenas de suministro. Las empresas optaron, en algunos casos, por la relocalización de la producción o, al menos, por buscar proveedores en mercados más cercanos. La Organización Mundial del Comercio (OMC) señalaba en un documento que los cambios en la estructura del comercio provocados por la pandemia en un solo año fueron de una magnitud similar a los que suele haber durante un período de cuatro a cinco años.

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A finales de 2021 prevalecían desequilibrios considerables entre socios comerciales y productos, y no se recuperaron todas las pérdidas acumuladas de las fuertes bajadas anteriores. Y los desequilibrios se han mantenido después por la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania y el conflicto en Oriente Próximo, que ha modificado en gran parte las rutas marítimas, especialmente el paso por el canal de Suez, y ha encarecido el transporte.

Y en el ámbito industrial, la aspiración de relocalización se relajó con la recuperación del año 2022, pero la pujanza de China ha hecho replantear las políticas, sobre todo en Europa, para ganar competitividad ante Estados Unidos y el gigante asiático. El denominado plan Draghi establece que se necesitarán unos 800.000 millones de euros para potenciar industrias estratégicas, como las tecnológicas y los chips.