Cuando el banco entra en quiebra: ¿un mal banquero puede acabar en prisión?

Barcelona“No es lo que no sabes lo que te pone en problemas, sino lo que crees con certeza y no es cierto”. Con esta cita de Mark Twain arranca la adaptación cinematográfica de La gran apuesta, un libro de Michael Lewis que narra el crac del 2008 a través de cuatro personas que se dieron cuenta del riesgo de colapso de la burbuja inmobiliaria.

Si bien ningún pez gordo de Wall Street ha acabado condenado por delitos relacionados con la crisis financiera del 2008, quince años después y en pleno seísmo bancario comprendido entre la quiebra del Silicon Valley Bank y la intervención de Credit Suisse, el debate aflora de nuevo: ¿una mala gestión del riesgo tiene que acabar con consecuencias penales? ¿Puede ir a la prisión alguien aunque sea por incompetencia?

"Lo que puede provocar algún tipo de responsabilidad penal a un directivo es que se acabe acreditando que ha existido algún delito en la gestión del patrimonio de la entidad", explica al ARA la abogada penalista del despacho Molins & Parés, Marta Masip. Lo más habitual son los casos de administración desleal, que prevén penas de seis meses a tres años de prisión, y a veces delitos como el de falsedad documental. En este caso, las penas de prisión son de entre tres y seis años. "En nuestro ordenamiento jurídico no hay un delito que castigue la incompetencia", añade Masip.

Sobre el ordenamiento penal en el resto de Europa, el abogado penalista del bufete Castellarnau Pol Olivet explica que las responsabilidades penales son iguales o similares, y lo mismo pasa en Sudamérica. "En todas partes es necesario que haya una gestión fraudulenta de estas sociedades, no solo negligente. En todos los casos que ha habido en Europa, el denominador común es este. Otra cosa es qué se entiende por fraudulento", añade.

Bankia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia

El caso más sonado en España es el proceso judicial derivado de la ruinosa salida a bolsa de Bankia en 2011, que sentó en el banquillo de los acusados a 34 personas, entre las cuales su expresidente Rodrigo Rato, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable. La Audiencia Nacional los absolvió con el visto bueno posterior del Tribunal Supremo: la salida al parquet fue "intensamente supervisada". Rato sí entró en la prisión por el caso de las tarjetas black, pero por apropiación indebida, puesto que fue absuelto del delito de administración desleal.

Una historia similar se vivió en CatalunyaCaixa: la Audiencia de Barcelona absolvió a los 41 encausados por los aumentos de sueldo en la cúpula de la entidad bancaria durante la crisis. Entre ellos estaba el ex director general de la entidad, Adolf Todó, y el expresidente Narcís Serra, que estaban acusados de los delitos de administración desleal y apropiación indebida por estos aumentos. Los directivos esgrimieron lo mismo que Rato: que todo había sido supervisado, también por el propio Banco de España. El rescate de esta entidad costó 12.500 millones de euros, por los 22.500 de Bankia.

"En este caso, una de las cuestiones que se atribuyó a la cúpula fue el delito de administración desleal para subir los salarios de directivos. La defensa argumentó que el aumento era de acuerdo con los sueldos de mercado, así como que no había relación con la quiebra", dice Olivet.

Un caso que sí que acabó en condena es el de la cúpula del Banco de Valencia. El año 2021 el Tribunal Supremo ratificó una sentencia de la Audiencia Nacional para su ex consejero delegado Domingo Parra, entre otros, por un delito continuado de administración desleal. "Si te fijas, los casos del Banco de Valencia y CatalunyaCaixa salen a la luz cuando interviene CaixaBank o el Frob, porque es cuando, a la hora de intervenir, cogen toda la documentación y buscan responsabilidades", explica Olivet, que también es profesor de derecho en la Universitat de Barcelona (UB). En el Banco de Valencia es diferente porque se acusaba a su cúpula por administración desleal y apropiación indebida. "Se dieron créditos sin la supervisión de riesgos a empresas afines a los propios directivos, y estos créditos no se devolvieron. Hay pérdidas y quien gana es la sociedad que lo ha recibido, por lo tanto, gana el directivo que lo ha autorizado: haciendo una mala gestión se ha enriquecido. No es un error humano, sino beneficiarse a través de estas inversiones", detalla.

Para Olivet, aquí está la clave: se producen malas administraciones del patrimonio, como el caso de las hipotecas subprime en Lehman Brothers, el banco entra en quiebra y entonces es cuando se levantan alfombras y ven que, por ejemplo, también hubo aumentos de sueldos de directivos, y aquí es cuando llega una querella y empieza un procedimiento, que puede acabar o no con condenas: "Es el denominador común de Bankia, las tarjetas black, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia. Todos han pasado cuando han tenido que ser intervenidas".

¿Una cuestión de voluntad política?

Según el profesor de derecho en la UB, esto explica que ninguno de los banqueros de primera línea de Wall Street haya acabado en la prisión, a pesar de que hay una excepción: Islandia ha condenado a decenas de banqueros, por cuestiones de administración desleal, por haber arruinado el patrimonio de terceros después de no hacer caso de los indicadores de riesgo.

"Es una cuestión de cómo los quiero llegar a perseguir", añade Olivet, y lo atribuye a la voluntad política. Ahora, sin embargo, el país que originó hace 15 años ese colapso bancario mundial pide castigos más estrictos: "Cuando los bancos entran en quiebra por una mala gestión y la asunción excesiva de riesgos, tendría que ser más fácil para los reguladores recuperar la paga de los ejecutivos, imponer sanciones civiles y prohibir que vuelvan a trabajar en la industria bancaria", decía esta semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.