Bares y restaurantes afectados por las restricciones reclaman al gobierno una indemnización de 65 millones de euros
La plataforma Hostelería de Todos asegura que denunciarán el cierre de los negocios ante el Tribunal Supremo
MadridBares y restaurantes de todo el Estado afectados por las restricciones de la pandemia se han unido en la plataforma Hostelería de Todos para reclamar unas indemnizaciones que suman 65 millones de euros por las pérdidas económicas que han sufrido. La plataforma, que agrupa por ahora a un millar de hosteleros, ha presentado este jueves las primeras reclamaciones al gobierno español por los daños y perjuicios "ante la falta de ayudas directas a la hostelería". Aseguran que es el primer paso antes de llevar el caso al Tribunal Supremo.
"Iniciamos el camino hacia el Supremo: de momento hemos presentado 100 reclamaciones y seguiremos presentando más en los próximos días y semanas en bloques de 100 o 200", ha explicado en una rueda de prensa Diego Solana, socio del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, contratado por la plataforma para llevar el proceso. Según el abogado, no se cuestionan las medidas restrictivas aprobadas para frenar la expansión del coronavirus sino los daños económicos que han provocado a los negocios la obligatoriedad de cerrarlos o de limitar los aforos.
Entre los hosteleros que se han sumado a la plataforma hay tanto grandes cadenas de restaurantes y cafeterías como pequeños negocios de restauración. Algunos siguen abiertos pero otros han tenido que cerrar. La indemnización de 65 millones que reclaman corresponde a la diferencia entre lo que facturaron en 2020 y la media de los ingresos de los tres años anteriores a la pandemia. Lo que han presentado ahora son demandas individuales, pero los abogados consideran que cuando lleguen al Supremo se podrían acumular en un único procedimiento que dé lugar a una única sentencia.
Acuerdo que evite la sentencia
La plataforma, muy crítica con la falta de ayudas directas al sector, confía en llegar a un acuerdo económico con el ejecutivo de Pedro Sánchez y los diferentes gobiernos autonómicos que evite llevar el caso a la justicia. "Manifestamos nuestra total disponibilidad para llegar a un acuerdo con las administraciones públicas que evite una sentencia del Tribunal Supremo", afirman desde Cremades & Calvo-Sotelo. "En vez de esperar la sentencia del Supremo, el gobierno podría conceder ayudas públicas como están haciendo otros países de la Unión Europea para que los hosteleros puedan sobrevivir a esta crisis y ser un motor de la recuperación económica", ha destacado Diego Solana.
El bufete de abogados subraya que el artículo 3.2 de la ley orgánica del estado de alarma reconoce un derecho de indemnización "a los que sufran, de manera directa o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables". Este es "claramente" su caso, apuntan desde la plataforma. Además, Hostelería de Todos cree que la sentencia del Tribunal Supremo del País Vasco que suspendía el cierre de bares y restaurantes contribuirá positivamente a ganar sus demandas.