La juez de Aoiz no admite a trámite la querella por trabajo esclavo durante el franquismo

BarcelonaCon una sola línea, la juez de Aoiz (Navarra), Ana José Añón Montón, ha despachado la querella que habían interpuesto en octubre trece familiares de presos de guerra republicanos y la asociación Memoriaren Bideak: no lo ha admitido a trámite al considerar que los crímenes han prescrito. Todo ello, pese a que la Fiscalía había informado de ello favorablemente. La jueza ni siquiera ha entrado a valorar si los hechos denunciados pueden calificarse o no de crímenes de guerra y contra la humanidad y, por tanto, son imprescriptibles.

Los trece familiares y la asociación Memoriaren Bideak habían denunciado, por primera vez en España, el trabajo esclavo durante el franquismo. Entre 1939 y 1941, más de 2.000 presos republicanos fueron explotados como mano de obra esclava para construir una carretera en pleno Pirineo navarro. Con el pico y la pala, y con temperaturas bajo cero en invierno, durmiendo en tiendas de campaña y edificios abandonados, construyeron 17 kilómetros de vía entre Igal-Vidángoz-Roncal.

Los familiares y la entidad de memoria destacan que, entre otras normas internacionales, el trabajo esclavo es denunciado en los Convenios III y IV de Ginebra, de 1949, sobre Prisioneros de Guerra; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 1976, y el Convenio sobre Trabajo Forzado de la OIT, de 2006. "A todo ello, hay que sumar que la jueza hace caso omiso de la recién aprobada ley de memoria democrática, que establece que todas las leyes del estado español se interpretarán y aplicarán de acuerdo con el derecho internacional, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables", aseguran en una nota de prensa a los querellantes. y los ayuntamientos de Bakio, Berango, Berriz, Gernika-Lumo, Laudio y Zumaia, entre otros. Los querellantes han interpuesto un recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Navarra.

Las víctimas del franquismo siempre han topado contra el muro de la justicia. La nueva ley de memoria española parecía que podía resolver la situación, pero de momento no fue así. En octubre, la juez del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, ​​Carmen García Martínez, decidió no admitir a trámite la querella por torturas en Via Laietana interpuesta por Carlos Vallejo. Todo ello, pese a las peticiones de la Fiscalía. El 21 de septiembre, la Fiscalía de Barcelona, ​​junto a Memoria Democrática del gobierno español y la Fiscalía General del Estado, habían pedido la admisión de la querella. El caso de Vallejo no está aislado. Desde la aprobación de la ley de memoria, se han presentado un centenar de querellas y sólo se ha admitido una, la de Julio Pacheco en Madrid.