Sociedad 30/08/2021

Vuelve la guerra de las terrazas en Barcelona

La modificación de la norma abre la puerta a consolidar buena parte de las 10.000 nuevas mesas temporales

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Terrazas llenas a la Avenida Gaudí de Barcelona.

BarcelonaEl fin de lo que se había denominado "la guerra de las terrazas" se inmortalizó el 5 de diciembre de 2017, en el Saló de la Ciutat del Ayuntamiento de Barcelona, en una imagen carísima de ver: una comparecencia conjunta de la alcaldesa Ada Colau con los representantes del Gremio de Restauración y de todos los partidos políticos del Ayuntamiento –excepto la CUP–. Ese día, Colau destacó que la modificación de la ordenanza daba "tranquilidad y estabilidad a un sector muy importante de la ciudad", mientras el director general del gremio, Roger Pallarols, celebraba que por fin "se enterraba definitivamente el conflicto". El debate sobre el espacio público que pueden ocupar los bares y restaurantes parecía agotado desde entonces, pero después de tres años y una pandemia, los mismos actores han reabierto la polémica y el gobierno municipal puede salir malparado.

Durante la pandemia, después de la presión del Gremio de Restauración, el gobierno municipal aceptó una reducción del 75% de la tasa de terrazas y también una ampliación del número de sillas y mesas. Desde entonces, la ciudad ha dado 3.668 nuevas licencias para poner terrazas ahí donde no había o para ampliar las ya existentes. La mayoría han ganado terreno en plazas y aceras (2.080) pero también se han ubicado en la calzada (1.588), quitando así espacio a los coches. En un año, las terrazas han ganado 23.000 metros cuadrados de superficie, que se suman a los 59.000 que ya ocupaban. El incremento ha sido de 10.000 mesas y 40.000 sillas. Ahora que las restricciones por la pandemia empiezan a quedar atrás, la pregunta que hace revivir el debate es: ¿qué hay que hacer con las licencias dadas?

División en el gobierno

A principios de junio, el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni (PSC), compareció públicamente para anunciar que todas las licencias que se habían dado de forma extraordinaria se mantendrían una vez acabada la pandemia. Dos días más tarde, sin embargo, en una entrevista en el diario digital Tot Barcelona, la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, de los comuns, aseguraba que las ampliaciones en acera no se mantendrían: “Volveremos a la situación previa”, garantizó. La división dentro del gobierno municipal todavía no está resuelta y el calendario se agota porque es con el cambio de año cuando hay que renovar las licencias. Para satisfacer todos los trámites legales y poder aprobar en diciembre la polémica modificación, hace falta que el nuevo texto obtenga el primer visto bueno en el próximo pleno, el del mes de septiembre.

El diario ARA ha tenido acceso a la modificación que propone el gobierno y el texto abre la puerta a una regularización de terrazas más que generosa. A partir de la aprobación –dice la propuesta–, todos los que han obtenido alguna de las licencias extraordinarias tendrán dos meses para solicitar la consolidación. Hasta que el Ayuntamiento no resuelva cada petición, la licencia quedará “prorrogada automáticamente”. A partir de esta aprobación masiva, el Ayuntamiento estudiará “caso por caso” e irá decidiendo.

¿En la calzada o en la acera?

Las terrazas que tienen más posibilidades de consolidarse son las que han ganado espacio a la calzada, lo cual ha reducido el aparcamiento. De hecho, es este cambio el que fuerza la modificación del ordenanza, puesto que actualmente la normativa no prevé que un bar pueda ocupar la calzada. A pesar de que entre los argumentos para modificar la norma se insiste en destinar “cuanto más espacio mejor a los peatones”, en el texto no se dice en ninguna parte que el bar que obtenga licencia para instalar la terraza en la calzada tenga que abandonar la acera. Lo que sí queda claro es qué características estéticas tendrán que cumplir las terrazas en la calzada para superar los actuales bloques de hormigón pintados de amarillo.

La modificación de la ordenanza gusta al Gremio de Restauradores, puesto que las terrazas suponen una parte importante de las ganancias del sector. El director del Gremio, Roger Pallarols, insiste en que “tienen que pasar todavía años para que el sector se recupere económicamente”. Desde su punto de vista, esta ampliación servirá para “recuperar una parte de las terrazas eliminadas antes de la ordenanza de 2018”. En el otra lado de la mesa se sitúa la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), dispuesta a hacerle frente. Su presidenta, Ana Menéndez, considera que la ciudad “ya tiene una saturación del espacio público” y cree que consolidar las terrazas existentes generaría más conflicto. Menéndez denuncia que muchos bares tienen más terrazas de las permitidas y asegura que “cuesta ver a alguien que cumpla la normativa”. 

Para aprobarse, la modificación tendrá que pasar por el pleno y necesitará el apoyo del resto de grupos municipales. El objetivo mayoritario es mantener el consenso conseguido en la foto de 2018, pero no será fácil: “Estamos abiertos a aceptar que las terrazas vayan a la calzada, pero tiene que ser en detrimento de las que hay en la acera”, advierte Jordi Coronas, portavoz de ERC en el Ayuntamiento. El concejal del principal partido de la oposición avisa de que “además ha habido algunos casos en los que los establecimientos han puesto más mesas de las permitidas por el Ayuntamiento y no se han hecho las inspecciones que habría que haber hecho, cosa que ha generado molestias y problemas de accesibilidad que hay que corregir, como por ejemplo en el caso de la calle de Enric Granados”. El portavoz de Junts per Catalunya, Jordi Martí, en cambio, cree que hay que “consolidar y dar garantías jurídicas a los cambios hasta ahora provisionales”, a pesar de que también avisa de que hay que revisar algunos que crean “problemas al vecindario”.

Un conflicto que estalló en el anterior mandato

La guerra de las terrazas hacía años que se arrastraba, pero acabó de estallar durante el primer mandato de Ada Colau (2015-2019), cuando la alcaldesa tuvo que aplicar la norma que previamente habían pactado CiU, PP y el propio Gremio de Restauración. El texto limitaba mucho la presencia de las terrazas en la vía pública y obligaba a sacar unas 2.000 para dejar más espacio a los peatones. Además era de difícil aplicación porque había algunos criterios que se podían interpretar de diferentes maneras. En el siempre complicado debate sobre la privatización del espacio público, los comuns decidieron entonces “flexibilizar” la normativa y permitir que los amos de bares y restaurantes pudieran tener más terrazas de las que autorizaba la anterior ordenanza.

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