Un sindicato policial denuncia que cientos de multas por drogas caducan impagadas

BarcelonaTécnicamente, se llama 4/2015, pero todo el mundo la conoce como la ley mordaza. Ya hace nueve años que el gobierno popular de Mariano Rajoy la impulsó y, pese a las críticas constantes que ha recibido para poder sancionar con demasiada discrecionalidad, sigue vigente. Ha habido intentos de reformarla, pero todas las policías del Estado pueden seguir utilizándola. El departamento de Interior de la Generalitat no puede hacer nada por no aplicarla, pero en julio del 2022 impulsó un nuevo protocolo para intentar esquivar sus efectos. Principalmente, querían evitar que la policía multara fácilmente a manifestantes o activistas que querían frenar desahucios. En los diez primeros meses de vigencia, el nuevo protocolo logró reducir un 38% las sanciones en este ámbito. Sin embargo, este lunes el sindicato mayoritario de los Mossos, Fepol, ha denunciado que el nuevo protocolo también ha tenido efectos adversos para la policía.

Los cambios de Interior vinieron de dos flancos distintos. Uno de organización interna: desde julio de 2022, es la propia conselleria y no los Mossos quien tramita la instrucción de los expedientes sancionadores. Este cambio no gustó nada a un sector del cuerpo y es desde donde ahora vienen las críticas. El segundo cambio fue más de interpretación: un expediente no podrá terminar en sanción si son conductas amparadas por derechos fundamentales, como la libertad de expresión o manifestación. Ahora, año y medio después de la aplicación del nuevo protocolo, Fepol critica que la gran mayoría de expedientes que se cierran es porque caducan o prescriben desde que Interior asumió su gestión. Según los datos del sindicato policial, que hizo una petición de transparencia al Gobierno, antes de que Interior asumiera el trámite de las sanciones, el 21% de los expedientes se cerraban porque caducaban o prescribían. Ahora, sin embargo, asegura que son el 80%.

Las sanciones se tramitan porque un agente de los Mossos o de otro cuerpo policial ha levantado un acta administrativa antes. En el 94,68% de los casos, estas actas son por desobediencia y resistencia a agentes de la autoridad; para llevar, exhibir o utilizar armas; por consumir y tener drogas en la vía pública, y por exhibir objetos peligrosos. Sobre todo, el nuevo protocolo de Interior iba dirigido a reducir la discrecionalidad del primer tipo de sanción, la vinculada a la desobediencia o resistencia a la autoridad, a fin de proteger el derecho a manifestación. Por eso, desde otoño del 2023 las actas que abren los Mossos las gestionan los servicios territoriales de la propia conselleria. La crítica del sindicato Fepol es que la gran mayoría de sanciones que se cierran porque caducan o prescriben son las relacionadas con las armas y la salud pública. "¿De qué está sirviendo todo el esfuerzo policial?", se preguntó este lunes el secretario general, Pere Garcia.

Sobre todo, el sindicato lamenta que miles de sanciones por consumo de drogas en la calle o exhibición de armas hayan quedado sin castigo a causa de estos retrasos. Concretamente, cifra en 5,4 millones de euros en ocho meses el dinero que la Generalitat ha dejado de recaudar. Y no sólo el Govern, sino también los ayuntamientos, ya que el 53% de las sanciones fueron interpuestas por policías locales, el 40% por los Mossos y un 1,4% por otros cuerpos policiales. En total, desde 2015 (la entrada en vigor de la ley), en Cataluña se han incoado hasta 585.809 actas. Sin contar en 2020, en plena pandemia, los años con más actos fueron en 2022 y 2023.

Adaptación y laboratorios

Los expedientes pueden cerrarse por pago de la multa o por una veintena de motivos administrativos. Pero lo que critica a Fepol es que los que se cierran normalmente es por pasividad de la administración. Esta denuncia la han hecho precisamente el día en que la nueva consejera del ramo, Nuria Parlon, ha tomado posesión del cargo, y Fepol ya ha pedido convocar a un Consejo de la Policía para revertir el protocolo de Interior.

Fuentes de la conselleria saliente justifican que el cambio de gestión (que pasó de los Mossos a los servicios territoriales de Interior) puede explicar parte de este volumen de prescripciones, ya que al principio la adaptación no fue fácil. También indican otro detonante, que sobre todo se explica en el caso de las actas por salud pública: existe una larga lista de espera en los laboratorios de Mossos que deben analizar la droga requisada. Así pues, antes de que se concluya que es droga pueden pasar meses y la multa puede caducar.