Los campesinos levantan los cortes de carreteras después de reunirse con Isla

BarcelonaRevolta Pagesa, la organización agraria que lidera las protestas de los agricultores en carreteras por toda Cataluña, ha levantado los cortes de vías este mismo lunes después de reunirse con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El presidente ha asegurado a los representantes de los campesinos que tanto él como todo el Govern asumen los compromisos del conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, con el sector para minimizar el impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

"Quiero dejarlo claro: el conseller Ordeig habla en nombre del Govern. Y los compromisos de Ordeig son los del Govern y, en particular, los del president", ha subrayado Illa. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha defendido en las últimas horas hacer un "frente común" entre las organizaciones agrarias y la Generalitat para crear grupos de trabajo y defender diversas posiciones en relación al tratado, como cláusulas espejo, control de fronteras y también un fondo de compensación para agricultores afectados por el acuerdo comercial, entre otros. Ordeig también ha prometido defender los intereses de los agricultores frente a la UE para disminuir los recortes previstos en la política agraria común (PAC). Como gesto de buena voluntad, este mismo lunes por la mañana los manifestantes han levantado el bloqueo en los accesos del puerto de Tarragona.

De hecho, que Isla se hiciera suyas las promesas de Ordeig era una de las peticiones de Revolta Pagesa. El presidente ha aprovechado su intervención durante la sesión de constitución del consorcio del Campus de Salud Clínic-UB para reiterar que la defensa del sector agrario es "uno de los ejes prioritarios del Govern".

La posición de la Generalitat contrasta con la del gobierno español, que este lunes ha vuelto a defender las bondades del tratado comercial, alegando que garantizará una mayor "cooperación, confianza y prosperidad conjunta" en un momento en el que otras potencias optan por "levantar muros", informa Núria Rius Montaner desde Madrid. Además, aseguró que generará un ahorro en aranceles de más de 4.000 millones de euros para las empresas españolas. En este sentido, resaltó su apuesta por un modelo geopolítico basado en un orden internacional previsible y fundamentado en "normas y reglas".

Los campesinos, satisfechos con el Gobierno

Las declaraciones de Illa se han producido poco después de que se reuniera en el mismo Palau de la Generalitat con representantes de Revolta Pagesa este lunes por la tarde. Por su parte, los campesinos salieron "contentos" de la reunión, donde también estuvo presente Ordeig: "Salimos satisfechos, porque Illa ha hecho suyos los compromisos de Ordeig con el sector", afirmó el representante de Revolta Pagesa, Jordi Aguilera, en declaraciones recogidas por el ACN.

"A partir de ahora empezaremos las mesas de trabajo y el seguimiento directo por la dotación de recursos en el sector y la minimización del impacto del acuerdo UE-Mercosur", ha añadido Aguilera. Minutos después de las declaraciones de Isla, los agricultores que bloqueaban la AP-7 en el Alt Empordà aprobaron levantar los cortes, y poco después lo hicieron también los que cortan la C-16 en el Berguedà. "Si no hay ningún percance de última hora, se levantarán los cortes", apuntó el miembro de Revolta Pagesa.

Catalunya ha sido el punto caliente en España de las protestas contra el acuerdo de la UE con el Mercosur (el bloque comercial formado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), un tratado que ha recibido el visto bueno de los estados de la UE pero que aún debe ser ratificado en el Parlamento Europeo. Además, también ha habido protestas en Galicia, Cantabria, Asturias y País Vasco, aparte de otros países de la UE, como Francia, Bélgica, Hungría y Polonia, entre otros.

La principal crítica de los agricultores al tratado es que supondrá la entrada sin aranceles de productos agrícolas de América del Sur, donde la regulación alimentaria es mucho más laxa. De esta forma, los productores de la UE se quejan de que tendrán que competir en los mercados de sus propios países contra unos productos alimenticios hechos en el extranjero que no siguen las duras normas que marca la legislación europea a la hora de producir alimentos.