¿Adiós a la economía sumergida?

MADRIDEspaña recaudó 223.385 millones de euros en 2021. No solo es un 15% más que en 2020, sino también una cifra histórica que ha llevado a diferentes voces del ámbito económico a preguntarse qué motivos puede haber detrás de unos ingresos tan elevados cuando no ha habido grandes cambios fiscales. Diferentes expertos consultados por el ARA coinciden en el hecho de que hay múltiples elementos que lo explican y anticipan que, teniendo en cuenta que 2020 fue un año “peculiar”, todavía es pronto para extraer conclusiones sólidas. Pero de entre los motivos planteados destaca una hipótesis: ¿está desapareciendo la economía sumergida?

Durante la presentación del nuevo cuadro macroeconómico de este 2022 fue la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien lo dijo en público: “No quiero excluir la posibilidad de que se esté observando un afloramiento de la economía sumergida, una de las debilidades históricas del sistema fiscal español”. Oficialmente, en España la economía sumergida no se calcula, pero algunos centros de estudio han intentado hacerlo: el Instituto de Estudios Económicos (IEE) la sitúa en un 23,1% del PIB, por encima de la media de la UE (un 13% según el Fondo Monetario Internacional).

Hay una correlación entre el sistema fiscal y el nivel de economía sumergida de un país: cuanto más baja es la segunda, menos dinero se deja escapar y, por lo tanto, más fuerte se hace el sistema tributario, señala el director del IEE, Gregorio Izquierdo. Todos los tributos crecieron porque la comparativa se hace con 2020, cuando la economía invernó por el covid. En cuanto al IVA, estrechamente vinculado al consumo, se recaudaron 72.498 millones de euros en 2021 (un 14,5% más), cifra propiciada por la flexibilización de las restricciones y el ahorro acumulado. Los que han tomado especial relevancia son el impuesto sobre las personas físicas (IRPF) y el impuesto sobre sociedades. El primero creció hasta los 94.546 millones de euros (un 7,5% más respecto a 2020) gracias al dinamismo laboral, mientras que el segundo se situó en 26.627 millones (un 67,9% más). 

¿Cuándo entra en juego el dinero negro? “La economía sumergida suele ser mayor en sectores donde hay un contacto físico entre consumidor y empresario, y donde los consumidores, además, son familias”, apunta Izquierdo. Las diferentes olas del covid-19 de 2021 propiciaron que este tipo de actividades no se recuperaran. “Sin duda, es un factor que ha podido influir”, añade.

Menos turismo y más declarantes 

Fuentes conocedoras del sistema tributario español apuntan también al sector turístico: “Es muy propenso a esta economía”. Esta actividad apenas empieza ahora a salir del pozo. Otra causa: según el informe tributario de 2021 de la Agencia Tributaria, la masa salarial cerró el año pasado un 2% por encima de 2019: hubo más declarantes.

Otro elemento que ha tenido un papel importante es el creciente uso de la tarjeta de crédito. “El dinero en efectivo propicia más economía sumergida”, apunta Izquierdo. “Si dices que no has recaudado IVA, la administración lo tiene mucho más fácil para verificarlo a través de los extractos bancarios”, añade el profesor de economía aplicada de la UB Alejandro Esteller. Y si una cosa trastocó la pandemia fue precisamente el uso del efectivo: según el Banco de España, en noviembre de 2020 el uso de la tarjeta acaparaba el 54% de los pagos y el efectivo era un 35%, revirtiendo una tendencia histórica.

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) se mantiene prudente: “La impresión es que [la economía sumergida] se mantiene en los mismos términos”, apunta el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, en una conversación con el ARA. Sin embargo, Mollinedo apunta a que la ley antifraude que entró en vigor el verano pasado podría haber sido un aliciente para reducir la práctica. La ley incluye una limitación de los pagos en efectivo y se pasa de los 2.500 a los 1.000 euros cuando interviene un empresario o profesional. También limita el pago en efectivo de los 15.000 a los 10.000 euros en el caso de los particulares con domicilio fiscal fuera de España.  

¿Un cambio cultural?

Además, la pandemia hizo visible lo que normalmente pasa desapercibido. Cuando el Gobierno empezó a desplegar las ayudas, se quedaron fuera familias que obtenían sus ingresos –o una parte– en negro: no podían justificar la caída de la renta, como fue el caso de muchas trabajadoras del hogar.

“El confinamiento no solo impidió la realización de actividades de la economía informal, sino que alteró la percepción de los ciudadanos sobre las desventajas de esta; al no poder justificar la actividad que hacían, no tenían derecho a solicitar ayudas”, apunta el doctor en economía aplicada de la UCM Miguel Gómez de Antonio.

“La condicionalidad de ciertas ayudas hace que tengas incentivos para no cobrar en negro”, añade Esteller. Ahora bien, en algunos casos la responsabilidad de esto no solo recae en el trabajador, sino también en quien lo contrata, recuerdan los expertos. Aun así, Esteller abre otro debate: “Si la gente está dispuesta a pagar, el sector público se tendrá que responsabilizar a la hora de hacer las cosas bien”. De hecho, según un último estudio elaborado por el Instituto Catalán Internacional por la Paz con Esade, el 41% de la población prefiere mejorar los servicios públicos antes que pagar menos impuestos. 

Sea como sea, todos los expertos entrevistados coinciden en el hecho de que España todavía tiene mucho trabajo que hacer si realmente quiere equipararse a los países del entorno en cuanto al nivel de economía sumergida. Desde el Instituto de Estudios Económicos apuestan por los incentivos fiscales y apuntan a que, cuanto más bajos son los tributos, más cae la economía sumergida. Para Esteller, calcular cuánto dinero se deja de recaudar por la economía sumergida sería “imprescindible”. Es lo que se denomina elaborar el tax gap, que en Catalunya sí que se calcula y que en 2018 fue del 14,5%.