Los acreedores de Celsa exigen entrar de accionistas para aceptar el rescate del Estado

Situación endemoniada en Celsa, un gigante siderúrgico poco conocido entre el gran público, pero una de las principales corporaciones de Catalunya por volumen de ventas y una de las tres grandes empresas familiares. La compañía hace años que arrastra una deuda que la estrangula, pero ha conseguido ir salvando los obstáculos. Ahora, sin embargo, se encuentra uno que es muy difícil de esquivar: ha pedido 550 millones de euros en el Estado y este ha accedido. Sería el rescate más grande desde que se creó el fondo especial para ayudar a empresas estratégicas perjudicadas por el covid. Pero el Estado ha puesto una condición: antes tiene que conseguir que los acreedores de la compañía renuncien a cobrar una parte importante de la deuda al que tienen derecho. Los acreedores, en cambio, hacen valer sus contratos para reclamar que una parte de la deuda se convierta en acciones de la compañía.

Traducido, esto significa que los acreedores quieren entrar en el accionariado. La deuda está, en su mayoría, en manos de fondos extranjeros que consideran que Celsa está mal gestionada y que, si entran en el capital, podrán poner orden en el grupo hasta sacarlo a bolsa, según explican fuentes próximas a las negociaciones. En cambio, la familia propietaria del grupo, los Rubiralta, no quiere perder el 100% que tiene. De hecho, los fondos tienen suficiente deuda convertible en acciones para quedarse con una mayoría del capital de la compañía, que el año pasado facturó 5.300 millones de euros y obtuvo un ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de 600 millones.

Celsa ha aceptado que el Estado inyecte 550 millones de euros en la compañía a través del fondo de rescate que la Sepi (la sociedad que agrupa las participaciones industriales del Estado) habilitó para salvar empresas afectadas por el covid. Otros grupos catalanes de servicios como Hotusa o Serhs han recibido este rescate, por ejemplo. Pero el Estado nunca les impuso condiciones previas como las que ahora ha exigido a Celsa.

La Sepi exige que, antes de inyectar el dinero, Celsa sanee su balance y reduzca su deuda. Y lo tiene que hacer en un tiempo récord: el plazo para que la Sepi pueda hacer este pago expira el 30 de junio, puesto que Bruselas solo ha permitido este tipo de ayuda de estado durante un periodo determinado. Lo cierto es que el Gobierno español quiere que Bruselas le permita prorrogar en cuatro meses el plazo para entregar estas ayudas, pero de momento el plazo es el 30 de junio.

¿Qué propone Celsa?

Celsa ha propuesto a sus acreedores que acepten un finiquito de 1.100 millones, una cifra que es más de la mitad de la deuda que tienen estos fondos extranjeros, que bordea los 2.200 millones. De este importe, unos 1.500 millones son deuda convertible, es decir, que se pueden convertir en acciones. Celsa argumenta que estos fondos compraron la deuda en los bancos (que eran los acreedores originales) con un descuento y que, por lo tanto, realmente ahora no perderán dinero.

En paralelo, la siderúrgica también tiene una deuda de 525 millones con bancos españoles para financiar el circulante (dinero que se usa, por ejemplo, para pagar a proveedores mientras espera cobrar facturas pendientes). En este caso, Celsa les ha propuesto extender a siete años el vencimiento de este dinero.

Al mismo tiempo, y como muestra de compromiso, la familia Rubiralta se ha comprometido a añadir 50 millones de su bolsillo para complementar el crédito de la Sepi.

Los fondos, sin embargo, se quejan de que ellos tienen que asumir un finiquito considerable mientras los Rubiralta retienen el 100% de la compañía inyectando tan solo 50 millones. "La familia no se tiene que beneficiar a expensas de los prestatarios y de los fondos públicos", apuntan fuentes próximas a los acreedores. Aun así, aseguran que están "evaluando la propuesta" que la familia les ha hecho llegar y que "confían que la compañía pueda ser rescatada".

Por otro lado, explican que si la Sepi ha impuesto estas condiciones precisamente es porque el Estado considera que Celsa es una empresa estratégica y no quiere que la compañía dependa de "fondos oportunistas". Los acreedores que tienen la deuda de Celsa son Goldman Sachs, CVC, JP Morgan, Deutsche Bank, Sculptor, SVP, Goldren Tree, Cross Ocean y Attestor.

Para añadir más complicaciones, la operación requerirá también la luz verde de la Comisión Europea, precisamente debido al volumen de la ayuda que recibiría la compañía. Fuentes del grupo, sin embargo, dan por hecho que esto sería un trámite que no atrasaría el proceso de aceptación.