El ministerio de Igualdad, bajo el punto de mira de la fiscalía europea por la compra de brazaletes antimaltrato

DublínAgentes de la UCO de la Guardia Civil española se han desplazado este jueves a las dependencias del ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España, en Madrid, para recabar información a petición de la Fiscalía Europea (EPPO por sus siglas en inglés). La investigación, abierta desde el año pasado, pero que se mantiene bajo reserva, busca aclarar si se cometió un delito de fraude con los fondos Next Generation destinados a las pulseras telemáticas que controlan las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género.

Aunque la fiscalía europea no ha dado detalles de qué contratos concretos investiga, el requerimiento de la documentación del Tribunal de Cuentas apunta a una auditoría del 22 de septiembre, en la que se examinaba la gestión de este servicio de vigilancia (conocido como sistema COMETA) entre los años 2018 y 2026. El informe era especialmente crítico con un contrato de 42,6 millones de euros, del 2023, y pagado con fondos europeos.

En aquel momento, el ministerio sustituyó el sistema de alquiler de este tipo de brazaletes electrónicos por la compra de los dispositivos, para ahorrar costes. Pero la decisión derivó en una crisis: las nuevas pulseras dieron problemas de funcionamiento (errores de localización, poca batería y apagones, y problemas en la lectura de los expedientes) que derivaron en diversos apagones y que se dejaran hasta 123 requerimientos judiciales sin respuesta. Según concluyó el Tribunal de Cuentas, la decisión priorizó los costes a la seguridad de las víctimas.

Redondo defiende la actuación del ministerio

Aunque la Fiscalía Europea mantiene la investigación bajo reserva y no ha facilitado detalles sobre el estado de las diligencias, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha comparecido de urgencia en rueda de prensa para defender la gestión de su departamento. Redondo ha asegurado que la actuación judicial “no es nueva” y ha garantizado “colaboración y transparencia absoluta” con los investigadores.

“Somos los primeros interesados en que se fiscalice hasta el último céntimo. Me consta que los euros se han invertido correctamente”, ha afirmado la ministra, que ha cargado contra la oposición, y ha calificado la polémica de un “debate trucado de noticias falsas y mentiras”. Redondo ha reivindicado que el nuevo contrato del servicio, licitado este 2026, “mejora todos los aspectos y las disfuncionalidades del contrato anterior” y ha advertido de que no se puede poner en riesgo la seguridad de las víctimas.