La banca pública de la Generalitat, el ICF, aumenta plantilla para atender también a particulares

BarcelonaEl Institut Català de Finances (ICF), banca pública de la Generalitat, aumentará su plantilla en 29 personas para hacer frente a su plan de destinar 600 millones anuales a financiar viviendas sociales. La novedad es que la entidad podrá por primera vez atender a particulares. En concreto, a jóvenes de hasta treinta y cinco años que pidan el 20% de la entrada de su primera vivienda, en el marco del llamado fondo de emancipación, dotado con 100 millones anuales. En la actualidad, el ICF cuenta con 108 profesionales.

El artículo 8 del decreto de 2022 de regulación de esta institución preveía que sólo podía financiar empresas y entidades y personas físicas en el ejercicio de su actividad profesional o empresarial. Ahora se amplía su radio de actuación y permite otorgar financiación tanto a personas físicas como jurídicas, poniendo el foco en las políticas vinculadas a la vivienda protegida. El Govern tiene previsto autorizar este martes el aumento de plantilla, con cargo a los mismos recursos del ICF, según ha podido saber el ARA.

La cantidad se quintuplica

La idea es hacerse cargo del incremento de los fondos destinados a las políticas de vivienda, que se quintuplican, según acordó la junta de gobierno del ICF. Y el objetivo es poder prestar el servicio tanto a promotores públicos y privados que quieran construir viviendas protegidas como jóvenes que necesiten la quinta parte de la entrada para comprar su primera vivienda. De los 600 millones anuales acordados, un total de 500 millones al año serán financiados por promotores. Los otros 100 millones serán para el fondo de emancipación para que los jóvenes puedan afrontar la entrada de la compra de su primera vivienda del mercado libre, pero con precio limitado (nueva figura que significa que sólo podrá venderse al precio que se ha comprado más el incremento del precio de la vida). Las 12.000 unidades familiares que el Gobierno calcula que se podrán beneficiar de ello no tendrán que devolver el dinero para la entrada hasta 30 años después, una vez se haya satisfecho el préstamo por la compra de la vivienda, para que no se acumulen deudas.

Este nuevo paso dentro de la estrategia del ICF se produce después de que la entidad desistiera en el 2023 de volver a pedir ficha bancaria para operar como cualquier entidad financiera de cara al público, tales como a través de la gestión de depósitos de los clientes. En el ejercicio anterior, el ICF había intentado conseguir esta autorización mediante una petición al Banco Central Europeo (BCE). El Banco de España se opuso alegando motivos técnicos y la falta de un informe favorable de la Comisión Europea sobre las posibles ayudas de estado que podría haber.

El ICF financió el año pasado 1.694 empresas y entidades. La industria fue el sector más financiado con 205 millones de euros. Al mismo tiempo, la entidad multiplicó por cuatro la financiación de vivienda social, que alcanzó los 201 millones, e hizo posible la construcción de 1.956 pisos de protección oficial. Este año la cantidad para políticas de vivienda asciende a 600 millones. En total, el ICF movilizó el pasado ejercicio 847,4 millones a través de su actividad, que incluye desde préstamos hasta avales y capital riesgo, lo que supuso un incremento del 32% respecto a 2023.