El gobierno español no hará caso de las recomendaciones del CGPJ de permitir el enaltecimiento del franquismo

El gobierno español no hará caso de buena parte del informe que elaboró el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el proyecto de ley de memoria democrática porque considera que el enaltecimiento del franquismo no forma parte de la libertad de expresión. La ley saldrá adelante y la previsión es que entre en el Congreso este julio y se inicie la tramitación en septiembre. El gobierno español seguirá con su proyecto de prohibir la Fundación Francisco Franco por hacer apología del franquismo. La vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, lo confirmó ante las preguntas de la diputada de EH Bildu, Isabel Pozuelo: “Las leyes las elaboran las Cortes Generales y somos los legisladores los que tenemos la primera y última palabra de lo que puede ser obligatorio en nuestro país". Calvo recordó que el informe del CGPJ no es vinculante y que tiene partes que el gobierno español puede compartir pero que hay otras cuestiones que "ni comparte ni compartirá". Y uno de los aspectos que no compartirá es precisamente el del enaltecimiento del totalitarismo: "Decir que el enaltecimiento del totalitarismo, que es el fascismo de la dictadura de Franco, forma parte de la libertad de expresión es vilipendiar a las víctimas". Y añadió: "Este proyecto de ley tiene un compromiso estricto con el derecho humanitario".

El informe del CGPJ cuestiona algunos puntos de la nueva ley de memoria democrática. El documento elaborado por los vocales Roser Bach y Wenceslao Olea no está de acuerdo con el hecho de que se quieran castigar actos y organizaciones que hagan apología del franquismo. El informe subraya que, si no hay una humillación a las víctimas, la exaltación de la dictadura tendría que estar amparada en la libertad de expresión. El CGPJ también rechaza que se tipifique con una infracción muy grave el hecho de que no se tomen medidas para impedir manifestaciones franquistas, argumentando que iría en contra del derecho de reunión.

La nueva ley de memoria democrática española obligará a retirar del espacio público cualquier simbología franquista y no se permitirán actos que exalten la dictadura. Tampoco se dará dinero público ni se permitirá que existan fundaciones públicas que exalten la dictadura. Otra novedad son sanciones de hasta 150.000 euros por delitos como la profanación de fosas o el traslado de víctimas de la dictadura sin el permiso de los familiares.