La consejera de Derecho Sociales: "No tengo constancia de que la DGAIA abriera un expediente por la red de pederastia"

BarcelonaLa titular de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, ha asegurado que en el traspaso de cartera que le hizo el equipo de Carles Campuzno no se le informó sobre el caso de la niña de 12 años bajo protección de la administración que durante meses fue explotada sexualmente por una red de pederastas en Barcelona. En una entrevista en TV3, la consellera ha indicado que tampoco tiene ninguna constancia de que la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) abriera un expediente al conocer el caso de violaciones reiteradas contra esta menor, aunque tampoco ha querido descartar la posibilidad de que se abriera y no se lo trasladaran cuando hicieron el relevo, en agosto del año pasado.

Martínez Bravo ha evitado concretar cuándo se enteró de que una menor acogida al sistema de protección había sido víctima de una red de pederastia entre 2020 y 2021, y se ha limitado a apuntar que ha tenido conocimiento "recientemente, en el desarrollo del caso". Sin entrar en ninguna crítica a sus antecesores, ha justificado que en el traspaso de una cartera tan compleja y gorda como la de las competencias de la conselleria no se hacen consideraciones "de expedientes individuales". Tampoco ha revelado qué ha hecho la DGAIA desde que los Mossos d'Esquadra desarticularon la red, argumentando que el caso está judicializado, a la espera de que el próximo año los detenidos sean juzgados.

Fuentes de la anterior conselleria admiten que entre consellers se hace un "traspaso político" y no de dossieres particulares y, para insistir en esta normalidad, señalan que, en el relevo que les hizo la consellera Violant Cervera, en el 2022, tampoco recibieron ningún detalle porque el caso ya estaba judicial. La menor entró en el sistema de protección de la DGAIA en mayo de 2021 y la red de pederastia se desarticuló en noviembre del mismo año. Fuentes conocedoras del caso explican que educadores de la casa de niños en los que vivía la niña detectaron comportamientos extraños y que, al revisarle los mensajes del móvil, encontraron motivos para alertar a la policía.

Relieve a la dirección

La consellera sí ha subrayado y defendido la decisión de relevar en marzo a Isabel Carrasco en la dirección de la DGAIA, tan sólo seis meses después de haberla nombrado. Martínez Bravo afirmó que se dio cuenta de que Carrasco no se ajustaba al perfil para pilotar la reconstrucción de la entidad de protección: "No nos servía su política continuista", indicó, y seguidamente justificó el nombramiento de Josep Muñoz, con una trayectoria profesional de gestión y que, según ha dicho, tiene "voluntad y capacidad de transformación".

Aparte del caso de la menor explotada, que estaba en guarda administrativa, la DGAIA tiene hoy tres frentes abiertos que cuestionan su gestión: un expediente del síndico de agravios y dos investigaciones de la Oficina Antifraude y la Sindicatura de Cuentas por presuntas irregularidades financieras. Además, los grupos parlamentarios han pactado la apertura de una comisión de investigación, que se añade al expediente abierto por la propia conselleria para esclarecer los hechos cronológicos, identificar los procesos que se siguieron y señalar los errores del sistema para poder corregirlos.

Transformación serena y profunda

En este punto, Martínez Bravo ha reiterado la voluntad de abordar de forma "serena" la "transformación profunda" de la DGAIA, un organismo del que ha dicho que "lleva muchos años" necesitando una reforma para mejorar su funcionamiento. Con todo, ha defendido "el buen trabajo" que ha hecho, al tiempo que ha afirmado que ha "salvado" a muchas criaturas de sufrir violencias al dictar órdenes de desamparo y separarlas de sus familias para protegerlas.

Pese a admitir que la violación de esta niña es un caso "estremecedor, que da la dimensión de una tragedia", la consellera indicó que la violencia sexual contra la infancia se produce también entre menores que no están bajo protección de la administración y, de hecho, indicó que el porcentaje de casos de violencia sexual cuando las criaturas están.

En la línea que piden el tercer sector y los colegios profesionales de los educadores y trabajadoras sociales, la consellera ha reafirmado el compromiso de la conselleria de avanzar hacia la equiparación salarial de estos profesionales de entidades y empresas privadas externalizadas de la DGAIA y otros servicios sociales con las plantillas del sector.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha ratificado desde Navarra las declaraciones de la consellera sobre la necesidad de una "transformación profunda" de la DGAIA y ha asegurado que se llegará "hasta el final". Pese a ver con buenos ojos esta transformación, el presidente ha matizado que esto no quiere decir que no haga una valoración positiva de la labor que realizan los profesionales de este organismo.

En paralelo, mientras los grupos parlamentarios y el Gobierno han puesto a la DGAIA en el punto de mira, la CUP también ha anunciado este viernes que impulsará una ley para garantizar la protección de menores de edad. La diputada de la izquierda independentista Pilar Castillejo ha afirmado en rueda de prensa que "no es suficiente" con una comisión de investigación para depurar responsabilidades y ha defendido legislar para "cambiar el modelo". Asimismo, apuntó a un "entramado económico" de dinero público que acaba en manos privadas.