Empieza el urbanismo postdana: se terminan las casas en plantas bajas y llegan los aparcamientos en primeras plantas

ValenciaSi la crisis económica de 2009 dejó claro que el modelo económico basado en la construcción tenía los pies de barro, la dana de 2024 ha supuesto un nuevo baño de realidad para la sociedad valenciana, que ha comprobado que necesita repensar su modelo urbanístico, y más ante un clima mediterráneo cada vez más volcánico. Un año después de la catástrofe, las mejoras son todavía mínimas, pero ya hay algunas buenas ideas en marcha. En el caso de las infraestructuras, se apostará por adaptarlas para que dejen de ser una barrera al flujo natural de ríos y barrancos. Por lo que respecta a las ciudades, se modificará la construcción de las viviendas y el diseño de los municipios.

El ámbito urbano es el que parece avanzar más rápidamente, y los consistorios ya han comenzado los trámites para implantar las primeras reformas. En l'Horta Sud, la comarca más afectada por las inundaciones, muchos municipios han anunciado que prohibirán la concesión de licencias para residir en plantas bajas si no disponen de una primera planta comunicada que sirva de zona de evacuación. Otra opción será contar con una zona seca, que se define como un espacio a un mínimo de 2,20 metros de altura y con una superficie de un metro cuadrado por ocupante. En la misma línea, el Ayuntamiento de Valencia prohibirá los aparcamientos en sótanos en la pedanía de la Torre: los vehículos deberán situarse en las dos primeras plantas.

María Jesús Romero Aloy, experta en planificación urbana, aclara que, aunque lo parezca, no estamos ante ninguna revolución. Destaca que los aparcamientos en altura son ya utilizados en algunas regiones europeas y añade que las administraciones deberían potenciarlos en parcelas municipales. La investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) también alerta de que las mejoras de la legislación se aplicarán sólo a las nuevas construcciones; un problema que no es menor en l'Horta Sud, donde la mayoría de las viviendas se construyeron en los años 60 y 70, y sólo una parte se levantaron después del 2003, cuando se aprobó el Plan de Acción Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación (Patricova). "El Patricova no se aplica con efecto retroactivo porque chocaría con el derecho a la propiedad", explica Aloy. Por eso, reclama ayudas públicas para que los ciudadanos adapten sus casas. La docente también subraya que el 70% de los planes urbanísticos de l'Horta Sud no se han redactado teniendo en cuenta la normativa de 2003, dado que son anteriores, y que después no se han revisado. "El Patricova ya exigía el acceso a una planta superior en las plantas bajas. La herramienta puede mejorarse, pero si no se aplica no sirve de nada sirve", recuerda. Cabe destacar, que la Comunidad Valenciana es la autonomía con mayor extensión de zonas inundables del Estado. En la provincia de Valencia, 15 municipios cuentan con la totalidad de sus inmuebles situados en áreas de riesgo de inundación, mientras que Paiporta y Catarroja –ambos municipios con mayor número de víctimas mortales de la dana– concentran 16.775 viviendas expuestas a este riesgo.

Además de las casas, las actuaciones también tendrán que afectar a las infraestructuras. El objetivo es reducir el asfalto y los obstáculos en el flujo natural del agua en un terreno muy densamente poblado y calificado casi todo como zona inundable. Uno de los encargados de diseñar las soluciones es Eduardo Rojas Briales, que dirige la redacción de la Estrategia de Reconstrucción y Resiliencia Potsdana que la Generalitat ha encomendado a la UPV. "Se ha sido muy inconsciente al poner obras y más obras", lamenta el experto en cambio climático. Cita la ubicación de grandes polígonos industriales y de macroinstalaciones deportivas como el circuito de motociclismo de Cheste en un mismo espacio. También denuncia que casi todas las vías de comunicación cortan al perpendicular ríos y barrancos. Para resolverlo, el documento propondrá obras para que las zonas industriales absorban parte de la lluvia. Además, solicitará que, sencillamente, se aplique el Patricova, quien ya reclama que la línea ferroviaria Valencia-Alicante y la autovía V-31 –que son anteriores a la norma y que taponan la circulación de las ramblas hacia su desembocadura en la Albufera– incluyan puntos de evacuación del agua. De hecho, ya ha empezado a retirarse la media de la autovía. El informe apostará por grandes parques inundables y la interconexión de los municipios, impulsando un menor uso del coche y diseñando las vías de forma que transporten el agua a las zonas verdes. En cuanto al barranco de Poio, apunta que habrá que reforestar su cabecera. También aumentar la capacidad de la rambla e instalar pequeños discos en sus primeros kilómetros. Del mismo modo, se reconducirá el barranco de la Saleta, que desaguará en el nuevo cauce del Turia, del que se reformará el tramo bajo para que recupere el 15% de la capacidad que ha perdido por la instalación de nuevos pilares de puentes. En cuanto a plazos, estima cinco años para las obras de la Confederación paralizadas por la crisis económica de 2011. Para las grandes transformaciones, advierte que habrá que esperar entre 10 y 15 años. "En Vitoria tardaron 25 años en hacer el anillo verde", resume.

Una Albufera enferma

Donde esperan también mejoras es en la Albufera de Valencia. El estanque todavía sufre la acumulación de los microplásticos aportados el 29 de octubre. Sin embargo, su principal problema es la llegada de aguas no depuradas de l'Horta Sud, sobre todo, cuando llueve mucho. En el 2015 la inversión en saneamiento del lago se detuvo y todavía no se ha recuperado, denuncia el presidente de su consejo rector, Carles Sanchis Ibor. El plan de cuenca preveía un gasto de 100 millones en el período 2015-2020, ya finales de 2025 sólo se ha invertido el 6%, resume el también investigador de la UPV. "Necesitamos que se reanuden las obras de ampliación del colector. Necesitamos más agua, y que sea más limpia", concluye.