Sólo dos de los 30 pederastas de la macrored de Barcelona irán a juicio: las imágenes no permiten identificar a los agresores
Al menos cuatro de los implicados no serán procesados por violación pero sí por tenencia de pornografía infantil
BarcelonaSólo dos de la treintena de hombres implicados en la macrored de pornografía y prostitución infantil destapada hace casi un año llegarán a juicio por agredir a menores sexualmente. Si bien la investigación policial se cerró con otros 16 detenidos y otros 14 sospechosos pendientes de identificar, fuentes cercanas al caso consultadas por el ARA han explicado que durante la instrucción sólo se ha podido acreditar la identidad de dos hombres, que serán los únicos que serán procesados. Ambos siguen en prisión provisional y uno de ellos es TLM, el electricista para quien la Fiscalía ha pedido una condena de 107 años de cárcel para violar a una niña de 12 años tutelada, grabarla para ofrecerla a otros pederastas y concertar con ellos dónde y cuándo tenían lugar las agresiones sexuales. El segundo procesado es vecino de Madrid.
Este caso se remonta al 2020 y por su complejidad tiene hasta tres causas abiertas en los juzgados. Dos años después, los Mossos d'Esquadra ya lograron detener al principal agresor de esta trama, un hombre que ahora tiene 45 años y que tenía 40 en el momento de los hechos. La policía le acusaba de violar y grabar "como si se tratara de una película pornográfica" –según relataron los propios investigadores– los abusos sexuales.
Pero la historia iba mucho más allá: cuando le arrestaron, en el 2022, los agentes encontraron más de 10.000 fotografías y casi 2.000 vídeos y vieron que la red sobrepasaba su figura. Así, en el 2024 se destapó esta trama, que la policía considera el segundo mayor caso de pederastia de Catalunya hasta ahora. Los agentes detuvieron a otros 15 hombres acusados de haber participado en las violaciones, que podían ser en solitario o en grupo. En ese momento identificaron a 11 víctimas (9 chicas y 2 chicos), pero en las imágenes aparecían al menos otras 14
Ahora bien, un punto clave para que la causa judicial no pueda tener de momento el alcance que apuntaba la investigación policial (solo dos de los detenidos serán procesados) ha sido la dificultad de identificar. Casi nunca se les ve la cara en las grabaciones para que no se les pueda reconocer. Sin embargo, apuntan las fuentes consultadas, la investigación de los Mossos permitió atar cabezas comparando las fechas en las que se habían grabado los vídeos y los mensajes que los hombres habían intercambiado con el electricista, que contactaba con ellos por redes sociales y les ofrecía practicar sexo con la menor. Con un mensaje que concertaba un encuentro al día siguiente o ese mismo día más tarde, los agentes podían concluir que el vídeo grabado en aquella franja horaria correspondía a la persona detrás de ese usuario.
Sin embargo, estas conclusiones no son suficientemente fuertes para utilizarlas como prueba judicial, apuntan fuentes cercanas al caso. Por eso, la instrucción judicial ha intentado corroborar estas conjeturas con otros elementos que sí puedan servir como prueba. La chica, que ahora es adulta, ha participado en una docena de ruedas de reconocimiento. Se hicieron todas el mismo día para evitar hacerle pasar más de una vez por el trance. Sin embargo, no reconoció a ninguno de los sospechosos más allá del principal acusado. Pese a que no haya pruebas suficientes para que acaben procesados por agresión sexual, sí hay suficientes evidencias para que el juez les pueda atribuir un delito de tenencia de pornografía infantil.
Tres causas diferentes
Buena parte de las imágenes que había recogido este hombre se hicieron a costa de agredir sexualmente a una niña de 12 años, tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), que tenía su guarda. El acusado grababa las agresiones que hacía él mismo y también contactaba con otros pederastas para que violaran a la niña mientras él lo grababa. Aunque la mayor parte de los hombres no pudieron ser identificados con suficiente firmeza para imputarlos, durante la investigación se accedió a sus móviles, lo que aportó nuevos indicios.
Ante la magnitud de imágenes y la gran cantidad de implicados, el juez instructor ha optado por dividir el asunto en tres causas distintas. La primera es la única en la que la instrucción ya está terminada, y la Fiscalía ha pedido una condena de 107 años de cárcel. La Generalitat, que era la responsable de la menor tutelada, también se ha personado al caso como acusación particular. Públicamente, el gobierno ha dicho que está "consternado" por el caso, pero ha pedido "prudencia máxima" porque afecta a una menor y está por juzgar. Las otras dos causas están pendientes de los últimos informes telefónicos antes de que el juez las envíe a juicio y, por tanto, todavía no hay petición de condena por parte de las acusaciones.
En la segunda causa que se ha abierto a raíz de esta trama se investigan las agresiones sexuales de otros hombres hacia la misma niña tutelada. En este caso, la investigación comenzó con 14 sospechosos, pero las dificultades para identificarlos han hecho que sólo dos acaben procesados, entre ellos el electricista que se expone a 107 años de cárcel en la primera causa.
La tercera causa que ha abierto el instructor investiga agresiones sexuales de otros hombres a otras víctimas, que en este caso eran niños. El electricista también estaba involucrado y, de hecho, es el único de los sospechosos que ha terminado procesado porque a los demás no se les ha identificado. En total existen ocho víctimas, todos niños, y en esta causa al hombre también se le atribuyen delitos de prostitución infantil.
El origen de la investigación
Las agresiones a esta menor empezaron en el 2020. Entonces, ella vivía en un centro de menores a causa del acoso escolar que había sufrido y la enfermedad de su madre. Unas circunstancias que le "ocasionaron una condición de baja autoestima", en palabras del escrito de acusación de la Fiscalía que avanzó la SER Catalunya y pudo consultar al ARA. El hombre contactó a través de la web de citas Badoo y desde pronto le pedía "fotos y vídeos en ropa interior, desnuda y masturbándose". Entre mayo de 2020 y octubre de 2021, el hombre recopiló al menos 44 imágenes de la niña desnuda.
Siendo consciente de la edad de la niña y de sus circunstancias personales, el hombre le propuso encontrarse en persona para tener relaciones sexuales. Los encuentros se repitieron durante casi año y medio, siempre en casa del hombre, aprovechando los momentos en que la niña se escapaba del centro de menores. Durante estos encuentros también le convenció de que se dejara fotografiar y grabar en ropa interior, desnuda o sometiéndose a las prácticas sexuales que él le imponía para conseguir fotos y vídeos para poderlos exhibir o enviar por redes sociales a otros pederastas.
El caso empezó a investigarse a raíz del aviso de un hombre que declinó la propuesta del principal acusado para agredir a la niña, según apuntan fuentes cercanas al caso. De hecho, el propio escrito de acusación de la Fiscalía recoge un caso en el que, pese a que el interlocutor declinó un encuentro al saber que ella era menor, el acusado insistió en ello.
Un "reclamo" para otros pederastas
Los 15 hombres que fueron detenidos por este caso tienen entre 19 y 50 años, son "de todos los estatus sociales" y eran conscientes de la edad de las víctimas, que tampoco responden a ningún "perfil determinado", explicaron en su día el jefe del Área Central del Cibercrimen de los Mossos, Josep Antoni López Garzón, y el cabo David. El líder de la trama tenía un piso en Ciutat Vella de Barcelona que alquilaba por habitaciones como vivienda turística sin licencia. La rotación habitual de personas y el hecho de que el piso estuviera preparado para entrar con códigos le facilitaban llevar a menores sin levantar sospechas. Alguna vez también había alquilado estas habitaciones para prostituir a menores.
El hombre también utilizó a la niña "como reclamo sexual en las redes sociales" a través de la plataforma de citas Lovoo e Instagram. Creó un perfil que suplantaba a la menor y publicó fotos de ella en ropa interior. El objetivo era poder ver cómo otros hombres le agredían sexualmente. "Ofrecía indiscriminadamente a usuarios de la red mantener relaciones sexuales grupales", apunta el fiscal. Si éstos decían que sí, el acusado les derivaba a su perfil, donde concertaba el encuentro en nombre de sí mismo.