Caso Sijena

Reclaman a la Generalitat que cobre todos los gastos de Sijena

La Comisión de la Dignidad acusa al gobierno catalán de "dejadez"

El monasterio de Sijena
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BarcelonaEl Tribunal Supremo ya determinó que la Generalitat no era la propietaria de los bienes originarios del monasterio de Sijena que había comprado en los años ochenta y noventa. Las ventas fueron declaradas nulas porque, según la justicia española, las monjas no estaban autorizadas a realizar este tipo de operaciones. Estas obras, cerca de un centenar, se exponían en el MNAC y en el Museo de Lleida hasta que los tribunales ordenaron su salida. Queda pendiente la reparación económica a la Generalitat, que pagó unos 50 millones de pesetas (300.000 euros) por comprar.

La Comisión de la Dignidad ha presentado un requerimiento deinactividad en la Generalitat por "la actitud de dejadez de sus obligaciones que tiene en los pleitos sobre los bienes de Sijena". Según la entidad memorialista, el gobierno catalán debe reclamar los 300.000 euros por la compra de los objetos que fue anulada y los gastos realizados en su restauración y conservación hasta que fueron devueltos. Lo establece, según la Comisión de la Dignidad, el Código Civil. "Si se devuelven, debe reclamar todos los gastos realizados como dispone el Código Civil. No hacerlo es causar un perjuicio en el patrimonio de la Generalitat y, por tanto, una malversación de caudales públicos", asegura la entidad.

Las pinturas murales de Sijena se salvaron en otoño de 1936 después de un vándalo intento de destrucción por parte de una columna anarquista. Las rescataron técnicos catalanes con la ayuda de gente del pueblo, con el historiador del arte y arquitecto Josep Gudiol al frente. Gudiol trabajaba para el Servicio de Monumentos de la Generalitat y había logrado financiación para la operación directamente del conseller Ventura Gassol. En este caso, existe la reciente sentencia del Supremo, pendiente de ejecutar, que obliga a devolverlas a Aragón. "En este caso, no se trata de compra alguna, sino de un depósito firmado con las religiosas", asegura el presidente de la Comisión de la Dignidad, Josep Cruanyes. "Si el propietario quiere recuperar un bien que había dejado en depósito, debe pagar todos los gastos que ha generado en sus custodios", añade Cruanyes. Así, según Cruanyes, debería pagarse todo lo que invirtió el gobierno catalán en todo el proceso para salvar las pinturas. Desde su arranque hasta su restauración y mantenimiento.

En este sentido, la Comisión de la Dignidad ha criticado también que la Generalitat no defienda de manera más contundente el trabajo realizado. "Esta dejadez y el silencio ante las acusaciones contra Gudiol y el conseller Ventura Gassol, responsable del salvamento, suponen un menosprecio de estas personas y de su acción en favor del salvamento del patrimonio artístico de Aragón. Es un deber de defender la dignidad y el esfuerzo de los que se jugaron la vida para salvar el patrimonio catalán y el aragonés". Fuentes de la Generalitat señalan que éste es un tema que viene de lejos y que actualmente los servicios jurídicos están analizando la viabilidad de la demanda.

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