Universidades: "La selectividad no se toca"

BarcelonaSin cambios en los exámenes de selectividad que empiezan mañana en Catalunya. La conselleria de Investigación y Universidades asegura que como cumple de pe a pa las medidas cautelarísimas del TSJC que le obligan a ofrecer de entrada los exámenes en las tres lenguas cooficiales, no habrá más cambios que el de "reforzar la comunicación" para informar sobre el abanico de idiomas. Más allá de esto, la prueba por defecto continuará siendo en catalán, como "lengua vehicular" del sistema escolar, ha defendido la consellera Gemma Geis, que en una comparecencia de urgencia ha criticado las "interferencias" de la justicia para atacar el "consenso de país" en el modelo universitario y lingüístico. "Las PAU no se tocan", ha proclamado la consellera.

Menos de veinticuatro horas antes de que arranquen las pruebas, el departamento se ha encontrado con unas medidas cautelarísimas dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) aceptando la petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña a dejar de priorizar el catalán en los exámenes y tener el mismo número de copias en castellano y aranés.

Hasta ahora, los enunciados de los exámenes se distribuían en catalán y, si algún estudiante quería realizar las pruebas en otro idioma, lo tenía que pedir expresamente. "La elección de la lengua de los enunciados de examen no puede estar determinada por la administración y, en su lugar, tendrán que estar disponibles en las tres lenguas cooficiales y se ofrecerá de manera individual al alumno la opción de escogerlos en el idioma que estime", dice la resolución de la sección quinta de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC, que ha dictado las medidas cautelares urgentes atendiendo a los argumentos de la entidad denunciante. Ahora, tanto la Generalitat como la fiscalía tienen tres días para presentar sus argumentos en forma de alegaciones y después el TSJC "dictará un auto que resolverá sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada", dice el texto de los seis magistrados.

La selectividad arranca este martes día 8 y se alargará hasta el 11 de junio, en su convocatoria ordinaria. El TSJC ha dictado las medidas urgentes para que se repartan a los alumnos los enunciados de los "exámenes en catalán o en castellano o en aranés según la elección del alumno, menos en los exámenes de lengua catalana o literatura, literatura catalana, lengua castellana y literatura, literatura castellana y lengua extranjera, que serán entregados en la lengua del ejercicio". A pesar de que se trata de una medida preventiva y todavía no se ha dictado la sentencia definitiva -los magistrados también quieren escuchar los argumentos del resto de partes antes de tomar una decisión final- la resolución también afecta de momento a las pruebas de septiembre, previstas para los días 7, 8 y 9 de septiembre.

"La normativa de las PAU de 2021 contiene en su párrafo tercero del apartado 1.1.2 la instrucción de repartir primero los enunciados del examen en catalán, y de manera residual («...solo si algún alumno lo pide...») en castellano, olvida incluso el aranés, cosa que se separa, sin prejuicio del enjuiciamiento definitivo por la tramitación del recurso contencioso administrativo, de la doctrina constitucional expuesta. La lengua oficial está configurada como un derecho subjetivo: el derecho de los ciudadanos a utilizar el idioma de su elección, y a relacionarse con los poderes públicos y la administración imponiendo su opción, y no a la inversa. Por este motivo se tiene que estimar la solicitud de suspensión del apartado indicado para mantener el derecho de elección, que corresponde al alumno", dice el texto de los seis magistrados para justificar su decisión.

Este es el artículo que, de manera cautelar, tumban de momento los magistrados. A pesar de que todavía no entra en el fondo de la cuestión -lo hará en la sentencia definitiva-, el tribunal considera que de entrada este punto de la normativa de organización de las PAU es contrario a la Constitución, porque deja en manos de la administración la elección de la lengua del examen. De hecho, los magistrados recuperan la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut del 28 de junio de 2010 que, entre otros, eliminó el carácter "preferente" del catalán.

El TSJC recuerda que el alto tribunal de garantías ya dijo entonces que el hecho de que se definiera el catalán "como lengua propia" de Catalunya no podía "justificar la imposición estatutaria de su uso preferente, en detrimento del castellano, también lengua oficial de la Comunidad Autónoma por parte de las administraciones públicas y los medios de comunicación públicos de Catalunya". Según los magistrados, esta parte de la normativa deja en una posición "residual" el castellano, "olvidando incluso el aranés". "La lengua oficial está configurada como un derecho subjetivo: el derecho de los ciudadanos a utilizar el idioma de su elección, y a relacionarse con los poderes públicos y con la Administración imponiendo su opción, y no a la inversa", rematan los magistrados.

Un ataque a la inmersión lingüística

La Federación Nacional de Estudiantes de Cataluña (FNEC) ha emitido un comunicado en que ha instado a los 225 miembros de los tribunales de examinació de las PAU a "plantarse y ejercer la objeción de conciencia" ante unas medidas del TSJC que "socavan las bases del sistema sociolingüístico y educativo de Catalunya". Así mismo, piden que al Govern "no coopere para dar cumplimiento a esta resolución". Según la FNEC, "esta intrusión de la justicia es una vergüenza y un ataque al sistema educativo y de inmersión lingüística", puesto que "todos los alumnos de Catalunya que se presentan a las PAU tienen un conocimiento del catalán lo bastante elevado para hacer los exámenes" tal como siempre se había hecho.

Por su parte, CCOO asegura que no había "quejas ni una demanda mayoritaria" para hacer los exámenes en otra lengua que no fuera el catalán y considera que no tiene sentido que un tribunal de justicia tenga la capacidad de "determinar temas pedagógicos", según la secretaría del sindicato en la sectorial de Educación, Teresa Esparbaré.

Por el contrario, la entidad que ha impulsado la denuncia contra la organización de las PAU en el TSJC considera que la decisión judicial es un nuevo paso para acabar con la inmersión lingüística y la "vulneración de los derechos lingüísticos" que entienden que implica, apuntaba la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña, Ana Losada. La entidad afirma que hasta ahora en la selectividad "no había condiciones de igualdad", porque si bien había la opción para hacer la prueba en castellano, como no se informaba de esta posibilidad, los alumnos que lo querían lo tenían que pedir individualmente y, según la activista, "empezaban el examen cuando sus compañeros ya lo estaban haciendo y se les señalaba con una incidencia en la casilla". A la espera de la sentencia final, la entidad afirma que la resolución hecha pública ahora por el TSJC les da "expectativas buenas" de que se les acabe dando la razón definitivamente.