Movilidad
Economía 09/12/2021

Bruselas da luz verde a 3.000 M€ del PERTE del coche eléctrico español

El gobierno español podrá abrir ahora los concursos para que las empresas interesadas accedan a las subvenciones

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Un vehículo eléctrico / Arxiu Ana

Bruselas / MadridCerca del final del año, la Comisión Europea ha dado luz verde a un paquete de ayudas de hasta 3.000 millones de euros del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) que España ha diseñado para impulsar la fabricación y uso del coche eléctrico en España y que se enmarca dentro del plan de recuperación y resiliencia con el que el Estado tiene que relanzar y transformar la economía española después de la pandemia del coronavirus. Hacía semanas que Madrid y Bruselas negociaban, teniendo en cuenta que el ejecutivo de Pedro Sánchez había prometido que los primeros proyectos podrían arrancar antes de acabar el año.

"Estos 3.000 millones de euros ayudarán a habilitar una cadena de valor innovadora y sostenible para el vehículo eléctrico en España, en línea con los objetivos de Green Deal europeo. Tendrán un papel importante en la transición verde y digital en España", dice a través de un comunicado la vicepresidenta de la Comisión encargada de Competencia, Margrethe Vestager.

Esta inyección pública es una pequeña parte de los 24.000 millones de euros que el gobierno español prevé movilizar también con el sector privado a través de este proyecto. En total, están previstos 4.295 millones de inversión pública, que tendrán que recibir también el visto bueno de la Comisión Europea más adelante. Según el comunicado de la Comisión Europea, esta es la cantidad "mínima necesaria" para estimular que el sector privado invierta en investigación y desarrollo sostenible a la hora de producir vehículos eléctricos y generar una cadena de valor sostenible en el sector.

Las autoridades tienen que garantizar que haya un reparto justo y apropiado del dinero entre grandes, pequeñas y medianas empresas, que tendrán que demostrar que el dinero que les corresponde también es "el mínimo necesario". Bruselas insiste en que hay que garantizar que no se produce ninguna "distorsión" en la competencia a la hora de atribuir estos proyectos y, por eso, España llevará a cabo una evaluación posterior para valorar los efectos de este esquema de ayudas.

Hay que recordar que este tipo de iniciativas son posibles porque con el estallido de la pandemia Bruselas flexibilizó las normas de ayudas de estado y ha dado barra libre a los gobiernos para conceder ayudas públicas. Aún así, los funcionarios de la Comisión Europea miran con lupa cada inyección pública de cada gobierno europeo, por pequeña que sea, para tratar de evitar vulneraciones de la libre competencia en el mercado europeo.

Inicio de los concursos públicos

Después del visto bueno de Bruselas a la orden de las bases, el gobierno español podrá abrir, por fin, los concursos públicos para que las empresas interesadas del sector accedan a las subvenciones. Fuentes del ministerio de Industria confían "plenamente" en abrir estas convocatorias antes de que acabe el año y poder resolverlas, es decir, adjudicarlas para que las empresas reciban el dinero, durante el primer trimestre de 2022. De hecho, este es el compromiso que recogió el ejecutivo central en verano. Aun así, el proceso no ha estado exento de críticas por parte del sector, que en más de una ocasión se ha quejado del retraso.

Habrá convocatorias diferentes y afectarán a toda la cadena de valor del coche eléctrico. "Desde la creación de microchips hasta la fabricación de los vehículos completos o la instalación de los puntos de carga", apuntan desde el ministerio de Industria. Uno de los proyectos concretos que optará a estas ayudas es la fábrica de baterías eléctricas.

De esta línea de 3.000 millones de euros que ahora ha aprobado Bruselas, 1.500 millones se concederán en forma de subvenciones directas y otros 1.500 a través de préstamos, según informó el secretario de estado de Infraestructuras a principios de octubre. Este fue el primer PERTE que el gobierno español aprobó en consejo de ministros a principios de julio. El ejecutivo prevé a través de este proyecto la creación de 142.000 puestos de trabajo hasta el 2023 y aumentar el peso de la automoción entre un 1% y un 1,7% del PIB español.

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