Sanidad denuncia al gobierno de Ayuso por ignorar el registro de objetores del aborto

BarcelonaEl pulso que el gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso mantiene con el ministerio de Sanidad por elincumplimiento de la ley del aborto tiene un nuevo capítulo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El departamento de la ministra Mónica García ha presentado un recurso contencioso administrativo que reclama que sea el alto tribunal el que fuerce a la Comunidad de Madrid a crear el registro de facultativos objetores de conciencia en el aborto, una lista a la que obliga la ley del 2023 y que sirve para ayudar a planificar los servicios de ginecología en los centros. "Resulta acreditado que la administración autonómica no ha cumplido con la obligación que le impone la ley. [...] Tampoco ofrece duda de que la misma no ha contestado, ni consta que haya efectuado ninguna actuación, en relación con el requerimiento efectuado por la ministra de Sanidad a la consellera de Sanidad", esgrime el documento, al que ha tenido acceso.

En septiembre, Madrid, Aragón, Baleares y Asturias eran las únicas cuatro comunidades que no habían abierto el registro, pero el gobierno de Ayuso es el único que no ha respondido al requerimiento que hizo el ejecutivo español, y la presidenta madrileña incluso ha insistido en varias ocasiones en su negativa a las listas de profesionales. En ese momento, la ministra Mónica García ya anunció que llegaría hasta el final y utilizaría todas las vías para el cumplimiento de los registros.

Ante la rebeldía madrileña, el ministerio de Sanidad ha formalizado el recurso en el que solicita en la sala contenciosa del Tribunal Superior que, como medida cautelar, ordene a la Comunidad de Madrid que elabore este registro, no sólo porque así lo requiere la ley del aborto, sino también para esta comunidad, junto al resto,2. El registro es una lista de carácter confidencial que no puede consultar a la ciudadanía. Se crea para cumplir una doble función: por un lado, garantizar que en todos los hospitales haya profesionales que aceptan realizar abortos para que las mujeres puedan ejercer en todo momento su derecho, y por otro, para evitar presiones a estos facultativos por parte de sus superiores. De hecho, la filosofía y funcionamiento de esta herramienta son similares a los que incluyen a los sanitarios objetores para practicar la eutanasia, un registro que, a diferencia del del aborto, no ha generado ningún rechazo ni entre los profesionales ni en la política.

Colectivos de mujeres y de profesionales han denunciado que en muchos centros públicos la negativa de los médicos a practicar abortos hace imposible que las mujeres puedan acceder a una prestación que es universal y gratuita desde 2010. Esta situación obliga a las mujeres a aplazar la intervención oa buscar alternativas, lo que aumenta la ansiedad y la angustia.

"Dictador"

Hace dos meses, cuando Pedro Sánchez anunció que el gobierno español daría ese paso, Isabel Díaz Ayuso arremetió con mucha dureza contra él: "Sólo un dictador puede obligarles [a los médicos] a hacer lo que no quieren hacer", proclamó. El conflicto con la lista de objetores del aborto no es el único choque sanitario entre la Moncloa y las comunidades del PP. El toma y daca también se hizo patente en otoño, cuando el consejo de ministros aprobó un requerimiento formal para obligar a los ejecutivos autonómicos a enviar los datos sobre cribados de cáncer. Diez días después, las comunidades y el ministerio acordaron compartir los datos básicos.

Ahora bien, quien ha alimentado más la batalla jurídica ha sido el gobierno madrileño, que ha ido más de una vez a los tribunales –al igual que muchas comunidades del PP– para intentar obstaculizar acuerdos que la Moncloa suscribía con el independentismo. Recientemente, han anunciado una nueva ofensiva contra la reforma de la financiación –si llega a aprobarse–. Previamente, Ayuso trajo la amnistía y el reparto de menores en el Constitucional y la condonación de la deuda en la Audiencia Nacional.