La ONU insta a España a actuar contra las "leyes de concordia" del PP y Vox

BarcelonaLa ONU censura duramente las leyes que PP y Vox están impulsando en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León contra la memoria histórica. En respuesta a la denuncia del gobierno español contra estas llamadas "leyes de concordia", que equiparan República y franquismo, tres relatores de Naciones Unidas alertan de que estas normas podrían vulnerar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos e instan a España a actuar.

En un informe con fecha del 30 de abril, los relatores analizan las leyes impulsadas por la derecha y la ultraderecha a nivel autonómico y censuran su carácter negacionista. "La nueva ley invisibiliza las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista, al no hacer referencia explícita al régimen ni condenarle", dicen sobre la norma aragonesa, una conclusión muy similar a la que llegan con las promovidas por la derecha y la extrema derecha en Castilla y León y en la Comunidad Valenciana.

El informe también denuncia que las citadas leyes "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos [...], pueden comportar límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas" y "obstaculizan o suprimen las subvenciones de proyectos de memoria histórica ofrecidas actualmente a entidades de sociedad civil".

Por todo ello, reclama más información a los "poderes y entidades públicas pertinentes" sobre las tres normas y añade: "A la espera de su respuesta quisiéramos instar al gobierno de su excelencia, incluidas las autoridades legislativas pertinentes, que adopte todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto a los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos".

El texto, firmado por Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; Aua Baldé, presidenta-relatora del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzosas o involuntarias, y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, da respuesta al gobierno español, que a principios de abril trajo las "leyes de concordia" en la ONU y las instituciones europeas.

Después de que este viernes trascendiera el informe, fuentes del ejecutivo estatal confirman que se pedirá a los gobiernos autonómicos de la derecha en Aragón, Comunidad Valenciana y en Castilla y León la "revisión urgente" de sus iniciativas legislativas contra la memoria histórica.